Seis pueblos siguen reclamando el cementerio nuclear a pesar del desastre de Fukushima

Los alcaldes de Ascó (Tarragona), Yebra (Guadalajara), Villar de Cañas (Cuenca), Zarra (Valencia), Santervás de Campos y Melgar de Arriba (Valladolid) siguen empeñados en ser los elegidos para albergar el Almacén Nuclear Centralizado (ATC) que el Gobierno lleva más de un año sin adjudicar. Son los vecinos quienes no lo tienen claro. Unos quieren que se produzca energía, pero que los residuos nucleares se guarden lejos de sus casas. Otros esperan ansiadamente un aluvión de empleo en el pueblo: 500 puestos fijos en cinco años, más los puestos fijos de mantenimiento. 

Las noticias procedentes de Japón son cada vez más alarmantes, y los "antinucleares" aprovechan el desastre de Fukushima para criticar que no se garantiza la seguridad en el almacenamiento de los residuos radiactivos. Sin embargo, ninguno de los seis alcaldes que han solicitado albergar el cementerio en su tierra se ha retractado. Juan José Rubio, primer edil de Zarra, reafirma que mantiene la candidatura del municipio porque, a su juicio, “es el modo de poner más seguridad a las centrales nucleares”.   

Según el alcalde, el hecho de que la central nuclear de Cofrentes se halle cerca al lugar donde se quiere instalar el ATC provoca que la determinación sea “más fuerte aún”, puesto que es un modo de “poner más seguridad a las centrales nucleares”. Óscar Fernández, alcalde de Melgar de Arriba, utiliza el mismo tono. “El ATC es una necesidad que tiene el país. No podemos estar eternamente alquilando a Francia sus instalaciones y gastarnos millones de euros. Además, el almacén es totalmente seguro”.

Entre los argumentos que utilizan los que reclaman el cementerio en su territorio prevalece el que es un almacén temporal, que durará 50 o 60 años y desaparecerá. También tranquilizan a sus vecinos asegurando que los ATC son totalmente seguros, que hay que almacenar los residuos nucleares que ya existen y que los 60.000 euros diarios que el Ejecutivo paga a Francia por “guardar” los residuos vendrían muy bien a la localidad, asfixiada por la crisis. Por su parte, los antinucleares alegan que ellos no quieren vivir cerca de la “basura nuclear”, que es una oportunidad que implica muchos riesgos, ya que “todo el mundo dice que la gente enferma, que hay muchos más casos de cáncer y de otras enfermedades provocadas por la radioactividad que se filtra a la tierra y al agua”. Tampoco se fían del dinero “que llueve del cielo”, porque el “montón de millones que traerá el cementerio al municipio” es una compensación por los riesgos que asumen sus vecinos.  

Aurelio González es el alcalde de Mondéjar, un pueblo localizado a 13 kilómetros de Yebra. Cuando oye hablar de los beneficios que “dicen” que traerá a la comarca el cementerio nuclear, siente que le están ofreciendo gratuitamente un caramelo envenenado. “El único culpable de esta escisión en Yebra y en la comarca es el Gobierno. Él es quien debería haber tomado la decisión de dónde es el mejor lugar para ubicar el cementerio, y no trasladar esa responsabilidad a un ayuntamiento”. Por eso, traslada al Ejecutivo que si es una “necesidad nacional”, deberían haber incluido a los 8.000 municipios que hay en España “y elegir el lugar más idóneo para albergarlo”.

El Gobierno deberá tomar una decisión urgente

Desde las Plataformas Anticementerio Nuclear, como la de Guadalajara, consideran que la actitud que está manteniendo la AMAC, aprovechando estos momentos para instar al Gobierno a que tome una decisión urgente sobre el emplazamiento del futuro cementerio nuclear, "evidencia sus verdaderos intereses".

"A la AMAC, como al alcalde de Yebra y quienes le protegen, no les preocupa la seguridad de los residuos nucleares y mucho menos la seguridad de la población. Lo que verdaderamente les interesa es que se decida la ubicación del cementerio nuclear en un pueblo perteneciente a esta asociación, como es el caso de Yebra, para conseguir los millones que el cementerio lleva aparejados", señalan en un comunicado.