La Policía pagó 17.000 euros por informes que valen 3.000 en el mercado

El Juzgado de Instrucción nº 26 de Madrid investiga desde hace semanas un presunto caso de corrupción en la adjudicación de obras en edificios de la Policía. La causa está declarada secreta y afecta al Departamento de Obras y Arquitectura, que habría adjudicado obras y proyectos a empresas constructoras y despachos de arquitectos a cambio de comisiones, según la denuncia. La denuncia desvela pagos por un informe que triplican el precio habitual en el mercado.

El origen de la investigación es un anónimo de nueve folios que explica el método de adjudicación de las obras e identifica a las empresas que habrían sido beneficiadas. Un portavoz de la Policía manifestó a este diario que el citado escrito lo recibió la Intervención Delegada de Hacienda, que lo remitió a la Dirección General Policía. Ésta, a su vez, lo puso en conocimiento de su Unidad de Asuntos Internos (que investiga los casos de corrupción en el Cuerpo), que dio traslado de la denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, y ésta al Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid.

El denunciante demuestra un gran conocimiento del funcionamiento del Departamento de Obras y Arquitectura de la Policía, lo que hace sospechar que puede tratarse de un funcionario destinado en el mismo. Así, explica cómo se fracciona el coste de una misma obra para evitar que salga a concurso público y se adjudique sin publicidad, en ocasiones a varias empresas propiedad de la misma persona para no levantar sospechas.

El escrito contiene casos concretos de obras, como una llevada a cabo en una comisaría de Madrid que se fraccionó en tres partidas (dos de 60.000 euros y otra de 42.000, en números redondos) para adjudicarse a dos empresas constructoras que tienen el mismo domicilio social y el mismo administrador único, como ha comprobado este diario en el registro mercantil. Esta persona subcontrata después las obras con otras constructoras, limitándose su papel a la de mero intermediario.

Decisiones inexplicables

En otros casos, proyectos en otras localidades distantes de Madrid se conceden a constructoras de la capital en lugar de a otras localizadas en la misma provincia para evitar encarecer el proyecto. También se encargan proyectos básicos y segundos proyectos de ejecución a un mismo arquitecto, distanciando ambas adjudicaciones en anualidades consecutivas para que no llame la atención el fraccionamiento del pago. Y se han llegado a pagar cerca de 17.000 euros por la redacción de un informe cuando el precio de mercado por este tipo de trabajo ronda los 3.000 euros.

El mayoritario Sindicato Unificado de Policía (SUP) presentó el pasado 31 de enero una denuncia al Fiscal General del Estado con una copia del mismo escrito anónimo, que llegó a la sede del sindicato en un sobre sin remitente. Posteriormente ha denunciado otros casos de presuntas irregularidades cometidas año atrás, sin que entonces se abriera ninguna investigación por parte de la Dirección General de la Policía.