OCHO MESES DESPUÉS ESTÁ POR CONCRETAR QUÉ JUZGADO SE HACE CARGO DE LA INVESTIGACIÓN

Los policías que denunciaron Interligare pidieron detener a dos exaltos cargos de Interior

Los policías que el 3 de noviembre de 2011 denunciaron en el Juzgado de Instrucción número 3 de Aranjuez la presunta existencia de una red corrupta
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Los policías que denunciaron Interligare pidieron detener a dos exaltos cargos de Interior
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    Los policías que el 3 de noviembre de 2011 denunciaron en el Juzgado de Instrucción número 3 de Aranjuez la presunta existencia de una red corrupta con conexiones en el Ministerio del Interior que operaba a través de la empresa de inteligencia Interligare S.L. pidieron a la jueza la detención de Gabriel Fuentes, excomisario general de Información, y de Miguel Ángel Fernández Rancaño, exjefe superior de Policía de Madrid. Así lo han asegurado a este diario dos fuentes policiales, una de ellas el propio Fuentes, que fue vicepresidente de la compañía durante 2009. Su compañero fue consejero ese mismo año. 

    La solicitud de la orden de detención figuraba en la diligencia informe entregada en el mencionado juzgado, firmada por dos funcionarios a las órdenes del inspector jefe Jaime Barrado, responsable de un grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF), que investiga casos de corrupción. Según la denuncia, Interligare habría conseguido contratos de Interior gracias a la connivencia entre los comisarios Fuentes y Rancaño con el también comisario Luis Luengo, director de Infraestructuras de Interior, cuyos hijos trabajaban en la compañía. 

    El escrito entregado al juez acusa a los dos primeros de haber falseado documentos oficiales de Hacienda y la Seguridad Social para ocultar las deudas que Interligare tenía con ambos organismos y poder así contratar con Interior, además de aprovecharse de sus contactos en el departamento para que la empresa recibiera un trato de favor. El exresponsable de la lucha contra ETA negó a este diario las acusaciones, dijo que cuando él llegó a Interligare ésta ya tenía contratos con Interior, e hizo hincapié en que solo permaneció un año en ella antes de marcharse por discrepancias sobre su gestión.

    Contactos en el ministerio

    El comisario Luengo también negó un trato de favor con la mencionada empresa y recordó que cuando fue nombrado director de Infraestructuras y Material de Seguridad del Ministerio del Interior (julio de 2007), tras diez años en Bruselas,  el departamento ya trabajaba con Interligare. La existencia de la compañía, añadió, la conoció a través de la entonces subdirectora general de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad del Estado, Alicia Álvarez, que ocupaba de manera interina su cargo desde la marcha del anterior responsable, el comisario Julio Martínez Meroño, a quien José Antonio Alonso se llevó al Ministerio de Defensa cuando cedió la cartera de Interior a Alfredo Pérez Rubalcaba

    Álvarez, que alababa a Interligare como un ejemplo de innovación, presentó al presidente de la compañía,  José Luis Martín Juárez, a Luis Luengo en un seminario celebrado en León con la presencia de todas las empresas del ramo, en la que el alto cargo de Interior participaba como ponente, según su propio testimonio. Luengo aseguró que el exministro Antonio Camacho le ordenó cortar con Interligare cuando conoció que tenía deudas con la Seguridad Social. Éste no ha contestado las llamadas para confirmar este extremo.

    La magistrada Cristina García González, titular del juzgado central de Instrucción número 3 de Aranjuez, se inhibió del caso a favor de los juzgados de la Plaza de Castilla el 17 de noviembre del año pasado, dos semanas después de recibir la diligencia informe de los investigadores. Los juzgados madrileños le devolvieron la denuncia el 2 de diciembre, al entender que ella era la competente para investigar la denuncia porque la sede de Interligare está en Aranjuez. García González ha recurrido la decisión a la Audiencia Provincial de Madrid para que decida qué juzgado es competente para iniciar la investigación, cosa que aún no ha hecho pese a los ocho meses transcurridos desde que se presentó la denuncia.

