Los recortes de personal amenazan con colapsar los juzgados catalanes

No sólo la sanidad y la enseñanza están en riesgo en Cataluña tras los ajustes anunciados hace algunas semanas por el presidente de la Generalitat, Artur Mas. La justicia catalana también corre el riesgo de colapsarse en un futuro próximo si el Gobierno autonómico aplica el mismo tijeretazo. Ésta es la afirmación que realizan todos los representantes de los trabajadores consultados por El Confidencial. Hasta ahora, no se ha presentado aún ningún plan de choque para los juzgados, pero tampoco se han cubierto ninguna de las bajas por jubilación, enfermedad, vacaciones o muerte. “Algunos juzgados deberán desistir a la hora de hacer los números. Con la actual situación, se han multiplicado los expedientes en los juzgados de lo social, mercantil o contencioso, aunque también hay mucho trabajo en lo penal. Casi todos se encuentran colapsados y comienza a haber problemas”, dice a este diario Patxi Borrero, secretario de la Federación de Administración General de la Unión general de Trabajadores (UGT). Tanto es así que en Reus, por ejemplo, se llegó a cerrar los juzgados por falta de personal.

La situación se ve agravada por el hecho de que Justicia es uno de los sectores con mayor índice de interinidad. En Cataluña, este sector emplea a 10.000 trabajadores, 6.000 de ellos en Barcelona. Y los interinos suponen el 40% del total. “Lo malo es que no se recurre a los interinos para cubrir vacantes y desaparecen plazas”, subraya Xavi Navarro, portavoz de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO). Borrero añade que “entendemos que no se aumenten las plantillas por el clima general de contención de gasto, pero lo que queremos es que, por lo menos, se cubran las vacantes. Si se mantiene el ritmo de los últimos meses, la previsión de plazas caerá a límites alarmantes y sólo se podrá dar a los ciudadanos un servicio con una calidad muy pobre. Además, es muy posible que se tengan que suspender juicios por falta de personal”.

El Gobierno acordó el pasado 15 de marzo permitir sustituciones hasta un máximo del 50%, tanto con personal interino como con personal laboral “para garantizar el funcionamiento de la Administración de Justicia durante los meses de prórroga presupuestaria”. Estos empleados servirían para sustituir a personal funcionario de los cuerpos de médicos forenses, gestión procesal y administrativa, tramitación procesal y administrativa, auxilio judicial y de la categoría laboral de técnicos de patología forense. La medida, según los sindicatos, no se ha cumplido. “No se cubre nada. La cobertura en caso de bajas o vacantes es cero absoluto”, subraya Patxi Borrero.

De momento, sin embargo, todo son conjeturas sobre los posibles tijeretazos, ya que sólo existe la amenaza del recorte general anunciado por Mas: un 10% de promedio en la Administración. La consejería de Justicia se reunirá con los sindicatos después de Semana Santa para estudiar la situación y negociar un plan de ajuste.

La misma medida que en justicia se debería tomar en el sector de la enseñanza. “Se trata de personal que realiza labores de apoyo esencial a la actividad docente y de atención directa al alumnado en ámbitos como el primer ciclo de la educación infantil (0 a 3 años), la educación a niños con necesidades educativas especiales o el apoyo administrativo a la preinscripción, matriculación, gestión y el mantenimiento de los centros docentes de titularidad de la Generalitat de Cataluña”, decía el acuerdo de Gobierno del 15 de marzo. Sin embargo, aunque es cierto que se cubren sólo la mitad de las jubilaciones, hay otras categorías, como las técnicas de educación infantil o de refuerzo que no se cubren. El personal laboral de la enseñanza mantiene movilizaciones periódicas para reivindicar la cobertura de ese 50% de las bajas.

La seguridad, la que menos recortes sufre

Otras áreas de la Administración tienen más suerte. En seguridad, por ejemplo, los recortes son menores. “Sólo se han notado en que la promoción de este año, en que debían ser nombrados 800 nuevos Mossos d’Esquadra, han sido nombrados sólo 600. Pero los otros 200 no se pierden, sino que se acumulan a promociones posteriores”, señala a este diario Valentí Anadón, secretario de Acción sindical del Sindicat Autònom de Policia (SAP-UGT). La menor incidencia en el personal se debe a que en este sector todos los trabajadores son funcionarios y no existen interinos o contratados laborales.

La pasada semana, los representantes sindicales de los agentes se reunieron con la cúpula de la consejería de Interior, pero no fue para abordar ningún plan de choque, sino para analizar los primeros cien días del gobierno de Mas. “Sólo nos dijeron que estamos en época de recorte y que no hay dinero, aunque no estamos sujetos a restricciones de personal que puedan tener otros sectores como sanidad o enseñanza”, añade Anadón. Por su parte, David Miquel, portavoz del Sindicat de Policía de Catalunya (SPC), señala que “lo único que han hecho es quitarnos las horas extras y que en la promoción de este año han salido menos Mossos. Pero nada más. Incluso no se ha recortado la plantilla de escoltas. Nuestros problemas son otros. Por ejemplo, que se cumpla lo pactado con la anterior dirección para que nos faciliten chalecos antibalas. Con la crisis, cada vez hay más delincuencia y hemos notado también que aumenta la presencia de armas de fuego en las calles. Por eso llevamos reivindicando que nos doten con chalecos desde hace tiempo. Pero si tienen que recortar, hay muchos sitios por donde hacerlo. Por ejemplo, eliminar algunas prerrogativas que tienen los políticos o eliminar cargos de asesores muy bien remunerados pero con un trabajo que nadie sabe muy bien cuál es”.