Emilio Botín se libra por fin del caso de las cesiones de crédito

Emilio Botín respira tranquilo. La histórica causa de las ‘cesiones de crédito’ ha terminado en nada, a pesar de haber llegado al Tribunal Constitucional. Según fuentes de la alta magistratura, la acusación particular ha retirado el recurso de amparo presentado y admitido contra la sentencia del Tribunal Supremo por la cual se archivo el caso, un fallo que marcó jurisprudencia con la denominada ‘doctrina Botín’, por la que se impedía abrir juicio oral a instancias exclusivas de la acusación popular.

La aceptación del recurso por parte del Tribunal Constitucional hace dos años supuso la apertura de una pieza de suspensión de la sentencia dictada el 17 de diciembre de 2007 por el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es decir, la alta magistratura dejaba abierta la posibilidad de que el presidente del Banco Santander tuviera que ser juzgado de nuevo por el Supremo en caso de haber fallado a favor del recurso presentado por los demandantes y haber considerado inconstitucional el fundamento jurídico de la doctrina Botín.

Sin embargo, nada de eso ha hecho falta. Según las fuentes jurídicas consultadas, los responsables de la acción popular, los abogados Antonio Panea e Iván Hernández, representantes de ADIC y vinculados al fallecido Rafael Pérez Escolar, exconsejero delegado de Banesto y máximo inspirador de muchas de las acciones legales contra Emilio Botín y el Banco Santander durante años, han retirado el recurso del Constitucional tras alcanzar un acuerdo privado con Uría Menéndez, despacho defensor de Botín.

Según confirman fuentes del Tribunal Constitucional, se ha dado traslado a las partes para que aleguen y procedan, aunque en este recurso de amparo admitido a trámite ni el Ministerio Fiscal ni la Abogacía del Estado se adhirieron. Ninguna de las partes implicadas ha querido explicar cuáles son las condiciones del acuerdo por las que se ha retirado el recurso, cuyo fallo podría estar a punto de resolverse, motivo que podría explicar la resolución extrajudicial alcanzada entre acusación y Banco Santander.

En su momento, tras un largo y sinuoso periplo judicial de años, el argumento esgrimido entonces por los impulsores de la acusación particular para presentar el recurso de amparo se fundamentaba en que la sentencia del Tribunal Supremo venía a acabar con la figura de la acusación popular en el procedimiento penal, consagrada en el Derecho español desde hace casi un siglo y cuyos fundamentos fueron matizados en la sentencia dictada por el Supremo en el 'caso Atutxa'.

Un producto financiero cuestionado

Las cesiones de crédito fue un producto financiero comercializado por el Banco Santander a sus clientes entre 1987-1989. La Fiscalía investigó más de 47.240 operaciones con unos 3.500 titulares por un importe superior a los 2.600 millones de euros, a través de las cuales los clientes podrían haber cometido un supuesto delito fiscal. Los directivos del banco, con su presidente a la cabeza, estaban acusados de presuntos delitos fiscales que causaron un perjuicio patrimonial de 84 millones de euros.

En 2007, los quince magistrados del pleno de lo Jurisdiccional de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmaron, con cinco votos particulares emitidos en contra, el archivo de la causa dictada en diciembre de 2006 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuya responsable fue la magistrada Teresa Palacios, que tuvo que enfrentarse a las repetidas solicitudes de archivo presentadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Casi 25 años después de que todo empezara, el caso de las ‘cesiones de crédito’ descansa en paz.