El SUP impulsa una plataforma para denunciar a políticos y jueces corruptos

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), que la semana pasada difundió el informe “fantasma” con acusaciones de corrupción en CiU, ha acordado crear una Plataforma de Policías contra la Corrupción con funcionarios del Cuerpo y de otras policías para llevar a los tribunales a políticos, mandos policiales, jueces y fiscales.

La decisión la ha adoptado su Comisión Ejecutiva Nacional tras la decisión del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, instructor del ‘caso Palau’ al que se le envió el informe antes citado, de devolver éste a la Comisaría General de Policía Judicial después de que la Dirección General de la Policía informara en una nota oficial de que el documento contenía indicios y datos ya puestos en conocimiento del juez y del fiscal anteriormente. La Ejecutiva del SUP se dispone ahora a elaborar una diligencia informe oficial con nuevos datos y enviarla al juez para reactivar la investigación.

El sindicato explica que hacer borradores de trabajo es una mecánica de funcionamiento policial habitual, que sólo si el juez, el fiscal o los mandos policiales lo autorizan se convierte en un documento oficial con su registro, y en caso contrario son descartados. Éste sería el caso del “informe fantasma” que tanta polémica suscitó la semana pasada.

El SUP se hace eco de una información periodística según la cual los comisarios principales José Luis Olivera, jefe del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) y Marcelino Martín Blas-Aranda, jefe de la Unidad de Asuntos Internos, se entrevistaron el pasado 29 de octubre con los fiscales Ulled y Bermejo para proponerles el registro de la sede de CDC y los domicilios de algunos responsables de la Fundación Trias Fargas, que fue denegada por los representantes del ministerio público.