Afectados por preferentes de toda España se reúnen en Madrid para coordinar sus demandas

Cinco despachos de abogados de toda España, algunos de ellos con representación internacional, han puesto en marcha una iniciativa para coordinar las demandas de los pequeños ahorradores afectados por preferentes y deuda subordinada. Las denuncias se presentarán a título individual y por vía civil para acortar los plazos de los procedimientos, que se prolongarían demasiado si los perjudicados recurrieran a la vía penal.

Doscientos afectados han dado ya poderes a los citados despachos para que les representen ante los tribunales, y para las 16,30 horas de la tarde de hoy está convocada una reunión en el Hotel Hesperia de Madrid (Paseo de la Castellana, 57) para unificar la estrategia e informar a otros perjudicados.  V Abogados (que desde 2011 representa a una plataforma de afectados por los pagarés y participaciones de Nueva Rumasa), Santos Pousa Rodríguez, Net Craman, Mestalla Abogados y Rodríguez Pérez y Parrilla son, de momento, los despachos que han acordado colaborar en esta iniciativa.

El letrado Santiago Viciano, de V Abogados, explicó ayer a este diario que las demandas colectivas que promueven asociaciones como AUSBANC o ADICAE tienen el inconveniente de que la casuística de los perjudicados es muy variada, lo que hace complicado que prosperen ante la imposibilidad de acordar un fallo que recoja todas las situaciones. “Las demandas individuales son las únicas que están funcionando, y es así como vamos a trabajar. Estamos ante un enorme escándalo en el que el Banco de España (BE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se han lavado las manos”.

El mencionado abogado señaló que las recientes declaraciones de Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Estado, en las que descartaba que en la venta de preferentes y subordinada concurriese un delito de estafa, es un jarro de agua fría por lo que supone de exoneración de responsabilidades por parte de los bancos que colocaron productos financieros complejos a pequeños ahorradores sin conocimientos, a los que se aseguró que tenían liquidez. Además, el ministro de Economía, José Luis de Guindos, ha dicho ya en varias ocasiones que los tenedores de estos productos van a tener que asumir pérdidas. Una condición que Bruselas exige al Gobierno para facilitar el dinero necesario para la reestructuración del sistema financiero.

“Las cuentas que hacen las entidades son que en torno a un 20% de afectados no va a presentar demanda; otro 20% son inversores que conocían el riesgo que corrían, y un 20% más van a caer en manos de letrados más interesados por sus minutas que por el cliente –señala Viciado-. Es decir, que de 100 hipotéticas demandas van a tener que enfrentarse realmente a 40”.

Esta nueva iniciativa se suma a las que ya han puesto en marcha la Federación de Cuadros y Profesionales de  Cajas de Ahorro y el Sindicato de Accionistas de Bankia, que representa a empleados y familiares de esta entidad.