Las mayores filtraciones judiciales en democracia

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha abierto diligencias informativas sobre el caso ‘Palma Arena’ que investiga el juez José Castro Aragón, con la finalidad de esclarecer las filtraciones en la instrucción del sumario tras la denuncia que presentó el abogado defensor de Jaume Matas. La decisión del órgano judicial no es nueva. En otros casos similares también se han abierto diligencias pero siempre sin éxito. En este caso en concreto, el juez Castro ha advertido que es "físicamente imposible" garantizar que no se produzcan "indeseables filtraciones". La explicación que dio: el elevado número de profesionales que física y legalmente tienen acceso a los soportes de grabación. Y no le falta razón. En un procedimiento judicial tienen acceso al sumario el juez, el fiscal con sus correspondientes funcionarios, los abogados, el secretario judicial, los policías que intervienen y en definitiva todo el personal que el magistrado estime oportuno. La filtración se puede producir por cualquier sitio, desde el encargado de transportar el sumario hasta el de fotocopiarlo. Según Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo, “las filtraciones se pueden evitar, el problema es que nuestro sistema procesal lo permite. Si el responsable solo fuera el fiscal no habría filtraciones. Algo que ya se da en la fiscalía del Tribunal Internacional o en la mayoría de países de la UE”.

En la misma línea se ha manifestado Jesús María Zarzalejos, profesor asociado de Derecho Procesal en la UCM, “la porosidad que hay en un juzgado es enorme. Son extraordinariamente permeables y las filtraciones se pueden producir por muchos conductos. En Inglaterra tienen una ley de desacato para proteger el derecho a un juicio justo”. “El día que un tribunal anule un juicio y absuelva a un acusado por vulnerarse su derecho a un juicio justo se acabarán las filtraciones”, añade Zarzalejos.

El secreto del sumario está recogido en el Capítulo VII del Código Penal, que establece que el juez, miembro del tribunal, fiscal, secretario judicial, abogado, procurador  o cualquier funcionario de la Administración de Justicia que revelare actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial será castigado con las penas de multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de uno a cuatro años. Y en esa dirección se manifiesta la mayoría de jueces y magistrados. Para José Antonio Perea Unceta, Catedrático de Derecho Internacional de la UCM, “los órganos colegiados tienen deliberaciones secretas y cuando juran los cargos también juran guardar la confidencialidad”. Sin embargo, han sido muchas las ocasiones en los que se han filtrado sumarios e información de distintos procesos judiciales en España, convirtiendo este país en uno de los que más se vulnera el derecho a un juicio justo.

‘Caso Gal’

Entre 1983 y 1987 los GAL cometieron en el sur de Francia un total de 33 atentados contra supuestos miembros de ETA, en los que murieron 26 personas y por los que se condenó, entre otras personas, a José Barrionuevo, Ministro de Interior y Rafael Vera, Secretario de Estado para la Seguridad. La polémica saltó cuando el diario El País anticipó la sentencia en una información atribuida a una filtración procedente del tribunal. Según el fallo que adelantó el periódico madrileño, el tribunal condenaría a los altos cargos, y no erró en su pronóstico. La filtración a la prensa produjo un duro enfrentamiento entre el PP y PSOE hasta el punto de que el mismo Tribunal Supremo abrió una investigación para tratar de esclarecer quien filtró la información.

Acerca de esta investigación, el exfiscal general del Estado por aquel entonces Leopoldo Torres dijo que era "prácticamente imposible llegar a algún resultado, ni del autor ni de los motivos" por los que se produjo. En opinión de Torres, la dificultad estriba en el hecho de que "el filtrador no se pone en evidencia cuando, sin duda, persigue algún interés, y el receptor de la filtración siempre se ampara, con éxito, en el secreto profesional". No le faltaba razón porque no se llegó a ninguna conclusión.

