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Cuatro funcionarios del Inem robaban 3.000 expedientes cada mes
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'OPERACIÓN PITIUSA': 1.300€ POR CADA DECLARACIÓN DE LA RENTA

Cuatro funcionarios del Inem robaban 3.000 expedientes cada mes

Los traficantes de datos implicados en la ‘Operación Pitiusa’ extraían de los listados de la Seguridad Social unos 3.000 expedientes mensuales, según estimaciones de los investigadores.

Foto: Cuatro funcionarios del Inem robaban 3.000 expedientes cada mes
Cuatro funcionarios del Inem robaban 3.000 expedientes cada mes

Los traficantes de datos implicados en la ‘Operación Pitiusa’ extraían de los listados de la Seguridad Social unos 3.000 expedientes mensuales, según estimaciones de los investigadores. Este número se iba a quedar muy corto en el presente año, en que se disparaba la demanda. El intermediario que controlaba a los funcionarios era Francisco ‘Paco’ Pérez, que tenía a sueldo a cuatro funcionarios de la oficina del Inem de Badalona, detenidos el pasado 7 de marzo: David Vitales, Mercedes Gómez, Carmen Huelves y Montserrat Furio. A su vez, este intermediario trabajaba para un matrimonio con domicilio en Badalona, Ana María Xicola y Eduardo Ferrer, que pasaban la información a detectives o despachos de asesores de toda España.

El 5 de enero de este año, Paco se ponía en contacto con Mercedes Gómez, empleada del Inem. Casualmente, esta funcionaria, con más de 30 años de carrera en la Administración, había estado casada con un hermano del actual ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

Paco: Empezamos bien el año. A partir del lunes vas a tener miles para hacer. Lo que sí me piden es un mínimo diario... ciento cincuenta... sí... me dijeron mínimo de cien... doscientos diarios...

Mercedes: ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿De cuánto? ¿De teléfonos? Sí, yo creo que sí podré...

Hasta entonces, a Mercedes le hacía llegar bloques de 80 ó 90 consultas cada tres o cuatro días, por lo que el volumen de trabajo iba a incrementarse notablemente. Según las previsiones del intermediario, si diariamente le iba a encargar la sustracción de 100 ó 200 expedientes, el volumen mensual sólo de esta funcionaria sobrepasaría los 3.000 datos confidenciales sustraídos cada mes.

Los miembros de la trama tomaban especiales medidas de seguridad en sus comunicaciones por si eran vigilados y hablaban en clave. Los expedientes sustraídos, por ejemplo, eran “empanadillas”, “galletas”, “fotocopias”, “teléfonos”, “hojas” o “camisetas”. Los pagos en efectivo se llamaban “referencia”. Por ejemplo, cuando un empleado decía a su interlocutor “referencia 450” era porque tenía que abonarle 450 euros.

Con Montse Furio, el modus operandi era similar al que tenía con  Mercedes. El pasado 2 de enero, la empleada del Inem se comunicaba con Paco.

Montse: Ya tienes las empanadillas todas... que has encargado. Ya están todas... ya nos las han preparado todas.

Paco: ¿Cuándo te va bien? ¿A las tres?

Montse: Sí, aquí en las dos plazas de parking. Allí te las entrego. Son... ehhh... 149... pues... cuatro... cien... 447.

Las entregas, en un parking

En otras palabras, debía entregar 149 datos, a tres euros cada uno, total, 447 euros. Además, el punto de encuentro es siempre el mismo: el parking subterráneo que hay en la plaza de Cataluña de Barcelona, en la entrada de la Rambla de Cataluña. Con Montse, se detectaron continuos intercambios de documentación, a la que también se referían en ocasiones como “camisetas” o “galletas”. Todos los encuentros fueron vigilados de cerca por los agentes del grupo de Seguridad Privada de Barcelona del CNP, que se hizo cargo de las investigaciones. El día 3 de enero, por ejemplo, vendió otro paquete de datos por 414 euros. Y el día 5 de enero, otro por 384 euros. La funcionaria, además, llegó incluso a facilitarle el número directo del teléfono de la oficina del INEM “porque siempre está a mi lado” por si se olvidaba el móvil en casa.

De las investigaciones se desprende que Paco gradúa perfectamente los encargos para repartirlos entre los cuatro funcionarios que tiene a su servicio. En ocasiones, el volumen de trabajo en la oficina es tal que no tienen tiempo material de cumplir el encargo y por ello posponen los encuentros. El 10 de enero, por ejemplo, Montse se excusa. “Ayer y hoy ha sido brutal, una salvajada, porque he tenido que estar atendiendo casi exclusivamente... dejando mis... mis cosas... exclusivamente a la atención del usuario... el público…“.

