Mas aparca la independencia y tiende puentes a PP y PSC

Pactos, pactos y pactos. Ésta es la prioridad que tiene en estos momentos Convergència i Unió (CiU), que ayer aprobó los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el 2011 gracias a la abstención del Partido Popular (PP). Los números de Artur Mas, como se encargó de poner de manifiesto el diputado popular José Antonio Coto, son los presupuestos que han contado con menor apoyo “en lo que llevamos de siglo XXI y demuestran la debilidad parlamentaria de CiU”: fueron aprobados por 62 votos a favor (CiU, a quien faltaba un diputado, y Joan Laporta), 54 en contra y 18 abstenciones (PP).

Por eso, los nacionalistas consideran que su gran prioridad son los pactos. De hecho, ya han comenzado a maniobrar para alcanzar otro con el fin de sacar adelante los presupuestos de 2012, que serán discutidos y votados el próximo otoño (los de este año no pudieron aprobarse el pasado al estar disuelto el Parlamento como consecuencia de la convocatoria de las elecciones autonómicas para el 28 de noviembre). E incluso el diputado convergente Antoni Fernández Teixidó proclamó ayer durante la discusión parlamentaria que “a ver si podemos traducir esta voluntad de pactos y acuerdos para los presupuestos del 2012”. Sin embargo, dejó caer que “casi los tenemos”.

Solventados los acuerdos con PP para que se pudiesen aprobar los del 2011 y solventada también la abstención de PSC, PP y Esquerra Republicana (ERC) para aprobar las tres leyes ómnibus que prepara para fin de año el Gobierno (aunque los republicanos presentarán una enmienda a la totalidad a una de ellas), al Gobierno de la Generalitat le interesa ahora, sobre todo, atar otro acuerdo para los próximos presupuestos. ¿El motivo fundamental? CiU sólo tiene 62 diputados, pero la mayoría absoluta se sitúa en 68, por lo que ha de pactar para sacar adelante los temas.

A ello ayudará el equilibrio mantenido por Artur Mas, que ha de hacer encajes de bolillos para contentar a todos. Por ello, durante la sesión plenaria del Parlamento de ayer, se desmarcó de una posible consulta por la independencia. El diputado Joan Laporta preguntó a Mas por la estrategia a seguir “en el proceso hacia la independencia de Cataluña”. Pero el President fue tajante: a pesar de que la última encuesta pública cifra en el 42% el número de ciudadanos a favor de la secesión, respondió a Laporta que todavía “no hay una mayoría clara” a favor de la independencia. Además, insistió en que promover la independencia en esta legislatura sería “un fraude”, puesto que ni CiU llevaba este punto en su programa ni él lo asumió en su discurso de investidura. Sin embargo, los convergentes sí tienen entre sus temas urgentes la promoción del “derecho a decidir”, que esperan reivindicar en la segunda parte de la legislatura, juntamente con la consecución de un pacto fiscal para Cataluña similar al vasco y al navarro.

Con este desmarque, Mas asegura la centralidad de su Gobierno y deja las puertas abiertas a posibles acuerdos con socialistas y populares, es decir, con la segunda y la tercera fuerzas parlamentarias, que anteponen las cuestiones económicas y sociales -aunque con diferentes puntos de vista- a los asuntos identitarios.

Los socialistas recriminaron ayer al presidente catalán que los presupuestos recogían recortes sociales que promueven un modelo social y económico que ellos no aceptan. “Ustedes aprueban unos presupuestos que hacen mal al país. Son de resignación, no de reacción; de recortes, no de reformas”, dijo la diputada Rocío Martínez-Sampere. En otras palabras, que es un presupuesto “insensato en términos económicos y en términos sociales”.

El pleno que aprobó los presupuestos coincidió, precisamente, con el día en que un juzgado de Barcelona declaró improcedente un despido cuyas motivaciones estaban basadas en los recortes presupuestarios. En febrero pasado, el jefe del área de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) fue despedido alegando causas organizativas y económicas, ya que esta entidad pública tenía que recortar su plantilla un 5% y la masa salarial un 6%. Según una nota del Colectivo Ronda, que se hizo cargo de la defensa del trabajador, la sentencia “fija jurisprudencia y, sin duda, influirá en los procesos de despidos en las empresas públicas que se planteen en el futuro”. Y ello porque, subraya, “los organismos públicos pueden y, de hecho, han de prestar servicios deficitarios de los cuales no obtengan beneficios económicos”. O sea, una sentencia reveladora durante una jornada en la que se oficializan, parlamentariamente hablando, los recortes del Gobierno catalán.

Un Gobierno maltratado

Todos los partidos estuvieron de acuerdo, sin embargo, en que el Gobierno catalán está siendo maltratado por el Gobierno español, que no paga lo que debe, especialmente los 1.450 millones de euros del Fondo de Competitividad, que hubieran supuesto un importantísimo balón de oxígeno para la Generalitat y que, con ellos en el cajón, hubiera podido conseguir los objetivos de reducción de déficit que reclama Madrid. Otra cosa son los 759 millones que el Estado pagará, por fin, a Cataluña, y que no son otra cosa que los fondos pendientes en infraestructuras que debería haber pagado en el año 2008. Madrid se comprometió a pagarlos durante la reunión de la comisión bilateral de este martes.

Pero este dinero irá íntegramente a reducir el déficit catalán, lo que desagrada a parte de la oposición. Los primeros en protestar han sido los de ICV. El diputado Joan Boada instó ayer a Mas a utilizar el dinero en gasto social y no en reducir el déficit. “Y si se cobra el Fondo de Competitividad, igual”, subrayó. Mientras, la diputada socialista Martínez-Sampere reconoció que “reducir el déficit es muy difícil de conseguir. Pero la reducción no es un ejercicio contable, sino una decisión política. Este tripartito de derechas [se refiere a Convergència, a Unió y al PP] hizo, además, una cosa inaudita: eliminar ingresos [con la supresión del Impuesto de Sucesiones] y, además, reducir el gasto”.

Pero mientras Artur Mas hace un ejercicio de equilibrio identitario, el consejero del Interior, Felip Puig, tira de la cuerda por el extremo contrario. En la sesión de control de ayer en el Parlamento catalán, admitió que en sus vehículos particulares lleva en la matrícula la pegatina CAT en vez de la E de España. Y eso no fue obstáculo para que su vehículo fuera identificado y multado por exceso de velocidad. La posición de Puig, uno de los exponentes del ala soberanista de Convergència, enervó a los populares. La presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, recriminó a Mas que se rodease de consejeros que se vanaglorian de ser “infractores” y de pagar multas. Máxime cuando la normativa prevé que la matricula ha de llevar la E de España o, en caso contrario, el agente de la autoridad puede multar al conductor.