Los exconsejeros de Bankia pidieron al dimitir que se les exonerara de responsabilidad

El Consejo de Administración de Bankia en el que se formalizó la sustitución de los consejeros de Rodrigo Rato por los del nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri, se desarrolló con enorme tensión tras conocerse que las cuentas de 2011 que arrojaban unos beneficios de 300 millones de euros se habían reformulado y reconocían pérdidas de casi 3.000 millones. Los consejeros salientes acusaron a la auditora Deloitte de no haberlos informado de la situación de la entidad, y reclamaron que en el acta de la reunión constase que no tenían ninguna responsabilidad en lo ocurrido para no poner en duda su reputación.

Estos hechos aparecen recogidos en el acta número 23 del consejo de administración celebrado el pasado 25 de mayo que ha sido remitido al juez Fernando Andreu, instructor del “caso Bankia”. Tras un tenso debate, los nueve consejeros salientes pidieron que en el mismo figurase lo siguiente: “De conformidad con lo que se nos ha solicitado, presentamos nuestra dimisión como consejeros de Bankia. En ningún caso nuestra dimisión implica reconocimiento por nuestra parte de responsabilidad alguna, bien por la adopción de algún acuerdo que pudiera considerarse contrario al interés social, bien por omisión de la diligencia debida en el desempeño de nuestro cargo”. Antonio Tirado Jiménez, uno de los consejeros salientes, pidió que constara también por escrito el compromiso del nuevo consejo de suscribir una póliza de seguro “para asegurar la responsabilidad civil de consejeros y exconsejeros”.

El exministro Virgilio Zapatero fue uno de los primeros en acusar a la auditora Deloitte de haber formulado unas cuentas con beneficios reformuladas días después en pérdidas. “Ha sido el auditor externo, tanto de Caja Madrid como de las cajas integrantes del SIP, de BFA, de Bankia y de su salida a Bolsa, y nunca ha puesto ninguna salvedad o limitación. Ahora, sorpresivamente, cambia sus estimaciones y nos habla de problemas en las cuentas formuladas en 2011. Si hace años hubiera planteado una actuación tan exigente como la de ahora, con toda seguridad la entidad no se encontraría en esta situación”.

Tampoco se mordió la lengua el también consejero saliente José Manuel Serra Peris que dijo que si había firmado las cuentas de 2011 presentadas en marzo fue porque el propio Comité de Auditoría y Cumplimiento de Bankia les trasladó previamente que Deloitte “no contemplaba la existencia de ningún problema (…) Esa es la cuestión de fondo importante, y no cómo se redacte, so pena de que tengamos que pasar a grabar las sesiones del Consejo de Administración para poder efectuar una transcripción literal de todos los intervinientes”.

Francisco Celma, auditor de Deloitte, convertido en el centro de las críticas de los consejeros, negó que hubiese entregado un borrador de informe reconociendo unos beneficios de 300 millones, como le reprochaban, y que las únicas cuentas informadas eran las que se sometían en esa sesión al Consejo de Administración. Su intervención queda recogida así en el acta: “El señor Celma manifiesta no haber emitido en ningún momento un borrador del informe de auditoría sobre las cuentas anuales de 2011 previo al presentado hoy”.

Alberto Ibáñez, presidente del citado Comité de Auditoría de Bankia y otro de los consejeros salientes, desmintió al auditor y dijo que sí había remitido al Comité de Auditoría y Cumplimiento la documentación referida, además de haberle asegurado que no existía salvedad o limitación alguna, lo que trasladó al resto del consejo el 28 de marzo para que las cuentas fueran aprobadas. “Si bien en la documentación remitida al Comité de Auditoría hacía referencia a cuestiones pendientes, el auditor no hizo ningún énfasis en los mismos”. Celma, a su vez,  manifestó que no toda la documentación requerida a la entidad les fue facilitada, lo que imposibilitó la entrega en plazo del borrador de informe de auditoría.

Las nuevas cuentas

El problema no solo era que hubiesen aprobado las cuentas de 2011 sin conocer el borrador de informe de auditoría, sino que en la sesión que se celebraba en ese momento el consejo tenía que aprobar la reformulación de las mismas, cuyo informe les acababa de ser facilitado, reconociendo ya unas pérdidas de tres mil millones, como paso previo a su dimisión y posterior nombramiento del nuevo consejo. El consejero José Manuel Serra requirió a Francisco Celma para que asegurara y quedara constancia en el acta, que la reformulación de las cuentas que iban a aprobar era consecuencia de hechos posteriores al cierre el 31 de diciembre de 2011. Hechos imprevistos como la evolución del mercado, las recomendaciones y decisiones de organismos y supervisores, el deterioro de la situación económica y los cambios regulatorios.

Arturo Fernández, Alvaro Ulloa y Claudio Aguirre, tres de los dimisionarios, se sumaron a las críticas de sus compañeros hacia Deloitte. Éste último criticó también el procedimiento seguido para el cambio de consejeros, porque cuestionaba “la reputación de los mismos (los salientes)”. Aguirre añadió a modo de reflexión que los 19.000 millones de euros que necesitaba Bankia eran muy elevadas y “será difícil para el Gobierno de España poder hacer frente a esta ampliación, lo que puede aumentar considerablemente el riesgo de intervención”. El consejero aludió también a las enormes pérdidas que iban a sufrir los accionistas minoritarios, y anticipó posibles demandas contra la entidad.

Goirigolzarri aclaró que el montante de capital que iba a ser inyectado en Bankia se había examinado “conjuntamente con el Banco de España y el Ministerio de Economía y Competitividad, interviniendo Goldman & Sachs como asesores externos del ministerio”. Respecto a que la formulación de las cuentas de 2011 se hubiese realizado sin disponer del borrador de informe de auditoría, dijo que era “una circunstancia atípica, sin perjuicio de presumir que los miembros del Consejo han actuado con la mejor intención”.

Antes de abandonar la sesión, los consejeros salientes acordaron por unanimidad renunciar a las retribuciones variables en metálico y a las remuneraciones en acciones, y solicitaron que se informara de ello a los medios de comunicación para que fuera conocida por la opinión pública. Goirigolzarri accedió y les agradeció la colaboración recibida de todos ellos, y su “profesionalidad y ayuda”. En el discurso que pronunció ante la Junta General de Accionistas del 29 de junio de 2012, un mes después del conflictivo consejo de administración relatado hasta aquí, Goirigolzarri dijo a los accionistas que le preguntaron por las eventuales responsabilidades de los anteriores gestores, que no dudaría en actuar contra ellos, aunque en ese momento no existían pruebas para imputarles ningún delito. “En aquellos casos en los que Bankia sea o pueda ser parte de la acción judicial, ejercitaremos la legítima defensa de nuestros derechos, siempre lógicamente dentro de la más estricta aplicación de la legalidad (…)  El ejercicio de una posición procesal activa por parte de Bankia requerirá lógicamente que resulte acreditado algún tipo de infracción que afecte a Bankia, y tengo que decir con claridad, que con la información de que disponemos en este momento, este no es el caso. Y tengo que decir con claridad, que si en un futuro apareciese esa información en ese sentido, lógicamente lo pondríamos en conocimiento de las autoridades o reguladores que correspondieran”. Nada de eso ha ocurrido.