Venta de declaraciones de renta

Otra rama de la trama de informadores tenía a otros funcionarios comprados, tanto del Inem como de Hacienda. Es lo que se desprende de los contactos que mantenían el intermediario Juan Antonio Rama, alias Juanito, con el detective barcelonés Ramón Cot.

Según fuentes del sector, Ramón Cot llegó a ser distinguido con una mención honorífica por la Policía en 2010 por su “especial dedicación e iniciativa en determinadas actuaciones relacionadas con la investigación privada”. Jugador consumado de billar, Cot fue contratado también por el Circuit de Catalunya como responsable de la seguridad dentro del recinto. Pero su verdadera especialidad parecía ser la extracción de datos confidenciales de la Administración, área donde desplegaba claramente su especial dedicación e iniciativa. En sus conversaciones con Juanito, ambos hacen referencia a las “consultas R”, es decir, a declaraciones de renta. Ramón cobra entre 1.300 y 1.500 euros por cada declaración facilitada, pero hace rebajas en el precio si se piden varias. Además, propone a su interlocutor en un momento determinado ampliar la adquisición de datos confidenciales a las empresas de alquiler de coches Hertz y Avis, donde, según asegura, puede extraer “todos los datos”.

Ramón: Los de uno punto tres, te bajo 100 euros cada uno, los dejamos en uno punto dos [se refiere a que en lugar de cobrar 1.300, le cobrará 1.200 euros por expediente de renta]. Los de uno punto cinco, te los dejo a uno punto tres. En la persona física, te lo saco todo siempre. Siempre habíamos dicho uno punto cinco las físicas. Y te rebajaba siempre a uno punto tres las jurídicas. Estaba en función de qué jurídicas hubiera... y siempre hemos hecho uno punto cinco la fina. Te lo he dicho otras veces... si tiene coche... los antiguos financieros no están en la R. Te estoy rebajando cuatrocientos euros, macho. Cuatrocientos euros que dejo de ver yo. A mí no me van a rebajar.

Juanito: ¿Cuál es uno punto...? ... si sólo es la R... me piden sólo la R. O sea, lo de las cuentas es lo mismo. Pedir, tengo que pedir todo. Lo de las cuentas quedaría también en uno... bueno, pues nada. Pídelo, pero pídelo ya... y el DNI te lo daré en cuanto me llegue.

En noviembre del año pasado, Juanito le comunicó al investigador que consiguió un cliente capaz de realizar 1.000 consultas mensuales de “laborales”. Conocedor de que el detective tiene un contacto en la Administración, le propone que pague estos expedientes al funcionario a 13 euros y ellos cobrarle al cliente 15 euros cada consulta, por lo que ganarían 1.000 euros mensuales cada uno sin despeinarse.

Juanito: A ver, tres cosas. ¿Cómo va el tema ése que falta? (...) Él me ofrece que nos daría mil y nos lo pagaría a quince... Le estamos dando mil... no hay que adelantar el dinero. Tienes que decirle a trece, para que nos quede un euro a cada uno. No vamos a hacer la cosa sin ganar nada. Tendremos que ganar un euro cada uno mínimo... Aseguramos 13.000 euros todos los meses.

Acto seguido, Cot envía un SMS a Ana María Xicola con un escueto mensaje: “Me garantiza 1.000 mensuales si las dejamos a 12 euros”. Y poco después, remite otro mensaje a Juanito: “Última apretada, a 13 € para mí, 14 € para ti. Ponte las pilas”.

Los traficantes de datos implicados en la ‘Operación Pitiusa’ extraían de los listados de la Seguridad Social unos 3.000 expedientes mensuales, según estimaciones de los investigadores. Este número se iba a quedar muy corto en el presente año, en que se disparaba la demanda. El intermediario que controlaba a los funcionarios era Francisco ‘Paco’ Pérez, que tenía a sueldo a cuatro funcionarios de la oficina del Inem de Badalona, detenidos el pasado 7 de marzo: David Vitales, Mercedes Gómez, Carmen Huelves y Montserrat Furio. A su vez, este intermediario trabajaba para un matrimonio con domicilio en Badalona, Ana María Xicola y Eduardo Ferrer, que pasaban la información a detectives o despachos de asesores de toda España.