que recogen un claro rechazo de la violencia de ETA. Los servicios antiterroristas de la Policía y la Guardia Civil trabajan en sendos informes que reconocen la legalidad de la documentación presentada, pero aseguran que disponen de pruebas "contundentes", según sus palabras, de que Sortu es
y no procede su inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior. Los estatutos y los citados informes serán remitidos en los próximos días al
. Las fuentes de Interior consultadas manifestaron a este diario que lo más probable es que la Fiscalía plantee un "incidente de ejecución" de la sentencia que en su día declaró ilegal a Batasuna para que le sea aplicada a Sortu. La última palabra, en cualquier caso, la tendrá la Sala del 61 del Supremo.
Los estatutos de la nueva formación desvelaron ayer la identidad de sus cuatro promotores: José Javier Artola Zubillaga, Miren Karmele Agirregabiria, Rakel Jausoro y Maider Etxebarría, que ejercerá como secretaria general y líder de Sortu hasta que se celebre el congreso constituyente. Todos ellos perfectos desconocidos para la opinión pública y para los servicios de información, a los que no les consta la militancia previa de ninguno de ellos en otras organizaciones de la izquierda abertzale ilegalizada. Curiosamente, Iñaki Zabaleta, profesor de Periodismo de la Universidad del País Vasco, que ha ejercido de portavoz en la presentación pública del partido, el martes en Bilbao y ayer en Madrid, no figura entre los promotores.
Preguntas sin respuesta
En su comparecencia ante los medios de comunicación en la sede de la Asociación de Amigos de la Unesco Zabaleta leyó el mismo documento que el día anterior desgranó en la capital vizcaína con la apuesta de Sortu por las vías exclusivamente política y democráticas y la condena de todo tipo de violencia, incluido la de ETA, pero cuando se disponía a cerrar el acto se encontró con una avalancha de preguntas que intentó eludir sin demasiado éxito. A la interpelación de qué pensaba hacer Sortu para ganarse la credibilidad de la sociedad pidió "tiempo y una oportunidad para demostrarlo", pero eludió pedir a ETA que desaparezca cuando se le planteó que esa sería la prueba irrefutable de su ruptura con el pasado. Hasta ahí no llegó.
"Hemos dicho que somos un proyecto nuevo que rechaza y reniega de la violencia", se defendió como pudo, visiblemente incómodo ante una situación inesperada. "No somos la continuidad de nada y nadie nos fagocitará", insistió. El acto estaba tan planificado que terminó siendo un fiasco. Zabaleta rehusó facilitar una copia de los estatutos, que ya estaban colgados en la edición digital del diario Gara; a identificar a los promotores y firmantes de los estatutos, que obviamente figuran en los estatutos, y a aclarar cualquier otra cuestión que no estuviera en el guión previamente marcado.
Tajante rechazo de la violencia de ETA
Los estatutos aportan escasas novedades a lo ya conocido. Rufi Etxeberría e Íñigo Iruin hicieron el lunes la primera presentación de Sortu en el palacio Euskalduna de Bilbao. Allí, el primero de ellos leyó un texto que ha resultado ser el capítulo preliminar de los estatutos, e Iruin incidió en los aspectos formales que se han incorporado a ellos para cumplir fielmente la Constitución y la Ley de Partidos. Tras su definición como un partido independentista, socialista y euskaldun que aspira a la formación de un Estado vasco, es en el artículo 3, en el apartado dedicado a su "actividad externa", donde Sortu de desmarca claramente de ETA y de las anteriores formaciones de la izquierda abertzale.
El texto dice que todos los militantes de Sortu se guiarán por los siguientes criterios: el "rechazo firme e inequívoco de todo acto de violencia y terrorismo (una palabra hasta ahora tabú) y de sus autores"; el "rechazo de quienes fomenten, amparen o legitimen actos de terrorismo, oponiéndose, de manera clara y expresa, a cualquier justificación conceptual y cobertura ideológica de los mismos", y el "rechazo de cualquier clase de connivencia política y organizativa con la violencia, con las formaciones y los instrumentos políticos que han sido ilegalizados por razón de esa connivencia, así como con cualquier manifestación del fenómeno terrorista". Si no los cumplieran, serían expulsados del partido.
El peligro de la "continuidad"
El redactor del texto ha hecho especial hincapié en desligar al nuevo partido de anteriores formaciones de la izquierda abertzale para impedir, precisamente, que pudiese ser considerado una continuación de las mismas; el argumento que va a utilizar el Gobierno para intentar evitar su legalización. "No se trata de la reconstitución o refundación de organizaciones ilegalizadas, sino de materializar una nítida separación y una indubitada ruptura respecto de ellas", es un ejemplo de esa voluntad. Otro párrafo en la misma dirección dice textualmente que "el nuevo proyecto político y organizativo de la izquierda abertzale supone una ruptura con los modelos organizativos y formas de funcionamiento de los que se ha dotado ese espacio social y político en el pasado y, por tanto, con los vínculos de dependencia a que aquéllos daban lugar. Se trata con ello de impedir su instrumentalización por organizaciones que practiquen la violencia, o por partidos políticos que fueron ilegalizados y disueltos por razón de su connivencia con ella". Una indisimulada referencia a ETA, y el reconocimiento implícito de que Batasuna actuó siguiendo sus instrucciones.
Perdida en el texto, casi escondida, una resolución importante: la posibilidad de fusionarse con otro partido si así lo acuerda un congreso extraordinario convocado al efecto. Un anticipo de una futura e hipotética unidad de acción, y tal vez de siglas, con EA y Alternatiba, las otras dos formaciones del llamado "polo soberanista". El resto del documento es una enumeración de los órganos de representación, gobierno y administración, similares a los de cualquier formación legal.