Medio millón de personas viven ya de la 'caridad' autonómica

Ciento cincuenta mil parados y sus familias (más de medio millón de personas) viven hoy de las ayudas económicas que ofrecen las comunidades autónomas: la llamada renta mínima de inserción. Es el último peldaño de una pendiente que lleva, en caída libre, desde el desempleo a la pobreza. Se terminó el seguro de paro y los otros subsidios que ofrece la administración central y ya sólo queda esta magra manutención, que lejos de ser un derecho subjetivo es una prerrogativa de los gobiernos regionales. Si esta asignación falla, y falla muchas veces por falta de presupuesto, sólo queda el apoyo de las instituciones caritativas y de las numerosas ONG´s que en los últimos tiempos están realizando verdaderas piruetas para lograr que los más necesitados lleguen a final de mes.

Y precisamente por eso, porque se trata de una prerrogativa, no todos los hogares sin ingresos, el 3% de las familias españolas, según los últimos datos de la EPA, perciben hoy esta prestación, tampoco quienes la cobran reciben la misma cantidad de dinero. La crisis ha dejado al descubierto el lastre que supone para estos programas asistenciales la falta de coordinación estatal. Hace unos años, eso daba igual, porque eran rentas residuales, dado su carácter de último recurso, pero hoy se han convertido en el asidero de muchos trabajadores con su “empleabilidad” en perfecto estado.

Como ponen de manifiesto Luis Ayala, Olga Cantó y Rosa Martínez en el informe El impacto de la crisis en la pobreza y en la desigualdad, no puede decirse que sean las comunidades autónomas más golpeadas por el crecimiento del desempleo, los territorios donde más haya aumentado el número de de beneficiarios. Al contrario. Eso se explica tanto por los recursos limitados de las regiones con mayores tasas de paro (Canarias y Baleares están teniendo verdaderas dificultades presupuestarias para dar cobijo económico a los más humildes) como por la diferente iniciativa política en la expansión de estos sistemas de protección social. Es decir, hay gobiernos regionales que prefieren dar más dinero a menos gente, y no al revés.

Sólo así puede explicarse que el País Vasco la ayuda individual ascendiera en 2009 (últimos datos disponibles) a 640,6 euros y en Murcia a 300 que en el caso de una pareja con dos hijos, la diferencia oscilara entre los 900,1 euros de País Vasco y los 498 de Murcia. En medio, los 807, 3 euros de Navarra, los 665,4 de Asturias, los 531,7 de Andalucía a o los 540, 4 euros de Madrid.

Más pobreza y desigualdad

Que la crisis económica se está cebando con las capas más humildes de la sociedad, y que lo está haciendo más intensamente que en ocasiones anteriores, es un dato objetivo. Sólo hay que echar un vistazo a la velocidad con que crece el número de beneficiarios de estas rentas mínimas para confirmar lo que la intuición social percibe, que está recesión se saldará con más pobreza y más desigualdad que las anteriores.

El número de beneficiarios aumentó más de un 50% en tan sólo dos años, pasando de algo más de 100.000 unidades familiares beneficiarias en 2007 a más de 150.000 en 2009, esto es, más de medio millón de personas. Muchos de ellos inmigrantes, cuyo número se duplicó entre 2008 y 2009. También ha crecido el número de titulares jóvenes, especialmente en Extremadura. Según pone de manifiesto el informe de Ayala, Cantó y Martínez, se trata del crecimiento más importante “en las dos décadas de vigencia de estos instrumentos, que ni siquiera en la primera mitad de los noventa, periodo en el que coincidido con la puesta en marcha de los programas, cobraron un ritmo de crecimiento tan alto”.

Y aún así, no están todos los que son, porque las comunidades autónomas no tienen dinero suficiente para paliar con dignidad todas las necesidades de su región. Y es que este crash ha dejado al descubierto la debilidad de la red de garantía de ingresos y la desprotección a un número creciente de hogares. Según Luis Ayala se recitarían cerca de 3.000 millones y el apoyo presupuestario del Estado para que todos los hogares sin ingresos recibieran por individuo una renta mínima de 450 euros. Pero en 2009, esta partida autonómica tan sólo ascendió a 600 millones de euros, de los que 269 fueron dispensados por el País Vasco.