Los licenciados en Derecho consiguen librarse del máster obligatorio tras convencer al PP

Después de meses de lucha y cuando ya miles de futuros abogados habían dado la batalla por perdida, los estudiantes de Derecho han conseguido su objetivo: todos los que iniciaron sus estudios en el plan de Licenciatura estarán exentos de realizar un máster para poder ejercer. Esta titulación extra, de funcionamiento similar al MIR que deben superar los estudiantes de Medicina tras licenciarse, fue aprobada en 2006 y había entrado en vigor el pasado octubre entre numerosas quejas de los jóvenes afectados.

Los estudiantes que habían empezado la carrera como Licenciatura denunciaban la discriminación que suponía equipararles con los de Grado (que siguen el ‘Plan Bolonia’) puesto que ellos realizan un curso más y un número mayor de créditos. Actualmente conviven ambos sistemas, y las Licenciaturas se extinguirán de forma definitiva en el año 2015. A eso se le sumaba la desigualdad producida entre los estudiantes de Licenciatura que terminaron la carrera antes del pasado septiembre y los que lo hicieron después, ya que los segundos estaban obligados a realizar el máster a pesar de haber realizado exactamente los mismos estudios que sus compañeros que terminaron antes. Finalmente, las reivindicaciones han sido escuchadas y solo deberán cursarlo los graduados.

“No nos hemos rendido nunca”

Tras la presentación de la enmienda, el presidente de ANALAP (Asociación Nacional de Afectados por la Ley de Abogacía y Procura), José Beceiro, no ocultaba su satisfacción en declaraciones a ‘El Confidencial’, señalando lo que a su juicio ha supuesto la clave para alcanzar este desenlace: “No nos hemos rendido nunca”.

Y es que el camino de las reivindicaciones estudiantiles ha sido largo y tortuoso, con varios momentos en los que parecía que la cuestión había quedado cerrada. A lo largo del año 2010 los estudiantes organizaron movilizaciones en facultades de Derecho de toda España, protestas que no fueron escuchadas por el Ejecutivo socialista pero sí otras fuerzas políticas como el Partido Popular, Izquierda Unida y UPyD. Tanto es así que la exclusión de todos los licenciados fue solicitada por el Partido Popular en una moción presentada en el Senado el pasado septiembre, por lo que los estudiantes confiaban en que se llevase a cabo con el cambio de Gobierno.

No obstante, la llegada de Alberto Ruiz-Gallardón a Justicia supuso un jarro de agua fría para sus aspiraciones, ya que el ministro realizó una serie de declaraciones contradictorias que no hacían presagiar una modificación sustancial de la ley. Los estudiantes multiplicaron entonces su presión hacía numerosos diputados a través de las redes sociales, y consiguieron llevar su problema a cualquier medio de comunicación que entrevistara a Gallardón. Además, a finales de febrero, cientos de ellos se echaron a la calle en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao.

Todo fue en balde. Apenas una semana después de las movilizaciones, la vicepresidenta primera del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los estudiantes de licenciatura realizarían solo la parte práctica del postgrado. Una medida que trataba de contentar tanto a los estudiantes (que se liberaban de parte del máster) como a las universidades y colegios de abogados encargados de impartirlo, que ya contaban con que la aplicación de la ley les reportaría sustanciosos ingresos.

“Lo hemos conseguido por el trabajo en privado”

Tras este anuncio, el movimiento reivindicativo se diluyó, y la mayoría de los estudiantes asumieron que debían aceptar este mal menor. Sin embargo, los representantes de ANALAP siguieron trabajando con todos los grupos parlamentarios para convencerles de que postura era justa. “Hay veces que los políticos hablan sin empaparse de las cosas claramente, pero mantuvimos reuniones con Educación y con Justicia para exponerles la situación”, explica Beceiro.

Según el presidente de la asociación, los estudiantes hicieron ver a los diversos grupos parlamentarios que las universidades no estaban preparadas para impartir el máster y que “si aún no se ha llevado a cabo una ley del 2006, es que la ley está mal hecha”. Estas reuniones se concretaron en las enmiendas presentadas al proyecto de ley por parte de UPyD , IU y CiU, cuyos representantes (como Gaspar Llamazares o Carlos Martínez Gorriarán) llevaban tiempo apoyando públicamente a los estudiantes.

Finalmente el Grupo Popular presentará una enmienda que señala que “los títulos profesionales que se regulan en esta ley no serán exigibles a quienes obtengan un título de licenciado en Derecho con posterioridad a la entrada en vigor de la misma”, para satisfacción de miembros del partido como la presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Jurado, que en su momento se comprometió a conseguir esta modificación y que posteriormente tuvo que admitir ante los estudiantes que no había sido posible. “Se hace justicia con miles de licenciados que podrán ejercer una profesión sin la discriminación a la que les había condenado el Gobierno socialista”, ha declarado Jurado.