Condena 'simbólica': el Supremo rebaja a tres meses de inhabilitación la pena a Sáenz

El Tribunal Supremo ha condenado al actual consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, a tres meses de arresto y de inhabilitación para ejercer cualquier actividad bancaria por un delito de acusación falsa contra unos deudores de Banesto, entidad que presidió tras ser intervenida en 1993. 

Los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo, que han tardado más tiempo de lo normal (casi tres meses) en redactar la sentencia, han decidido finalmente rebajar la pena que impuso la Audiencia Provincial de Barcelona en diciembre de 2009 a Alfredo Sáenz, que fue condenado a seis meses de prisión por el delito de acusación y denuncia falsa, pero fue absuelto del de intento de estafa procesal. La sentencia también es inferior a la que se filtró a la prensa el pasado mes de enero, que decía que el Supremo le iba a condenar a ocho meses. Finalmente han sido tres. 

En una nota remitida a la CNMV, el consejo de administración del Banco Santander ha mostrado su apoyo a Saénz. "Desde el máximo respecto a las decisiones judiciales, le ha ratificado su confianza para que continúe en el desempeño de sus funciones como consejero delegado del Banco", dicen.

Sáenz recurrirá al Constitucional

El consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, recurrirá ante el Tribunal Constitucional la condena a tres meses de prisión e inhabilitación para ejercer cargos dentro del sector bancario dictada por el Tribunal Supremo por un delito de acusación falsa cometido en 1994 cuando era presidente de Banesto, según confirmaron a Europa Press fuentes cercanas al banco.

El consejero delegado de la entidad cántabra presentará recurso de amparo ante el Constitucional por vulneración de derechos fundamentales. La resolución del recurso por parte del Constitucional podría durar cerca de dos años. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado Sáenz a tres meses de prisión e inhabilitación por un delito de acusación falsa a un acreedor de Banesto junto al antiguo ejecutivo de Banesto, Miguel Ángel Calama, y el abogado Rafael Jiménez de Parga.