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Gallardón pone en pie de guerra a los jueces: ‘gobierna a golpe de decreto ley’
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MALESTAR POR LA AUSENCIA DE DIÁLOGO

Gallardón pone en pie de guerra a los jueces: ‘gobierna a golpe de decreto ley’

Las aguas de la judicatura bajan revueltas. ¿La causa? La decisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de marginar a las asociaciones de jueces y al

Foto: Gallardón pone en pie de guerra a los jueces: ‘gobierna a golpe de decreto ley’
Gallardón pone en pie de guerra a los jueces: ‘gobierna a golpe de decreto ley’

Las aguas de la judicatura bajan revueltas. ¿La causa? La decisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de marginar a las asociaciones de jueces y al propio poder judicial.

Los denunciantes ponen como ejemplo que el pasado lunes, 27 de febrero, el exalcalde de Madrid se reuniera con varias asociaciones de jueces para hablar sobre los problemas del sector, pero no les dijo nada sobre la inminente aprobación de varios decretos leyes que pretenden, según la referencia del Consejo de Ministros, la modernización de la justicia. Los jueces no se quejan del contenido. Lo que critican es que no se les consulte pese a que lo preceptivo es remitir al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con carácter previo el texto de las normas que pretende aprobar el Gobierno.

El Consejo de Ministros aprobó, en concreto, un decreto ley que ha irritado a los jueces. Se refiere a la puesta en marcha de una normativa sobre resolución voluntaria de conflictos a través de la mediación, tanto en la jurisdicción civil como mercantil. Lo que sorprende es que esta norma -que es una mera trasposición de una Directiva comunitaria- se haga mediante decreto ley, lo que vulnera la doctrina del Tribunal Constitucional, que en diferentes sentencias se ha mostrado muy restrictivo a la hora de utilizar este instrumento  para la aprobación de las normas. Sobre todo si se tiene en cuenta que Gallardón tenía sobre su mesa un anteproyecto de ley sobre este mismo asunto elaborado por el anterior Gobierno. No había, por lo tanto, tal urgencia.

Igualmente, se considera un dislate el haber creado diversas comisiones que se encargarán de la reforma de la ley del poder judicial y de la ley de enjuiciamiento criminal. En este caso,  lo que se cuestiona es su composición, ya que se margina a los jueces que están ‘a pie de calle’, en palabras de un destacado miembro del poder judicial. En su lugar, el Ministerio de Justicia ha tirado de magistrados del Tribunal Supremo y de otros especialistas alejados de los problemas que tienen tanto los juzgados de primera instancia como las audiencias provinciales.

“El Gobierno puede hacer lo que quiera”, dicen las fuentes, “pero lo que no es de recibo es que pretenda crear comisiones no representativas de la carrera judicial”. Se pone en duda, incluso, que ese tipo de comisiones -que trabajarán durante cinco meses “sin remuneración salarial”, como dice la norma- sirvan para algo. “Ya se sabe”, se asegura, “que lo mejor para no hacer nada es crear una comisión”, insiste la fuente. En su opinión, todo el mundo sabe los problemas de la justicia, lo que hay que hacer es resolverlos, pero sin dilaciones mediante la creación de comisiones escasamente operativas.

Inquietud y malestar

Las críticas sobre la gestión de Gallardón no proceden sólo de los sectores ‘progresistas’ del poder judicial. También otros miembros de la judicatura representantes de sectores conservadores cuestionan los primeros pasos del titular de Justicia. “Se dedica a hacer declaraciones sobre asuntos de interés político, pero en su ámbito no está haciendo nada”, insisten las mismas fuentes, que refieren una creciente inquietud y malestar.

La falta de diálogo es tal que algunas voces aseguran que corre peligro el propio pacto de Estado por la Justicia que busca el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Así, en el Congreso Gallardón no ha empezado a abordar ninguna reforma legislativa de calado, más allá de anunciar la creación de los Tribunales de Instancia, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o una nueva Ley de Planta y Demarcación que defina el mapa judicial de España.

Aunque no es un asunto que dependa sólo de Ruiz-Gallardón, lo cierto es que continúa paralizada la renovación del Tribunal Constitucional. Y al parecer, la intención del ministro es aplazarlo para el verano, prolongando así el incumplimiento de las obligaciones del Parlamento que lleva varios años dilatando dicha renovación, lo que ha minado el prestigio de esta institución.

También se le acusa de hacer dejación de funciones al no haber sabido enfocar la reforma laboral emprendida por el Gobierno de Mariano Rajoy. Los especialistas creen que la reforma creará un colapso de los juzgados de lo Social: La reforma suprime el filtro de la autoridad laboral -se podrá hacer una regulación de empleo sin autorización administrativa-, pero, al mismo tiempo, se permite que cualquier afectado paralice los despidos en los juzgados.

Aunque todavía es pronto para evaluar el impacto de la reforma sobre el volumen de trabajo en los juzgados, lo cierto es que llueve sobre mojado. Y hasta el Poder Judicial han llegado quejas de que algunos jueces tienen que dictar sentencias con tres leyes en la mano. La anterior a la reforma laboral del PSOE, la aprobada en su día por el Gobierno de Zapatero, y la nueva, que amenaza con incrementar la litigiosidad.

Las aguas de la judicatura bajan revueltas. ¿La causa? La decisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de marginar a las asociaciones de jueces y al propio poder judicial.