La Fiscalía rechaza la libertad de otro etarra con cáncer

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha opuesto a la libertad condicional solicitada por el etarra José Ángel Viguri, enfermo de un cáncer de próstata, al no encontrarse en fase terminal ni  con peligro patente para la vida. El caso de este preso de la banda es el primero que se estudia después de la excarcelación de Josu Uribetxeberria Bolinaga. Aún así, en su escrito el representante del Ministerio Público deja la  pelota en el tejado del Ministerio del Interior y no descarta la opción de concederle el tercero grado, que le permita someterse en el exterior a los tratamientos terapéuticos que necesite el recluso.

En el ‘caso Bolinaga’, el departamento de Jorge Fernández Díaz le concedió ‘in extremis’ el tercer grado penitenciario como elemento indispensable para concederle la libertad condicional. En ese caso, la Fiscalía ya apuntó que una opción viable era la concesión del tercer grado, que en un momento determinado es revocable, en caso de que la enfermedad del etarra mejorase. Sin embargo, una vez que se concede la libertad condicional, el condenado no puede volver a ser ingresado en prisión, a no ser que incumpla las medidas cautelares fijadas por el juez de Vigilancia Penitenciaria.

El fiscal Pedro Rubira sostiene que Viguri no cumple ninguno de los requisitos para quedar libre, ya que su riesgo de muerte es de entre 0,03 y un 1,2 por ciento para los próximos quince años, según el último informe del Instituto de Medicina Legal, del pasado 29 de octubre.

Tampoco reúne otros requisitos por los que podría salir de prisión, según el artículo 92 del Código Penal, como encontrarse en tercer grado, tener buena conducta y un pronóstico favorable de reinserción social. La Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Martutene, en San Sebastián, ya rechazó en marzo concederle el tercer grado porque “en la actitud, conducta y comportamiento del interno no existe indicio alguno que evidencie la desvinculación actual de la banda terrorista”.

El fiscal informa al juez de Vigilancia Penitenciaria, José Luis de Castro, que Viguri no cumple ninguno de los requisitos para quedar en libertad aunque la última palabra la tiene el magistrado. Tampoco ha pedido perdón a las víctimas ni ha mostrado expresamente su repudio a las actividades delictivas y de abandono de la violencia. Este recluso está condenado a 59 años de cárcel por un atentado terrorista, asesinato frustrado, estragos y colaboración con banda armada.

A pesar de que uno de los informes de los servicios médicos de la cárcel de Martutene señalan que la estancia en prisión “puede influir de forma negativa a la evolución de la enfermedad”, Rubira sostiene que no hay acreditación fehaciente de que la estancia en prisión de Viguri provoque un acortamiento de las expectativas de vida. “No se ha afirmado que la estancia carcelaria sea factor determinante de una disminución de las expectativas de vida, que es, justamente, lo que demanda el Tribunal Constitucional”, recoge el escrito fiscal.