Gallardón indulta a un cargo corrupto de CiU mientras endurece el código penal

El compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy para perseguir la mala gestión de los recursos públicos, así como la determinación de Alberto Ruiz-Gallardón para endurecer el código penal, chocaron ayer con los indultos concedidos a un exalto cargo de CiU, condenado por corrupción, y a su cómplice, también vinculado a la coalición. Josep María Servitje Roca, exsecretario general de Trabajo de la Generalitat de Cataluña durante el mandato de Jordi Pujol, y el empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña, ambos militantes de UDC, fueron condenados en 2009 por prevaricación y malversación de caudales públicos, pero el Ejecutivo decidió el pasado viernes conmutar las penas de prisión por una multa.

Los indultos aparecieron ayer en el BOE con la correspondiente firma del ministro de Justicia, desatando críticas por lo poco ejemplar de la decisión e, incluso, relacionándola con el reciente apoyo de CiU a la reforma laboral. Y es que, como recuerda la disposición del Gobierno, Servitje fue “autor de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos a la pena de cuatro años y seis meses de prisión y seis años de inhabilitación absoluta”. Por los mismos delitos, Lorenzo Acuña fue castigado con años y tres meses de prisión, y cuatro años de inhabilitación.

Los hechos se remontan a 1994, cuando, según la Audiencia de Barcelona, el exsecretario general de Trabajo desvió 46.157 euros de fondos públicos para subvencionar ocho informes sin interés elaborados con plagios y copias de otros documentos. Las beneficiarias de ese dinero fueron dos empresas de Lorenzo Acuña, quien entonces era concuñado del portavoz adjunto de CiU en el Congreso Josep Sánchez Llibre. Ahora, sus penas han sido conmutadas por sendas multas de 3.650 euros.

Los partidos políticos catalanes, salvo PP y CiU, han rechazado el indulto y han cargado contra los últimos acuerdos entre estas dos formaciones. Desde el PSC se tachó de mala noticia, mientras que los portavoces de ICV y ERV fueron más allá, preguntándose “qué ha habido a cambio” de esta decisión, y apuntando a la “oscuridad” del pacto popular-convergente. “Parece que la letra pequeña del pacto llevaba indultar a los políticos corruptos de CiU, es un escándalo”, remachó Albert Rivera, líder de Ciudadanos.

Mano dura contra los robos y la mala gestión pública

Pero, al margen de estas interpretaciones políticas, lo cierto es que el indulto contradice el cambio en el código penal que prepara el Gobierno para tipificar como delito las infracciones más graves en la gestión pública. “La mala gestión de los recursos públicos no puede seguir perjudicando únicamente a quién paga, sino que tiene que generar consecuencias a quién malgasta”, advirtió en enero la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que encabeza las reformas de transparencia y regeneración prometidas por el Ejecutivo.

Además, la generosidad de Gallardón al indultar a dos condenados por corrupción contrasta con su mano dura a la hora de endurecer el código penal. Entre los planes del ministro de Justicia está la introducción de la “cadena permanente revisable” para ciertos delitos, la modificación de la ley del menor o la prioridad para los casos de reincidencia. Es decir, que los robos inferiores a 400 euros puedan ser considerados delitos, en lugar de faltas como hasta ahora. Mano dura de la que se han librado Servitje y Lorenzo Acuña, al igual que Alfredo Sáenz, consejero delegado del Santander, obtuvo un controvertido indulto del Gobierno en funciones de José Luis Rodríguez Zapatero.