Rajoy y González conocieron hace meses el informe del Consejo y no evitaron el choque

Todo el mundo conocía las dudas del Consejo de Estado sobre la constitucionalidad del euro por receta, pero nadie hizo nada por evitarlo. Ni el Gobierno de Mariano Rajoy movió un dedo para llevar la tasa al Tribunal Constitucional y paralizar su aplicación en Cataluña, ni la Comunidad de Madrid se dio por advertida de que el nuevo tributo podría invadir competencias del Estado, que es quien fija el precio final de los medicamentos. Todos miraron para otro lado antes de enzarzarse en una batalla política a cuenta del euro por receta que ha vuelto a reabrir viejas heridas entre dos sectores del Partido Popular muy definidos, y que ha impulsado la vuelta al primer plano de la trinchera política de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

El dictamen del Consejo de Estado conocido ayer tiene seis meses de vida -fue emitido el pasado 21 de junio- y ha estado encima de la mesa de todos los implicados en esta particular batalla de tintes políticos abierta dentro del Partido Popular entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el Ejecutivo de Ignacio González. El informe del citado organismo, que preside Romay Beccaría, exministro de Sanidad del PP, fue elaborado a petición del Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro, justo después de que la Generalitat de Artur Mas anunciase su puesta en marcha en Cataluña. Se trataba, pues, del paso previo a un posible recurso, por parte del Gobierno central, ante el Tribunal Constitucional que, ante las dudas, podría haber decretado la suspensión cautelar del euro por receta hasta que se el tribunal hubiera pronunciando sentencia.

Las conclusiones de los juristas del Consejo de Estado, salvo el voto particular de tres miembros (Teresa Fernández De la Vega, Fernando Ledesma y Enrique Alonso), no deja lugar a dudas: las Comunidades Autónomas no pueden incidir “ni directa ni indirectamente” en la fijación del precio de los medicamentos, que son objeto de financiación pública, por ser esta cuestión una competencia exclusiva del Estado consagrada en el artículo 149.1.16ª de la Constitución. La aplicación de esta tasa supondría, añaden, “una ruptura de la exigencia constitucional de que el acceso a las prestaciones farmacéuticas se produzca en condiciones de igualdad en todo el territorio del Estado”.

Los meses fueron pasando, sin embargo, sin que nadie moviera ficha y en ese contexto el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, aprovechó el vacío existente para apuntarse también a la tasa pese a las serias dudas que existen sobre si entra o no dentro de sus competencias. La Comunidad razona, en este sentido, que si el Gobierno no hizo nada entonces contra Cataluña, tenían las manos libres para avanzar también por ese camino: “No sabíamos que el Gobierno estaba negociando con Cataluña ni las tripas de esa negociación”, explican desde el Gobierno regional. “Si lo negocian con Cataluña, que lo negocien también con nosotros. Y si el Constitucional sentencia que no tenemos competencia, pues retiramos la tasa porque esto no tiene ningún fin recaudatorio y solo representa 80 millones de euros en un presupuesto total de 17.000”.

La Comunidad explica que no se trata de una batalla política con el Ejecutivo central. Sí que ha generado un enorme malestar el hecho de que Rajoy y otros pesos pesados del partido como María Dolores de Cospedal o la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría hayan salido en tromba contra el euro por receta de Madrid cuando antes no recurrieron ni hicieron nada al respecto de la norma catalana. Sea como fuere, el no de Rajoy a la medida tuvo una rápida y sonora respuesta por parte de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, que salió, como un resorte, en defensa de su delfín para dejar claro que la tasa no contradice “ningún principio” del Partido Popular y que se si toma no es por gusto, como tampoco le gustó a Rajoy tener que subir el IRPF o el IVA.

Aliado con De la Vega

González explicó ayer que conocía el informe, pero se puso del lado, extrañas alianzas del destino, del voto particular de la ex vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y del exministro de Justicia socialista, Fernando Ledesma. Ambos señalan brevemente en el dictamen que no encuentran argumentos suficientes para concluir que la aplicación del euro por receta sea inconstitucional, aunque explican que "por razones de urgencia no pueden articularse in extenso las razones que en detalle explican esta posición". Entienden, eso sí, que "no es suficiente argumento el de que la tasa incida sobre los precios finales de los medicamentos".

Madrid, de momento, entiende que sí es competente para seguir adelante con la medida, aunque, como explicó ayer González, está dispuesto a tratar con el Gobierno las “discrepancias” para encontrar pronto una solución.