Zapatero cobra 6.383 euros del Consejo de Estado por acudir a un pleno mensual

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha cobrado ya cinco mensualidades de 6.383 euros del Consejo de Estado desde su incorporación al mismo el pasado 9 de febrero. Como tal solo está obligado a acudir a los plenos de dicho órgano consultivo, que suele celebrar uno al mes, aunque el presidente, José Manuel Romay Beccaria, puede encomendarle otras tareas.

Zapatero complementa estos ingresos con los que le corresponden como expresidente del Gobierno (también vitalicios), que ascienden a 6.515 euros brutos mensuales (78.185 euros anuales). Su salario mensual asciende, pues, a 12.898 euros brutos. El año pasado el Pleno se reunió en nueve ocasiones, y cuatro en lo que va del actual, según datos de un portavoz del Consejo. Su página web recoge las reuniones de los consejeros permanentes y los asuntos tratados, pero no ofrece información sobre las reuniones del pleno.

Nadie en el Consejo quiso confirmar si Zapatero acude otros días a su despacho. Ni los portavoces de ese organismo público, ni su secretaria personal, que remitió a este diario al jefe de su gabinete en la Fundación Ideas, José Miguel Vidal, quien a través de una secretaria manifestó que la agenda del expresidente en el Consejo de Estado es “privada”. Esta circunstancia impide conocer la actividad que desarrolla.

La incorporación automática de los expresidentes fue acordada por el primer gobierno de Rodríguez Zapatero en 2004, a condición de que no trabajen para ninguna empresa privada. Si lo hacen deben dejar el cargo, aunque disponen de un plazo de dos años para reincorporarse. Los presidentes que precedieron a Zapatero, José María Aznar y Felipe González, renunciaron a esta prerrogativa.

El primero en 2006, tras dos años como consejero, para incorporarse al consejo de administración de News Corporation, el grupo de comunicación del magnate Rupert Murdoch. En enero de 2011 fichó por Endesa como asesor externo para desarrollar la estrategia de la energética en Latinoamérica, con unos ingresos en torno a los 200.000 euros. Felipe González, por su parte, fichó en diciembre de 2010 como consejero independiente de Gas Natural Fenosa, con un salario bruto anual de 126.500 euros.

El Consejo de Estado el el máximo órgano consultivo del Estado y está integrado por ocho consejeros permanentes, doce natos y diez electivos. Los primeros son cargos vitalicios que elije el Ejecutivo mediante decreto ley, se reúnen una vez a la semana (los jueves) y se encargan de emitir dictámenes no vinculantes a petición del presidente del Gobierno, lo ministros y los presidentes de comunidades autónomas. Su nómina mensual es de 5.653,45 euros entre salario (1.087,89 euros); complemento de destino (1.901,44 euros) y complemento específico (2.664,12 euros).

En este momento son consejeros permanentes Landelino Lavilla, Miguel Rodríguez Piñeiro, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Fernando Ledesma, José Luis Manzanares, María Teresa Fernández de la Vega (vicepresidenta del Gobierno con Zapatero), Enrique Alonso y Alberto Aza, ex jefe de la Casa del Rey, que ha sido el último en ser nombrado. Para ser elegidos para el cargo deben haber sido ministros, presidente o miembro de los consejos ejecutivos o consultivos de las comunidades autónomas, académico de las Reales Academias, profesor numerario de disciplinas jurídicas, económicas o sociales en facultad universitaria con quince años de ejercicio, oficial general del Cuerpo Jurídico Militar, funcionarios del Estado con quince años de servicios, y ex gobernador del Banco de España.

Los consejeros natos lo son por el cargo que ostentan, y dejan de serlo cuando cesan en él. Por ejemplo, tiene la condición de consejero nato el Fiscal General del Estado, actualmente Eduardo Torres-Dulce. Lo son también José Manuel Blecua, Landelino Lavilla, Marcos Peña, Fernando García Sánchez, Carlos Carnicer, Luis Díez-Picazo, Marta Silva de Lapuerta, Benigno Pendás, Miguel Fernández Ordóñez, Marcelino Oreja, y el expresidente Rodríguez Zapatero.

Los diez consejeros electivos son designados por el Gobierno entre políticos que ya no están en activo, Defensor del Pueblo, presidente o vocal del CGPJ, presidente del Tribunal de Cuentas o jefe del Estado Mayor de la Defensa. Su mandato es de cuatro años (pueden ser reelegidos) salvo que hayan sido presidentes de alguna comunidad autónoma, en cuyo caso tienen garantizada la permanencia en el cargo durante ocho años, como es el caso del expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Los actuales consejeros electivos son Josefina Gómez, Amelia Valcárcel, Juan José Laborda, Isabel Tocino, María Amparo Rubiales, José Ramón Recalde, Manuel José Silva, Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona, José María Michavila, Ana Palacio y el citado Rodríguez Ibarra. Ni los consejeros natos ni los electivos cobran salario, salvo dietas cada vez que acuden a una reunión del pleno, cuya cuantía tampoco ha facilitado el Consejo.

Todos los consejeros pueden mejorar su salario con un complemento de productividad que el presidente asigna discrecionalmente. Para ser merecedor de él, la ley establece que el beneficiario tiene que haber demostrado “un especial rendimiento; actividad y dedicación extraordinarias, y el interés o iniciativa con que se desempeñen en su puesto de trabajo”.

El presupuesto del Consejo de Estado para este año asciende a 10,47 millones, de los que 8,1 millones (el 77%) se destinan a gastos de personal. Todos los consejeros tienen tratamiento de “excelencia”, que mantienen cuando cesan en el cargo.