La parálisis del Gobierno de Griñán ‘ahoga’ a las empresas andaluzas

El bloqueo al que está sometido el Gobierno de la Junta de Andalucía por la profunda crisis interna que vive el PSOE-A ha provocado voces de alarma entre el empresariado, sobre todo del sector de la construcción. Deudas pendientes, recortes de inversiones y el maremágnum que supone el cambio en la Administración con el nuevo organigrama de sociedades, han bloqueado la gestión en un Ejecutivo autonómico que en sólo dos años ha llegado a tener cinco consejeros diferentes de Obras Públicas y Vivienda.

Ya nadie se acuerda ni se arriesga a creer ni en la segunda modernización de Andalucía que dejó pendiente Chaves, ni de la Andalucía sostenible con la que Griñán quiso hacer frente a la crisis. Lo que los empresarios quieren es algo tan simple como cobrar las deudas que la Junta tiene contraídas con ellos, saber dónde tienen que dirigirse dentro de la selva de sociedades que cambian y ventanillas que se abren y cierran, mientras cientos de funcionarios siguen luchando contra el decreto del enchufismo, denunciando las corruptelas y sin saber en qué departamento estarán mañana.

Hace sólo unos días, en una consejería de la Junta, los funcionarios aparcaban casos de gestión diaria porque estaban esperando dos representantes del PP que iban a pedir papeles sobre los ERE, ya que no lo habían recibido por el procedimiento reglamentario después de haberlo solicitado al Gobierno de Griñán.

El sector más afectado por los impagos es el de la construcción. Los datos que constan en la Confederación de Empresarios de Andalucía, que preside Santiago Herrero, aportados a su vez por Fadeco, patronal de la construcción, y por la Cámara de Contratistas, cifran en 700 millones de euros la deuda que la Junta y sobre todo su Consejería de Obras Públicas tiene pendiente con las empresas del ramo.

A ello se suma la deuda pendiente también con los proveedores sanitarios, a los que la Junta les debe ya, siempre según datos de la CEA, casi 1.000 millones de euros, y que de seguir con esta deriva podría tener consecuencias para el sistema hospitalario y la atención sanitaria en Andalucía.

¿Dónde esta la Lay de Morosidad?

La Ley de Morosidad aprobada hace meses no se cumple, y en vez de los treinta días que se establecen como límite para que empresas y proveedores cobren de la Administración pública, la Junta cumple los pagos con una media de 550 días de demora. En esta tesitura, el presidente de la CEA, Santiago Herrero, ha pedido una reunión urgente de la Mesa de Pagos de la Junta para establecer un calendario que sirva de referente a las empresas para vislumbrar el futuro a medio plazo con un mínimo de esperanza.

Las consecuencias de esta situación van a derivar en el cierre de 1.800 empresas relacionadas con el sector de la construcción este mismo año, según datos del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), que preside Enrique Figueroa. Los impagos y recortes han provocado ya que las plantillas laborales en las empresas del sector se hayan reducido en un 42% desde el ejercicio 2008, en el que se ha incrementado la deuda pendiente con la Junta en un 36%. Y, por otra parte, el modelo público-privado que se quiso poner en marcha, auspiciado por el ministro de Fomento, José Blanco, ha fracasado en Andalucía, donde son prácticamente inexistentes las obras puestas en marcha por este sistema.