La oposición quiere que Mas comparezca en el Parlament por el caso Palau

El caso Palau será, durante las próximas semanas una piedra en el zapato del presidente catalán, Artur Mas. La comisión de Justicia del Parlamento catalán acordó citar al secretario del Gobierno, Germà Gordó, para que dé explicaciones sobre el cambio de criterio del Consorcio del Palau de la Música, que tras la toma de posesión del líder de CiU dio marcha atrás y decidió no apoyar las tesis del fiscal y oponerse a la investigación sobre dos altos cargos de Convergència, una postura que sorprendió a propios y a extraños, ya que el Consorcio del Palau había apoyado precisamente esa estrategia dos meses antes.

En ese organismo están representadas las Administraciones públicas (Generalitat, Ministerio de Cultura y Ayuntamiento de Barcelona) y su presidente es el jefe del Ejecutivo catalán. Lo malo es que el Consorcio tomó la decisión a través de los servicios jurídicos de la Generalitat, que una semana antes habían sido desmantelados por Artur Mas, y sin consultarlo con las otras dos administraciones.

En realidad, las otras dos entidades que forman el Palau de la Música (en las cuales no hay representación institucional), el Orfeó Català y la Fundación del Palau, comunicaron al juez en noviembre que no se sumaban a las peticiones de la fiscalía y que se oponían a que se investigase en una pieza separada el presunto desvío de milllones de euros hacia la Fundación Trias Fargas, vinculada a Convergencia. En el momento de tomar esa decisión, el Palau estaba presidido interinamente durante tres semanas por Josep Maria Busquets, un antiguo cargo en los gobiernos convergentes durante la época de Jordi Pujol. La decisión también la tomó éste sin contar con las cúpulas directivas del Orfeó y de la Fundación, lo que levantó airadas protestas.

Desde entonces, han pasado muchas cosas, judicialmente hablando: el juez decidió abrir un procedimiento separado para investigar el desvío de fondos del Palau y luego imputó al tesorero de Convergència, Daniel Osàcar, al ex directivo de Ferrovial Pedro Buenaventura (la empresa que presuntamente pagaba comisiones del 4% al Palau a cambio de obtener adjudicaciones de obras públicas del Gobierno de CiU) y a los empresarios Emilio Vidal y Álvaro Palao, administradores de la compañía GPO Ingeniería, cuya intermediación podría haber servido para canalizar parte del dinero desaparecido. La antigua cúpula de la institución musical, formada por Fèlix Millet, Jordi Montull y Gemma Montull, también está imputada en esta pieza. Ante el avance del proceso judicial, las juntas directivas del Orfeó y de la Fundación Palau de la Música acordaron este martes personarse como parte en el nuevo procedimiento. Además, el Orfeó ejercerá todas las acciones penales y civiles necesarias en esta pieza contra Millet, Montull y la hija de éste, Gemma, “reservándose el derecho de ampliar en el futuro el ejercicio de las acciones penales ante otros imputados, a la vista de los resultados de las diligencias que se practiquen durante la instrucción de la causa”.

La batalla política

Paralelamente a la batalla en los juzgados, se libra otra en las instituciones políticas. El primer episodio es la comparecencia del secretario del Gobierno. La comisión de Justicia, que está presidida por el ecosocialista Salvador Milà, ya dio el visto bueno a su presencia en la sede parlamentaria. La pasada semana, ICV también había pedido lo mismo en la comisión de Asuntos Interdepartamentales, pero un pacto entre CiU y los independentistas de Solidariat Catalana per la Independència (SI) evitó que la petición prosperase. En la de Justicia, no obstante, la representación del grupo mixto recae en Ciudadanos, que votó afirmativamente.

Ante ello, CiU quedaba en minoría, por lo que, en el último momento, sus representantes decidieron apoyar la comparecencia. “No tenemos problema para que Germà Gordó venga a la comisión. Y decidimos votar sí porque ya la semana pasada pidieron lo mismo y perdieron la votación. Nos tememos que se va a seguir pidiendo periódicamente en otras comisiones y no queremos entrar en esa dinámica. Además, no queremos dar la sensación de que queremos impedir que comparezca. Por tanto, que venga de una vez y se acabe el asunto”, señalan fuentes de CiU a El Confidencial.

Otra cosa es lo que puede dar de sí la presencia de Gordó. El propio Artur Mas ya dijo que la Generalitat no había dado ninguna orden de que los servicios jurídicos cambiasen de opinión repentinamente. Y el portavoz parlamentario de CiU, Jordi Turull, recordó que el secretario del Gobierno “podrá explicar poca cosa” del asunto. Pero los socialistas han solicitado ya “el informe que avala el cambio de criterio”. Para el portavoz de Ciudadanos, Jordi Cañas, “es obvio que hubo directrices políticas en esa decisión. Y no esperamos gran cosa de la comparecencia de Gordó, pero por lo menos hablamos y hacemos que se pronucnie en sede parlamentaria”.

La segunda fase será más delicada. ICV ya ha pedido la comparecencia de Artur Mas para dar explicaciones. Y otros grupos de la oposición están a la expectativa de lo que pueda pasar. C’s está dispuesto a secundar esa petición. “Mas podria comparecer en tanto que es presidente del Consorcio del Palau. Suscribiremos la petición de ICV”, señaló Cañas a este diario. Y los socialistas afirman que “lo más urgente es que comparezca Gordó. Luego, estamos dispuestos a valorar la comparecencia de Mas. Si hace falta, apoyaremos su presencia para que se pronuncie ante la cámara”. En ERC, la sensación es la misma, aunque desde el PP se ha de estudiar todavía la situación tras la comparecencia del secretario del Gobierno. La piedra le puede apretar, y mucho, al presidente de la Generalitat.