El ‘medicamentazo’ entra en vigor en agosto sin que los consejeros sepan aún la lista definitiva

El tercer 'medicamentazo' de la democracia tras el de Ángeles Amador en 1993 y el de Romay Beccaría en 1998 entrará en vigor el próximo 1 de agosto pese a que, a día de hoy, los consejeros de las Comunidades Autónomas todavía no tengan sobre su mesa el listado final de los medicamentos que dejarán de estar financiados por la Seguridad Social.

Algunos consejeros de Sanidad como el vasco Rafael Bengoa o la andaluza, María Jesús Montero, reprocharon ayer a la ministra Ana Mato el hecho de que no hayan tenido tiempo para analizar con sus técnicos y especialistas la lista final aprobada por el Ministerio. Bengoa, incluso, criticó que la patronal Farmaindustria haya tenido más datos que las propias comunidades autónomas durante los últimos días.

El malestar, sin embargo, no afecta solo a los dos consejeros de Gobiernos socialistas sino que se extiende a otras comunidades que conocieron este martes a través de la prensa los medicamentos que se excluirán del Nomenclator. Una crítica a la que la propia Mato restó importancia al señalar que los grupos de trabajo creados entre Sanidad y las comunidades han trabajado con consenso a la hora de definir los grupos terapéuticos que dejarán de recibir financiación. “El listado de los 425 no lo conocían pero sí el de los grupos terapéuticos”, añadió. Según el Ministerio, aquellos grupos en los que al menos tres comunidades han coincido son los que se han incorporado al listado final.

La medida supondrá, según los cálculos barajados por el Ministerio, un ahorro de 458 millones de euros y, a falta de la concreción definitiva, se traducirá en la desfinanciación de medicamentos que o bien se han quedado superados por otros componentes o tienen baja utilidad terapéutica. “Se trata de medicamentos que alivian síntomas y que no curan enfermedades”, matizó el consejero castellano-manchego, José Ignacio Echaniz. Los médicos podrán seguir recetando estos medicamentos, pero el paciente tendrá que abonar su coste íntegro.

Hacía 15 años, desde el polémico ‘medicamentazo’ de Romay Beccaría, que no se actualizaba el Vademécum. Pero ahora, como ocurrió entonces, las comunidades que no apoyen la medida no van a tener margen de oposición a la reforma, pues, como explicó la consejera andaluza, la ley de Estabilidad presupuestaria impide que una comunidad contraprograme el ‘medicamentazo’ y continúe financiando aquellos fármacos que ahora salen del Nomenclator. En todo caso, solo País Vasco podría plantearse, por su modelo de financiación propio, emprender una medida de esas características.

Según explicó Mato al término de la reunión, de más de cuatro horas de duración, el Vademécum se someterá a partir de ahora a una revisión constante para que éste incorpore periódicamente a aquellos fármacos de última generación para enfermedades graves e invalidantes. Mato matizó también que se prevén exenciones para pacientes crónicos y otros casos que consideren los médicos. Además, se comprometió a que el Ministerio vele en un futuro para que esos medicamentos no sufran, a partir de ahora, un alza en sus precios por parte de la industria.

Aplicación del copago

La reunión sirvió también para seguir definiendo los términos del copago de los medicamentos en función de la renta que entra en vigor, sin moratoria temporal alguna, este domingo 1 de julio. Cruzados los datos de la Seguridad Social y Hacienda, todos los usuarios del sistema tienen asignado a partir de ahora un código que determinará cuál deberá su porcentaje de copago en función de si son pensionistas o activos.

Las comunidades también han acordado, como estaba previsto, que el reembolso del excendente pagado por los pensionistas se producirá cada tres o seis meses de forma automática en la misma cuenta en la que cobran su pensión. Cada comunidad autónoma, sin embargo, tendrá autonomía para fijar la fórmula que más les convenga.