González implanta el euro por receta en Madrid a partir del 2013

Pese a que prometió por activa y por pasiva ajustar los presupuestos sin subir ni un solo impuesto a los madrileños, Ignacio González presentó este miércoles sus primeros presupuestos como presidente de la Comunidad de Madrid con una novedad: se cobrará un euro por cada receta expedida en las farmacias de toda la región a partir del 1 de enero de 2013. La medida, según explicó el propio González, tiene carácter disuasorio y "no recaudatorio". Madrid sigue la estela implantada en Cataluña, la primera y única región que cobra por receta. De momento, parece que quedarán exentos de este pago los discapacitados, las personas perceptoras de rentas de integración social, los parados que han perdido el derecho a percibir subsidio desempleo y las personas que necesiten un tratamiento por accidente de trabajo. Los jubilados también pagarán por adquirir sus fármacos. 

El Ejecutivo regional ha hecho verdaderos malabarismos hasta última hora para cuadrar una caja que contará con 17.048 millones de euros tras prescindir de 2.700 millones. Son quinientos millones menos de lo que Esperanza Aguirre recortó en los últimos cinco años juntos. “Una auténtica locura”, confiesan desde la Real Casa de Correos. El nuevo presidente desgranó el copago farmacéutico mientras presumía de que en Madrid se ofrece y se garantiza una sanidad "pública, universal y gratuita". Según las previsiones del Gobierno regional, el gasto sanitario supone el 45% del total del gasto presupuestario anual, y eso que ha disminuido un 4,9%.

Con esta y otras medidas como la venta de inmuebles, tributos propios y la liquidación del sistema de financiación, el Gobierno prevé generar unos ingresos de 1.335 millones, lo que evitaría tener que recortar 2.700 millones. Todo el gasto se centra en salvar y mantener el área social: sanidad, educación, asuntos sociales y transportes. Madrid reducirá para el año que viene la aportación a la Cooperación al Desarrollo (salvo en cuestiones de catástrofe) y la partida para inmigración, "porque hay menos inmigrantes".

La reducción del gasto se queda en 1.424 millones, un 7,7% respecto al presupuesto de este año. En la senda de los ajustes, el PP madrileño se ha comprometido además a externalizar la actividad sanitaria en "seis de los nuevos hospitales" y ahorrar por la centralización de las compras. Las universidades obtendrán el año que viene 840 millones de euros, un 17% menos que el presupuesto que tienen para este año. González justifica esta reducción "por el aumento de las tasas universitarias y por la jornada laboral de 37,5 horas". Transportes sufre un tajo del 21%, "fundamentalmente en inversiones en infraestructuras y y gastos corrientes".

El Ejecutivo de González, en marcha desde hace apenas un mes, desecha la idea que rondaba a su antecesora: cobrar un peaje a los usuarios de algunas autovías, como la M-45, una circunvalación que conecta la A-2 con la A-5, y la M-501, una carretera que conecta los municipios del área suroeste de la comunidad. Pese a recoger el copago farmacéutico, el puzzle presupuestario no recoge "ninguna tasa de circulación" que grave los desplazamientos por las carreteras madrileñas. En los últimos meses se ha llegado a dar hasta una hipotética cifra: 50 euros por coche y año. Todo queda fuera de los ajustes de González.  

Nuevas vías de ingresos

Junto a esta caída de ingresos provenientes del Estado y el previsible estancamiento de los ingresos tributarios, el Ejecutivo compensará las maltrechas arcas regionales a través de nuevas vías de ingresos, siempre con la mente puesta en mantener la presión fiscal a la baja y las desgravaciones fiscales que tiene Madrid. Pese a que el propio Cristóbal Montoro ha presionado a Madrid para que suba el tramo del IRPF y recupere el impuesto de Patrimonio, González se niega en rotundo. Solo falta por descubrir la pócima secreta que utilizará para obtener los recursos financieros que se necesitan para garantizar la cobertura de los servicios públicos.

El Ejecutivo madrileño reconoce que su proyecto responde a una etapa continuista de las medidas impulsadas por la todavía presidenta del PP regional, Esperanza Aguirre, que ya suprimió un tercio de las empresas públicas y el 40% de los organismos autónomos desde hace cinco años. El Gobierno avisa que los salarios públicos se congelarán y se reducirán puestos de trabajo por la "no reposición" de las plazas que se queden vacías por jubilación o vacantes. Además, todavía quedan 40.000 empleados públicos eventuales a los que podrían rescindir sus contratos.