El Ayuntamiento de Jerez, en bancarrota, paga pluses de asistencia, fidelidad y nupcialidad

​¿Puede un ayuntamiento en bancarrota pagar a sus empleados pluses de asistencia simplemente por ir a trabajar, de transporte aunque se viva a una manzana del consistorio, de servicios extraordinarios aunque no se preste ninguno, de nupcialidad e incluso de fidelidad? El de Jerez de la Frontera, sí, pese a tener una deuda que ronda los 1.000 millones de euros, el doble que la de Valencia o Zaragoza, y hacer frente al pago mensual de unas nóminas que absorben prácticamente el 100% de los ingresos municipales.

La alcaldesa de Jerez (210.000 habitantes), María José García-Pelayo, del PP, decidió el pasado mes de febrero aplazar el pago a los proveedores, a los que adeuda más de 325 millones de euros, para poder saldar las nóminas de los 2.500 empleados municipales. Antes del verano presentó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afectará al 15% de la plantilla, para cumplir con las exigencias impuestas por Hacienda a los ayuntamientos que se han acogido a la línea de crédito que el Gobierno ofreció a los municipios faltos de liquidez. Y ahora pretende acabar con la orgía de pluses que desangra las cuentas de la ciudad.

Un ejemplo. Un ordenanza municipal cobró el pasado julio (ver documento), además de la paga extraordinaria, un salario bruto de 3.398,89 euros. Esa cantidad incluye un "premio de asistencia" de 79,20 euros; un "plus de transporte" de 145,95 euros, extrañamente compatible con un "plus de moto" de 364,40 euros; y un "premio de fidelidad" de 1.215,23 euros, que se abona cuando el trabajador cumple 25 años de servicio en el ayuntamiento. En total, sumando 15 horas extras diurnas y 110,38 euros de "compensación por descanso", casi 2.600 euros contantes y sonantes.

"Plus de jubilación anticipada"

Pero hay más. Los trabajadores municipales que contraen matrimonio tienen derecho a cobrar un "plus de nupcialidad", incluido en el convenio colectivo, que también recoge el "premio de jubilación anticipada" para los que se retiren antes de la edad legal. Cientos de trabajadores perciben además el "plus de servicios extraordinarios" independientemente de que participen o no en eventos especiales, sean festejos patronales o exposiciones culturales. Los que se sientan delante de un ordenador se embolsan el llamado "plus de pantalla", y todos, sin excepción, cobran el "premio de asistencia" por el mero hecho de acudir a su puesto de trabajo.

Sólo esa gratificación mensual por no faltar al trabajo supone casi dos millones de euros para las arcas municipales. Otro buen bocado se lo lleva el plus de transporte, al que tienen derecho todos los empleados municipales, tanto si acuden al ayuntamiento a pie porque viven a corta distancia del consistorio como si utilizan vehículo privado o transporte público en el caso de tener su residencia a las afueras o en otro municipio. El teniente de alcalde, Antonio Saldaña, dio la voz de alarma el pasado 12 de agosto: "La suma de los ingresos corrientes de los que dispone la ciudad en forma de impuestos y tasas equivale a los costes de personal".

El equipo de gobierno municipal, en el que el PP tiene mayoría absoluta, quiere meter la tijera a esos pluses para recortar 10 millones de euros anuales y lograr un ahorro total de 30 millones en gastos de personal tras la aplicación del nuevo convenio colectivo y la entrada en vigor del ERE. Para alcanzar ese objetivo, la alcaldesa pretende suprimir también de un plumazo las ayudas a la natalidad -sustituyéndolas por días de libranza-, el seguro médico -25 euros mensuales por empleado-, el seguro de vida y las ayudas para gafas y prótesis dentales y ortopédicas.

Al otoño caliente que se avecina en Jerez por estos recortes contribuirá, sin duda, la apertura de juicio oral contra la anterior alcaldesa, la socialista Pilar Sánchez, decretada el pasado mes de mayo por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la ciudad. Sánchez está imputada por los delitos de prevaricación, falsedad, malversación y tráfico de influencias por las supuestas irregularidades cometidas en la compra de suelo del Parque Científico y Tecnológico Agroalimentario de la localidad gaditana.