Los otros intereses de sus señorías: desde una farmacia a una medalla al mérito policial

La Ley deja claro que la labor parlamentaria requiere una dedicación absoluta e incompatible con otras actividades, pero, como suele ser habitual, el Pleno del Congreso ha vuelto a dar luz verde sin mayor problema a las otras ocupaciones de buena parte de sus señorías. Intereses que van desde la práctica de la medicina o la gestión de una farmacia hasta el cobro de una pensión por una medalla al mérito policial pasando por el ejercicio de la abogacía, la profesión con más adeptos entre los parlamentarios y que podrían ejercer, en sus otras horas, cerca de una treintena de diputados.

La mayor parte de los parlamentarios, sin embargo, desempeña otras funciones en la administración local o provincial como alcaldes o concejales. De hecho, más de 70 diputados pueden compatibilizar su escaño con estas otras funciones políticas siempre que ello no conlleve un menoscabo de su función como representantes de la soberanía nacional. Algo difícil de asimilar en la veintena de alcaldes con presencia en el escaño como los 'populares' Teófila Martínez (Cádiz), Rosa Romero (Ciudad Real), José Ignacio Landaluce (Algeciras), Pilar Barreiro (Cartagena) y María Jesús Bonilla (Tarancón) o los nacionalistas de CiU Marc Solsona (Mollerusa) y Carles Páramo (Roses), y el socialista valenciano Ximo Puig (Morella), recién elegido líder del PSPV.

La lista incluye también más de sesenta concejales, fundamentalmente del PP pero también del PSOE, así como un presidente de Diputación Provincial -Arturo García Tizón, de Toledo- y un consejero de Cabildo Insular (el tinerfeño Manuel Luis Torres), ambos del PP que, supuestamente, tienen tiempo para dedicarse por completo a su función parlamentaria. En su mayoría, eso sí, renuncian a su sueldo local –excepto dietas por asistencia a plenos- para quedarse con su percepción como diputados. Excepción que no cumplen la concejala del Ayuntamiento de Madrid, Eva Durán, y el alcalde de Roses, Carles Páramo (CIU), que han preferido quedarse con el sueldo del consistorio.

Mario Mingo podrá seguir ejerciendo como médico, al igual que José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, que además es gerente de centros médicos sin conciertos oficiales. Pilar Grande ejerce a su vez como directora médica de una empresa privada de servicios médicos con aseguradoras en la que no percibe ninguna retribución.

A María Pilar Lucía Carrasco se le ha autorizado a que ejerza como tutora en la UNED, donde percibe 150 euros al mes por su trabajo. Aunque uno de los casos más llamativos es el de Federico Cabello de Alba, alcalde de Montilla (Córdoba) y ex comisario. La comisión del Estatuto del Diputado ha autorizado que siga recibiendo la pensión que le corresponde como acreedor de una medalla al Mérito Policial con distintivo rojo. A Arsenio Pacheco, por su parte, se le permite continuar con su farmacia de Abanilla, en Murcia, sin posibilidad de recibir remuneración alguna del sector público.

También se permitirá compatibilizar el escaño con el ejercicio de actividades docentes a una quincena de diputados, entre ellos profesores asociados como Rafael Simancas (portavoz de Fomento del PSOE), Conrado Escobar (portavoz de Interior del PP) y José Ignacio Azpiroz (presidente de comisión), o profesores de posgrado como Antonio Erias Rey (PP) y Angeles Alvarez (PSOE).

Entre estos docentes figura un catedrático del CEU y director del Instituto de Estudios Europeos en esta misma Universidad, el diputado del PP José María Beneyto. A Beneyto se le da el plácet por tratarse de una universidad privada, puesto que, en caso de ser pública, los diputados deben renunciar a dirigir un proyecto académico, además de al sueldo. Eso es, precisamente, lo que le ha ocurrido a Iñaki Antigüedad, diputado de Amaiur, que ha renunciado a su escaño al dar prioridad a la actividad docente.

Entre las actividades autorizadas destaca también el caso de cuatro diputados que a la vez forman parte de consejos de entidades financieras -Elvira Rodríguez (PP) y Germán Augusto López (PSOE), de Caja Madrid; el socialista Francisco González Cabaña  (Unicaja) y el 'popular' José Ignacio Llorens (Gesmadrid, vinculada a Caja Madrid)--, e incluso otro que ocupa un asiento en el Consejo de Telemadrid.