Interligare tiene que devolver 750.000 euros por incumplir un contrato de inteligencia

La empresa de inteligencia Interligare, que está siendo investigada por su presunta relación con una trama de corrupción con conexiones en el Ministerio del Interior para conseguir contratos de este departamento, tendrá que devolver los 644.966 euros que cobró por un proyecto de seguridad (Analyst Toolbox Software), más 84.992 euros de intereses de demora, por incumplir el citado contrato. El requerimiento no se ha podido hacer llegar a la empresa porque su sede social en Aranjuez ya no existe. Así figura en un anuncio oficial publicado ayer en el BOE por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La empresa fue declarada insolvente meses atrás. 

El “caso Interligare” arranca el 3 de noviembre  de 2011, cuando el responsable de un grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF), que posteriormente fue destituido, presentara una diligencia-informe en el juzgado antes citado, en el que denunciaban la existencia de la citada red corrupta. Según la denuncia, Interligare habría conseguido contratos del Ministerio del Interior gracias a la connivencia entre los comisarios Gabriel Fuentes, ex comisario general de Información, y Miguel Ángel Fernández Rancaño, ex jefe superior de Policía de Barcelona y Madrid, que trabajaban para dicha empresa, con el comisario Luis Luengo, director de Infraestructura de Interior, cuyos hijos trabajaban en la compañía.

Los dos primeros –siempre según la denuncia- habrían falseado documentos oficiales de Hacienda y de la Seguridad Social para ocultar las deudas que Interligare tenía con ambos organismos y poder así contratar con la Administración, además de aprovecharse de sus contactos en el departamento para recibir un trato de favor. Los tres acusados negaron el pasado mes de agosto a este diario las acusaciones de que eran objeto. Fuentes y Rancaño fueron nombrados vicepresidente y consejero, respectivamente, en enero de 2009. El primero de ellos dijo que para entonces Interligare ya trabajaba con Interior.

El “caso Interligare” lleva dos meses declarado secreto por la magistrada Cristina García González, titular del juzgado central de Instrucción número 3 de Aranjuez, que aún no ha citado a declarar a ninguno de los acusados, según confirmó ayer a este diario uno de ellos. La magistrada se inhibió inicialmente a favor de los juzgados de la Plaza de Castilla, concretamente el 17 de noviembre de 2011, dos semanas después de recibir la denuncia policial. Estos, a su vez, le devolvieron el caso el 2 de diciembre al entender que era la competente para investigar el caso al estar la sede de Interligare en Aranjuez. La jueza recurrió la decisión a la Audiencia Provincial de Madrid, que tardó ocho meses en rechazar el recurso. Cristina García decretó en ese momento el secreto del sumario.

Interligare fue fundada en 2004 por Jacqueline Tibisay Moro con un capital social de 4.000 euros. Tibisay fue candidata del PP en Aranjuez en las municipales de 2007 y en 2009. Ese año cesó en el cargo y la compañía pasó a ser dirigida por José Luis Martín Juárez, momento en el que se produjo la entrada en la misma de Fuentes y Rancaño. El caso frustró el nombramiento de Fuentes como asesor de Ignacio Ulloa, secretario de Estado de Interior, para el que ya trabajaba entonces de forma no oficial.

Fuentes de la Dirección General de la Policía aseguran que el caso se limita a una pelea entre clanes policiales, y que la investigación se hizo al margen de la cadena de mando.