La cúpula de Bankia blinda su defensa con exmagistrados del Constitucional y del Supremo

Los 33 imputados del “caso Bankia”, el mayor escándalo financiero de nuestro país, han encargado su defensa a algunos de los abogados y despachos más rutilantes, en los que hay exmagistrados del Tribunal Constitucional, del Supremo y de la Audiencia Nacional, un abogado del Estado y un exmiembro de la Fiscalía Anticorrupción, entre otros. Un plantel que se lo va a poner muy difícil al juez Fernando Andreu, que acusa a la cúpula del banco de cuatro delitos castigados con hasta 15 años de prisión.

Carlos Bueren, que junto a Baltasar Garzón fue uno de los “jueces estrella” de la Audiencia Nacional, donde instruyó numerosos casos de terrorismo (Hipercor) y de episodios de la guerra sucia contra ETA (la desaparición de Lasa y Zabala), ejercerá la defensa del Banco Financiero de Ahorro (BFA), la matriz de Bankia. Bueren es socio y responsable del área de Derecho Penal del prestigioso despacho Uría Menéndez.  Bankia ha elegido al exfiscal Luis Jordana de Pozas, entre 1986 y 1995 creó y dirigió un grupo de fiscales especializado en delincuencia económica. Es socio del prestigioso despacho Cuatrecasas.

El despacho Jiménez de Parga, fundado por los hermanos Manuel y Rafael Jiménez de Parga a principios de los años 70, se ha hecho cargo de la defensa de Francisco Juan Ros García. Manuel fue diputado de las Cortes Constituyentes, ministro de Trabajo en el Gobierno de Adolfo Suárez y presidente del Tribunal Constitucional, entre otros cargos.

Otro destacado exmagistrado, en este caso del Tribunal Supremo (TS), Enrique Bacigalupo, socio del despacho internacional DLA Piper, representa a José Antonio Moral Santín, consejero de IU en Bankia que ha pedido su baja temporal de militancia al ser imputado. Bacigalupo es conocido porque fue uno de los magistrados de la Sala Segunda del Supremo que cuadruplicó las penas impuestas en primera instancia a los condenados por el envenenamiento masivo del aceite de colza (1981).

Uno de los principales especialistas en los delitos de que están acusados los imputados es el letrado Javier Sánchez-Junco, exfiscal de la Fiscalía Anticorrupción y como tal acusador del que fuera expresidente de Banesto, Mario Conde, para el que pidió 49 años de prisión. Sánchez-Junco es hoy socio del despacho que lleva su nombre, y en esta ocasión dejará su papel de acusador para defender a Javier López Madrid.

Otro exfiscal, en este caso de la Audiencia Nacional, Enrique Molina Benito, que durante años trabajó en el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional con Baltasar Garzón, a quien defendió recientemente en la causa abierta contra el magistrado por sus viajes a Nueva York, se encarga ahora de la representación de los querellados José Alberto Ibáñez González y María del Carmen Cavero Mestre, cuñada de Ignacio González, que sustituirá a Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid. Molina defiende en el caso Gürtel a la mujer de Francisco Correa, el “cerebro” de la trama de corrupción que alcanza al PP. Molina es actualmente director del área procesal del despacho Ramón y Cajal Abogados.

José Luis Fuertes Suárez, abogado del Estado en excedencia y agente del Reino de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), se ha responsabilizado de la defensa de Francisco Verdú Pons. Fuertes denunció la existencia de una campaña para apartar a Baltasar Garzón de la carrera judicial, como finalmente ocurrió.

Rato y el abogado de Urdangarín

El resto de imputados ha optado por prestigiosos despachos de abogados con especialistas en derecho penal de los negocios y económico. Es el caso de Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, que ha elegido a Ignacio Ayala González, uno de los socios fundadores de la firma Oliva-Ayala Abogados. Ayala es el actual abogado de Iñaki Urdangarín en la causa que se sigue contra el yerno del Rey.  

Su despacho ha defendido a varias de las mayores fortunas del país, entre ellos el presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, en la querella por las cesiones de crédito; a Juan Antonio Roca en el “caso Malaya”; a Enrique Giménez Reyna, secretario de Estado de Hacienda, en la quiebra de Gescartera, y hasta a Silvio Berlusconi. Otro letrado de este mismo despacho, Javier Sánchez-Vera Gómez Trilles, que con anterioridad trabajó en los prestigiosos despachos de Stampa Braun y Manuel Cobo del Rosal, es el abogado defensor de Ricardo Romero de Tejada Picatoste, exsecretario general del PP de Madrid.

El despacho de Gonzalo Rodríguez-Mourullo ha asumido la representación legal de varios imputados a través de distintos abogados del mismo. El hijo del fundador, Gonzalo Rodríguez-Mourullo Otero (defendió a Montserrat Corrulla, acusada de ser la testaferro de José Antonio Roca en el caso Malaya) se ha hecho cargo de la militante del PP y exprimera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Mercedes de la Merced. Su hermano Pablo defiende en el caso Gürtel a Pablo Crespo Sabaris, uno de los principales acusados. Jaime Alonso Gallo, del mismo despacho, ha asumido la defensa del querellado José Manuel Fernández Norniella.

Fernando Aizpún, hijo del diputado y fundador de Unión del Pueblo Navarro (UPN), socio del despacho Simmons & Simmons y  viceprefecto de la Real Congregación de San Fermín en Madrid, representa al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). En representación de Bankia se ha personado en la causa Joaquín Burkhalter, socio de Cuatrecasas Abogados, otro de los principales despachos.

El letrado Carlos Aguilar Fernández, de la firma CMS Albiñana & Suárez de Lezo, en cuya página web asegura que tiene “gran número de clientes que cotizan en el Ibex 35” (las principales empresas del país), se ha hecho cargo de la defensa del exministro del PP Ángel Acebes. Miguel Bajo Fernández, especialista en delitos patrimoniales y económicos representará a Arturo Fernández, presidente de la patronal de empresarios madrileños.

Otros letrados menos conocidos han participado, sin embargo, en importantes procesos penales. Es el caso de José María de Pablo Hermida, que representa a Jesús Pedroche, expresidente de la Asamblea de Madrid por el PP. Este abogado intervino en el sumario del 11-M en nombre de la Asociación de Ayuda a las Víctimas el 11-M y es el autor de un controvertido libro, “La cuarta trama”, en la que defiende la teoría de la conspiración, según la cual los instigadores del mayor atentado que ha sufrido nuestro país no han sido identificados. Ángela Coquillat, que defiende a Ángel Daniel Villanueva Pareja, es la abogada de Álvaro Pérez Alonso “el Bigotes”, en el “caso Gürtel”.