Mas reivindica su derecho a realizar consultas populares sin el permiso de Madrid

El Gobierno catalán impulsará una ley en la primera etapa de su legislatura para poder convocar consultas populares sin necesidad de tener el permiso del Gobierno central, según declaró este miércoles el presidente de la Generalitat, Artur Mas, durante la sesión de control en el Parlamento autonómico. A una pregunta de Ciutadans, Mas replicó que los organismos catalanes deberían poder consultar a su ciudadanía. “Eso debe regularse sin necesidad de que todo nos lo autorice Madrid”, subrayó el president. Para llevar adelante su intención, dejó claro que “una cosa son las consultas populares y otra los referéndums”. Esta matización podría, al final, eludir la inconstitucionalidad de la norma, ya que las primeras se circunscriben a un grupo de ciudadanos o territorio que deben emitir su opinión sobre un tema que les afecta. El referéndum, sin embargo, sería una consulta en la que están llamados a las urnas los mismos votantes que en unas elecciones y sus resultados son vinculantes.

Tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía recogen que los referéndums sólo se pueden convocar previo permiso del Estado, aunque el segundo detalla también que la Generalitat sí puede realizar consultas populares. La ambigüedad del texto de la ley de consultas aprobada por el Tripartito hace un año provocó un recurso del Gobierno central que ha sido admitido a trámite recientemente por el Tribunal Constitucional, dejando en suspenso su aplicación mientras tanto no se substancie.

El presidente de Ciutadans, Albert Rivera, le recriminó a Mas que el Gobierno esté más interesado en organizar consultas soberanistas que en aprobar una nueva ley electoral, que es la asignatura pendiente que tienen los partidos catalanes. Y ahí aprovechó el presidente de la Generalitat para introducir el tema de la ley de consultas. “¿En el siglo XXI, un Gobierno y un Parlamento de un país como Cataluña no pueden consultar, aunque no sea por vía de referéndum, a su ciudadanía para conocer su opinión?”, respondió Mas.

La asignatura pendiente de los partidos catalanes

Y, a continuación, afirmó que también espera sacar adelante la nueva normativa electoral, aunque para ésta “es preciso un amplio consenso”. A pesar de incidir en que es muy difícil y complicado pactar la normativa, se comprometió a intentar llegar a un acuerdo “en los dos primeros años de esta legislatura”. Estos dos temas, pues, entran dentro de su agenda en la primera etapa de su Gobierno.

La vicepresidenta del Gobierno, la democristiana Joana Ortega, señaló también que desde el Gobierno se quiere impulsar la norma “con el máximo consenso posible” y que ésta se hará en todo momento con “corrección constitucional y estatutaria”. Para CiU, la ley aprobada el año pasado por el Tripartito era poco ambiciosa y, por ello, en su momento votó en contra de la misma.

Paralelamente, el martes se hicieron públicos los resultados de la Encuesta Europea de Valores, aunque el sondeo fue realizado en el año 2009. Lo sorprendente es el aumento del independentismo en la última década, frente al descenso de los partidarios del autonomismo. Dirigida por el catedrático de Deusto Javier Elzo y por el director de la Cátedra Liderazgos y Gobernanza de Esade, Ángel Castiñeira, la muestra desvela que en los últimos diez años el independentismo subió del 8% al 21% de la población, mientras que el autonomismo retrocedió, en el mismo periodo, del 50% a casi el 30%. La opción federalista se sitúa en el 20%, por lo que ya ha sido superada por los partidarios de la independencia.