Los ‘papeles del Cesid’

En diciembre de 1996 el Ministerio de defensa abrió una investigación interna para determinar el origen de la filtración de los autos judiciales que contenían los llamados ‘papeles del Cesid’, publicados por los diarios españoles El País y El Mundo bajo la rúbrica "fuentes de la Audiencia Nacional" y que prácticamente se estaban entregando por facsímiles. Algunos de los autos fueron reproducidos íntegramente por los periódicos. Javier Gómez de Liaño llamó incluso a declarar al periodista de El País Miguel González y remitió un escrito al presidente de la Audiencia Nacional en el que mostraba su "malestar e indignación" por el hecho de que hubiese llegado a la prensa el auto secreto. El por entonces titular de Defensa, Eduardo Serra, reconoció que sospechaba de la existencia de un topo del anterior equipo, pero no se pudo demostrar nunca.

‘Caso Gürtel’

Un mes después del sobreseimiento de la causa contra Francisco Camps y Ricardo Costa en relación con el 'caso Gürtel', una juez de Madrid ordenó investigar las filtraciones del sumario en varios medios de comunicación españoles. Los hechos que se hicieron públicos tenían que ver con la divulgación de la grabación registrada por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) a unos de los imputados de la trama, Álvaro Pérez “El Bigotes”, en la que aseguraba haber regalado bolsos de Louis Vuitton a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, entre otras cosas. Esteban González Pons acusó al Gobierno del PSOE de ser el responsable, pero el Fiscal General del Estado Cándido Conde Pumpido respondió a la acusación del PP que las filtraciones son "inevitables" y las atribuyó "al derecho de libertad de información". La Fiscalía las investigó pero nunca se supo quién las había pasado.

Juicio a Alfredo Sáenz

La Sala Penal del Supremo condenó en 2011 a Alfredo Sáenz, consejero delegado del Banco Santander, a ocho meses de prisión, multa e inhabilitación especial para cualquier empleo relacionado con la banca por unos delitos de presentación de una acusación falsa y de estafa procesal cometidos, por aquel entonces, hacía 17 años, delito que por cierto fue después indultado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo curioso del caso es que, como muy bien denunció José Antonio Zarzalejos en un artículo de El Confidencial, el diario El Mundo publicó la condena antes de que la sentencia se hubiera redactado por completo. Es decir, que no estaban redactados completamente los votos particulares de dos magistrados discrepantes que formaban parte esencial de la resolución. El interesado y su banco, en consecuencia, no tenían noticia de lo que había resuelto el TS cuando abrían estupefactos el periódico de Pedro J., que en ese caso en concreto no acertó del todo con el fallo.

‘Caso Palma Arena’

Probablemente unos de los juicios que más filtraciones periodísticas ha sufrido, las cuales se estuvieron alargando hasta un año en el tiempo y que derivaron en ‘juicios públicos’ y paralelos" sobre la gestión del exmandatario autonómico Jaume Mata y su patrimonio personal. Por aquel entonces, los servicios jurídicos del Partido Popular presentaron una queja formal en el CGPJ para que investigara las supuestas, pero tampoco se pudo averiguar nada.

‘Caso Campeón’

Las sucesivas filtraciones a la prensa sobre el sumario (aún bajo secreto) del 'caso Campeón', que afecta al exministro de Fomento, José Blanco, dos exparlamentarios gallegos y varios exaltos cargos de la Xunta, están siendo investigadas actualmente por las fiscalías del Estado y de Lugo, así como por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. El 4 de octubre de 2011 el diario El Mundo reveló que el principal imputado en la 'Operación Campeón', el empresario Jorge Dorribo, había declarado ante la juez de Lugo que pagó comisiones en metálico tanto al ministro de Fomento, José Blanco, como a los exdiputados autonómicos Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG). Según un vocal del CGPJ de la lectura de las informaciones realizadas sobre la supuesta trama de consecución de subvenciones públicas se deduce que los periodistas pudieron tener acceso a la exposición razonada de la juez San José (titular del juzgado lucense), "cuando ya había sido recibida en el Tribunal Supremo".