CiU y PP pactan abrir otra ‘embajada’ catalana en Brasil

Los pactos suscritos ayer entre Convergència i Unió (CiU) y el Partido Popular (PP) contemplan una “nueva orientación de las funciones y la gestión de las oficinas de acción exterior de la Generalitat, priorizando el máximo nivel de apoyo a las necesidades de internacionalización de la economía y la empresa catalanas”. En otras palabras, una transformación de lo que popularmente se conoce como embajadas de la Generalitat en el exterior. Es más, ambos partidos ya han pactado que muy probablemente no se abra la proyectada embajada en Argentina. Por intereses económicos, interesa más abrir esa delegación en Brasil, en tanto que es una de las principales economías emergentes del mundo. “Además, desde Brasil podría ocupase también de todo el cono sur americano”, señala una fuente que participó en las reuniones entre ambos partidos. De este modo, como subrayó ayer la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, “se acaba la etapa del delirio de la política exterior de Carod-Rovira. Marcamos un punto de inflexión y comienza el sentido común”.

Fuentes del PP reconocieron también a El Confidencial que el Gobierno se ha comprometido a estudiar una mejor coordinación de las oficinas exteriores con las ya existentes y que pertenecen al Copca, un organismo de promoción económica de la propia Generalitat. “En la medida de lo posible, se fundirán las oficinas abiertas con las de este organismo”, subrayaron las mismas fuentes. De este modo, además, la carga política que podían tener las embajadas queda diluida en la labor de promoción que realiza el Copca. El Gobierno de Mas, asimismo, se comprometió a “no ir por libre”, sino a coordinar sus acciones con las de las embajadas españolas y, cuando sea posible, a “unificar actividades con las oficinas que tienen abiertas otras comunidades en el exterior. De esta manera, se pueden ahorrar esfuerzos y dinero”.

Los acuerdos firmados, señaló ayer Sánchez-Camacho, se deben a un motivo esencial: “El contexto político de grave crisis económica y el agujero de deuda y números rojos que dejó la gestión de 7 años de Tripartito hace necesario un ejercicio de responsabilidad”. Con ello, además, el PP “evita un escenario de inestabilidad política y económica”. A cambio de cumplir con los puntos del acuerdo, el PP se abstendrá en la votación de los presupuestos. Y eso es suficiente. De esa manera, Mas podrá sacar adelante los números de este año y se aleja definitivamente el fantasma de la inestabilidad o de una nueva convocatoria de elecciones.

El documento, firmado por el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, el portavoz de CiU en el Parlamento, Jordi Turull, el portavoz del PP en esta cámara, Enric Millo, y el secretario general del PP catalán, Jordi Cornet, consta de ocho puntos. En ellos, se pacta la racionalización, reducción y simplificación del sector público de la Generalitat, reduciendo el 10% de las entidades públicas existentes y un 20% las aportaciones a las mismas. En una segunda fase, la reducción de los organismos públicos alcanzará al 25% de los mismos. El Gobierno se compromete, asimismo, a garantizar por ley presupuestaria, que asumirá las desviaciones extraordinarias que sean consecuencia de la caída del PIB, pero este déficit será paliado más tarde: tendrá tres años para volver a la situación inicial de estabilidad. Además, el gasto público no podrá crecer por encima del crecimiento del PIB. También se comprometen a evitar en lo posible el impacto de los recortes en los sectores de sanidad, educación y bienestar social. En materia financiera, el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), destinará este año un mínimo de 25 millones de euros, además de los 350.000 ya presupuestados, para avales a trabajadores autónomos. Y se aplicará una deducción en el tramo autonómico de la cuota íntegra del IRPF del 15% por obras de adecuación de la vivienda habitual de personas discapacitadas.

Medicamentos genéricos por ley

Paralelamente, CiU y PP firmaron una agenda de compromisos en materia sanitaria para mejorar la atención primaria y para priorizar las operaciones, teniendo en cuenta, en primer lugar, el impacto en la calidad de vida y luego, el riesgo de complicación durante la espera, el tiempo de espera de los pacientes en la lista, la efectividad clínica de la intervención y el uso de los servicios sanitarios durante la espera.

En este capítulo, sin embargo, el punto más importante es la intención de modificar la legislación para que el catálogo farmacéutico “incluya y fomente los medicamentos genéricos y los que tengan un precio menor de acuerdo con la relación entre el coste y la efectividad”. Asimismo, el PP incluyó la creación de una “plataforma única de procesos de compra y distribución  de los medicamentos”. Se trata, según indicaron fuentes populares a este diario, de “racionalizar los costes. Si se tiene una plataforma de estas características, se compra para todos. Y en ese caso, se pueden abaratar costes. Además, con el levantamiento de la suspensión que el Tribunal Constitucional había puesto al Gobierno gallego en materia de recetas de genéricos, aquí se abre la puerta para hacer lo mismo y es una oportunidad de conseguir un importantísimo ahorro. Sabemos que aquí hay farmacéuticas muy fuertes que no ven bien un cambio de este calibre, pero en época de crisis, hay que ser un poco prácticos. Y podemos ahorrar con una acción eficiente”.