Rubalcaba se esconde mientras crece el acoso violento de los 'indignados' a los políticos

Mientras todas las fuerzas políticas condenaban ayer con dureza el asedio de cientos de indignados al Parlamento catalán y descalificaban los brotes de violencia contra los diputados que trataban de acceder al edificio, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, guardaba silencio. Aunque la Generalitat tiene plenas competencias en materia de seguridad ciudadana, los principales sindicatos policiales exigieron a Rubalcaba que "haga cumplir la ley" para acabar con la "tolerancia total" hacia grupos de exaltados del Movimiento 15-M, que en las dos últimas semanas han dejado atrás sus protestas pacíficas para acosar, intimidar, agredir e insultar a decenas de cargos públicos.

Desde el presidente de la Generalitat, Artur Mas, al líder del PP, Mariano Rajoy, pasando por el presidente del Congreso, José Bono, o el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, representantes de todo el arco político rechazaron ayer con firmeza las insólitas escenas de violencia física y verbal protagonizadas por grupos de indignados para impedir la entrada al Parlamento de Cataluña a los diputados que acudieron a debatir los Presupuestos de la Generalitat, que incluyen un recorte del 10% en el gasto público. Pero el ministro del Interior, desaparecido durante toda la jornada, se limitó a telefonear a última hora a Mas para expresarle su apoyo ante los disturbios.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP) reclamaron a Rubalcaba "firmeza" para evitar la sensación de impunidad, tolerancia y "manga ancha" hacia los grupos de indignados que, tras las elecciones municipales y autonómicas del 22-M, han dado un giro radical y violento a su estrategia, que culminó ayer con los "vergonzosos" incidentes de Barcelona. Los dos sindicatos policiales mayoritarios ya advirtieron la semana pasada a Rubalcaba que el Ministerio del Interior necesita un ministro "a tiempo completo, las 24 horas del día", y le exigieron que deje el cargo "cuanto antes" porque es incompatible con su dedicación a la tarea de candidato a La Moncloa.

Madrid, Valencia, Barcelona...

Lo ocurrido ayer en Barcelona no es, ni mucho menos, un hecho aislado. La pasividad de Rubalcaba ya se hizo evidente durante la última campaña electoral, cuando ignoró la resolución de la Junta Electoral Central que declaró ilegal la acampada de los indignados en la Puerta del Sol de Madrid. Después, el vicepresidente del Gobierno también toleró las concentraciones de protesta frente al Congreso de los Diputados, los actos violentos junto a las Cortes valencianas y el acoso a alcaldes y concejales, el pasado fin de semana, durante la constitución de los nuevos ayuntamientos.

El propio Rubalcaba ofreció otra muestra de debilidad el pasado viernes, cuando decidió suspender un acto en Valencia con militantes socialistas por temor a que fuera reventado por grupos violentos del Movimiento 15-M. Ese mismo día, al concluir la reunión del Consejo de Ministros, el candidato socialista anunció que dejará el Ministerio del Interior antes de las elecciones generales previstas para la próxima primavera, pero rehusó concretar una fecha y si también dejará de ser vicepresidente y portavoz del Gobierno. La acumulación de cargos y poder de Rubalcaba -que también va a tomar las riendas de la negociación con el PP para renovar el Tribunal Constitucional- ha abierto un sordo debate en el PSOE entre partidarios y detractores de su hiperliderazgo.

¡Democracia Real Ya!, una de las plataformas que impulsó el Movimiento 15-M, se desmarcó ayer del violento asedio al Parlamento catalán, que atribuyó a "una minoría" que "no representa el espíritu" de los indignados. "El camino para lograr nuestros objetivos pasa por actuaciones pacíficas y, en todo caso, por la desobediencia civil", señaló en un comunicado. Rubalcaba deberá enfrentarse a una nueva prueba de fuego el próximo domingo: ese día se han convocado más concentraciones de protesta en diferentes puntos de España, entre ellos el Congreso de los Diputados.