    En punto muerto

    Con la investigación en punto muerto en los tribunales, el inspector jefe Barrado esperó a la llegada del PP al Gobierno para remitir una nota informativa interna al nuevo director de la Policía, Ignacio Cosidó, en la que iba más allá en sus acusaciones a Interligare y especulaba con la posibilidad de que la compañía hubiese espiado al partido desde una de sus oficinas situada frente a la sede central de los populares en la calle Génova. Uno de los hombres de confianza del director dijo a este diario que no le constaba que aquel hubiese recibido dicha nota. 

    Cosidó guarda un hermético silencio sobre el caso, pese a que desde la oposición dirigió varias preguntas sobre los contratos de Interligare con Interior al entonces ministro Alfredo Pérez Rubalcaba. Dudas que ahora tiene la oportunidad de despejar. Ningún responsable de la Policía ha querido pronunciarse en público, aunque en privado trasladan la versión de que todo se limita a una pelea entre clanes policiales, y que las indagaciones del grupo investigador se hicieron en todo momento al margen de la cadena de mando. 

    Ignacio Cosidó renovó toda la cúpula policial nada más llegar al cargo, y al frente de la Comisaría General de Policía Judicial, hasta entonces al mando del comisario Juan Antonio González, responsable, entre otras, de la investigación del caso Gürtel, situó al también comisario Enrique Rodríguez Ulla, que fue fulminado del cargo seis meses después de su nombramiento. Una de las decisiones de su sucesor, José García Losada, fue cesar a Barrado.

    El pasado julio, Barrado acudió a la Dirección General de la Policía en la calle Miguel Ángel y se entrevistó con el jefe de gabinete de Cosido, el inspector Pedro Agudo, a quien le trasladó que quería ser repuesto en su destino porque estaba a punto de concluir una investigación muy importante, y que si no atendían su petición haría la guerra por su cuenta. El propio Agudo ha confirmado los datos a este diario.  

    El cazador, cazado

    El director adjunto Operativo (DAO) de la Policía, el comisario Eugenio Pino, ordenó a Agudo que pusiera las amenazas en conocimiento de la Unidad de Asuntos Internos, aunque en su testimonio dijo que no se había sentido coaccionado, según fuentes que conocen su declaración. La citada unidad, que investiga la corrupción en el Cuerpo, citó a declarar a Barrado y presentó contra él una denuncia por amenazas y coacciones en el juzgado de instrucción número 25 de Madrid.

    Días después el diario El Mundo desveló las investigaciones de Barrado sobre la supuesta red corrupta, y la unidad anticorrupción le citó de nuevo, aunque en esta ocasión el inspector se negó a prestar declaración. Asuntos Internos amplió la denuncia contra él por un presunto delito de revelación de secreto, al considerarle el responsable de la filtración. La acusación alcanza también al instructor y al secretario de la diligencia-informe sobre la presunta red corrupta que le fue entregada a la juez de Aranjuez. Uno de ellos ha eludido hacer declaraciones a este diario.

    Interligare fue fundada en 2004 por Jacqueline Tibisay Moro Albacete con un capital social de 4.000 euros. Tibisay fue candidata del PP en Aranjuez en las elecciones municipales de 2007 y dos años después, en enero de 2009, cesó en cargo y la compañía pasó a estar presidida por el ya citado José Luis Martín Juárez, según consta en el Registro Mercantil. En esa misma fecha se produjeron los nombramientos de Gabriel Fuentes como vicepresidente y consejero, y de Miguel Ángel Fernández Rancaño como consejero, entre otros, según las inscripciones registrales. Los nuevos propietarios ampliaron el capital hasta los 450.000 euros. Actualmente ha sido declarada insolvente y arrastra numerosas demandas de sus trabajadores por impago de salarios. 

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