El Congreso ha rechazado las 66 proposiciones de ley presentadas por ciudadanos en 28 años

Los ciudadanos han presentado 66 iniciativas legislativas populares (ILP) en el Congreso de los Diputados para trasladar a los parlamentarios proposiciones de ley suscritas por al menos 500.000 personas. Ninguna de ellas ha sido aprobada, en la mayoría de los casos porque fueron inadmitidas a trámite por la Mesa del Congreso, lo que imposibilitó su debate. Cinco más están pendientes del resultado de la tramitación. Las recientes manifestaciones en las inmediaciones de la Cámara Baja en torno al lema “Rodea al Congreso”, al igual que el Movimiento 15M el año pasado, reclaman reformas para facilitar la participación ciudadana en la política.

La iniciativa legislativa popular está recogida en el artículo 87.3 de la Constitución, pero la ley orgánica que regula su ejercicio no fue aprobada hasta 1984, siendo Felipe González presidente del Gobierno. Desde entonces el número de ellas no ha dejado de crecer legislatura tras legislatura, y sólo en los diez meses de la actual se han presentado ya 13, cuando en toda la legislatura anterior (2008-2011) se remitieron a la Cámara 23.

La última iniciativa “inadmitida a trámite en términos absolutos” proponía la “eliminación de prebendas de la clase política cesada”. El texto de la proposición de ley decía en su exposición de motivos que los representantes de la soberanía popular “mantienen sus privilegios de forma indefinida, incluso una vez cesados, o reciben una indemnización que atenta contra los principios básicos de igualdad y entra en conflicto con las políticas de austeridad y contención del gasto”. Una iniciativa similar fue presentada en la anterior legislatura como “proposición de ley de reforma salarial política”.

La ILP es en nuestra democracia representativa el único instrumento de democracia directa, que permite a los ciudadanos la participación en el proceso de producción normativo, y es la única vía para proponer al poder legislativo la aprobación de normas cuya necesidad es ampliamente sentida por el electorado, pero que no encuentra eco en los partidos políticos con representación parlamentaria.

En la actual legislatura ha sido inadmitida también una proposición de ley para crear una comisión para el esclarecimiento de los casos de bebés robados, que fueron arrebatados a sus madres y entregados después en adopción. En realidad, esta iniciativa fue presentada en la anterior legislatura y trasladada a la actual. Un juzgado de Madrid instruye en este momento una causa para esclarecer algunos de estos casos.

Pendiente de que la Mesa adopte una decisión está otra proposición “sobre reversión de la congelación de las pensiones en 2011”; otra sobre la dación de pago, para que las personas que no pueden hacer frente a sus hipotecas salden su deuda con la entrega de la vivienda, paralización de los desahucios y alquiler social, y una más sobre “empleo estable y con derechos”, tres de los problemas más graves que ha causado la crisis económica y los recortes del Gobierno.

El ejercicio de la iniciativa legislativa popular requiere la presentación en el Congreso de un texto articulado de proposición de ley precedido de una exposición de motivos. La Mesa del Congreso examina la documentación y en el plazo máximo de 15 días se pronuncia sobre su admisión o no. A partir de ese momento los promotores disponen de seis meses, prorrogables tres meses más, para recoger las 500.000 firmas necesarias para que continúe su tramitación. Este requisito ha hecho fracasar 24 iniciativas, que caducaron al sobrepasarse los plazos sin lograr las adhesiones necesarias. Entre ellas estaba una “proposición de ley para crear seis millones de puestos de trabajo”, y otra para la modificación de diversas normas “para la prevención y tratamiento del sobreendeudamiento de las familias por el crédito (ambas en la anterior legislatura, la IX); otra para aumentar la baja por maternidad a seis meses, o “sobre cambio de la denominación de matrimonio entre homosexuales por la de homomonio", las dos durante la VIII Legislatura.

Nueve iniciativas más han sido rechazadas:  la “proposición de ley reguladora de la jornada laboral  (1998), otra para garantizar el poder adquisitivo de los empleados públicos  (2001), de financiación del sistema educativo (1996), y otra para modificar el Código Civil en materia de matrimonio y adopción (2004), por citar algunas de ellas.

La primera iniciativa popular fue presentada en la II Legislatura y  tenía como objetivo el mantenimiento de Altos Hornos del Mediterráneo (AHM), que fueron cerrados con la reconversión industrial en 1984. Ese mismo año se presentó otra iniciativa sobre “pensiones de jubilación para administradores familiares amas/os de casa”, igualmente “inadmitida a trámite en términos absolutos”.