Un informe detecta graves irregularidades en el servicio de emergencias de Cataluña

Los problemas de la sanidad catalana no sólo son los recortes previstos de 1.000 millones de euros en los presupuestos de este año. A este tijeretazo se añade ahora un demoledor informe sobre el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) que fiscaliza las actuaciones de este organismo de la Generalitat durante los años 2007, 2008 y 2009.

Sólo en las obras de su sede central, que fueron presupuestadas en 4 millones de euros en el año 2006, se gastaron en total 9.449.083,07 euros, ya que durante los últimos años se fueron añadiendo gastos extraordinarios. Estas obras, adjudicadas a la empresa Nordcontainer, fueron denunciadas en su día por la oposición y ahora se encuentran bajo investigación judicial.

Y es que los 4 millones iniciales pasaron en un año a ser 5,9 millones. Una certificación de obras de noviembre del año 2007 ya subía el coste a 7,6 millones. El mismo día de esta certificación, se reconocieron también otros 805.000 euros por el cableado de la nueva central unificada del SEM, lo que hizo subir la factura a 8,4 millones.

Pero tres meses después se añadió algo más de un millón de euros (por lo que la factura total fue de 9,4 millones) "en concepto de trabajos adicionales de 2007 y 2008 por obras de terceros, como la automatización de puertas exteriores, la instalación de climatización adicional, de energía solar y de grupo electrógeno, el acondicionamiento y limpieza del falso techo, la adecuación de los subterráneos, la modificación de los sistemas de control de accesos, la instalación de humidificadores, el arreglo de exteriores y jardines, la construcción de pasarelas de acceso para climatización o el pago de tasas administrativas".

Esa es sólo una de las irregularidades detectadas. En el año 2009, el SEM había adjudicado a una UTE la gestión operativa del sistema de emergencias, así como los medios y servicios de atención e información. En otras palabras, los servicios de gestión de Sanidad Tramita, Sanidad Programa, Sanidad Responde y Sanidad Llama. La UTE estaba formada por las compañías International Helth Services Argentina (IHSA) y Consorci Hospitalari de Catalunya Consultoria i Gestió. La calidad del servicio era tan deficiente que en el año 2009 la Administración acordó romper el contrato. Entre otras cosas, el sistema se colgaba periódicamente, a veces dos veces por semana.

El importe del servicio durante el último ejercicio fiscalizado era de más de 3,3 millones de euros, de los que se pagaron un total de 2,1 millones. Un informe interno de la propia Generalitat, sin embargo, detallaba que la evaluación económica de los servicios prestados oscilaba entre 307.000 euros y 571.000 euros, por lo que la UTE se había embolsado, como mínimo, 1.529.000 euros indebidamente. A tenor de estos datos, la Sindicatura concluye que "estos hechos podrían ser constitutivos de un posible indicio de responsabilidad contable".

El 3 de agosto del 2010, el SEM acordó rescindir el contrato e incautar la garantía, que ascendía a 224.400 euros. En octubre del año pasado, interpuso en los tribunales un recurso contencioso-administrativo y éstos le dieron la razón en enero del 2011. Después de la elaboración del informe, la Sindicatura tuvo conocimiento de que el servicio público de salud de la Generalitat (CatSalut) había enviado el tema a la fiscalía a finales del año pasado, por lo que las actuaciones de la UTE se encuentran bajo investigación en la actualidad.

Revisar los precios ilegalmente

La adjudicación de los servicios de emergencias médicas a domicilio en la ciudad de Barcelona también presenta actuaciones extrañas. En un principio, fueron adjudicados a la empresa Emergències Plus AIE por algo más de 8 millones y una duración de cuatro años. Pero la empresa solicitó un mes después el retraso en el inicio por "imposibilidad de recursos disponibles". Ello derivó en la rescisión de la mayor parte del contrato por mutuo acuerdo. La compañía se quedó sólo con un lote (el de la zona de litoral mar) por valor de algo más de 1,6 millones de euros.

Los otros cuatro lotes se adjudicaron directamente a Mutuam MPS, que comenzó a operar el 12 de febrero del 2008. En septiembre de ese año, se prorrogó y se aumentó el precio un 9,8%, lo que, según la Sindicatura, "incumple los límites que establece la Ley de contratos del sector público, en el sentido de que durante el primer año de ejecución del contrato no se puede hacer la revisión de los precios".

Además, tras realizar un informe de auditoría se descubrió que "el número de servicios mensuales garantizados en contrato y en consecuencia pagados por el SEM son un 24,84% superiores a los efectivamente realizados por la adjudicataria del servicio". En sus conclusiones, el organismo fiscalizador detalla que "la adjudicación de este servicio se realizó sin dar trámite al procedimiento negociado que prevé el artículo 159.2 del texto refundido de la Ley de contratos de las Administraciones públicas para los contratos de gestión de servicios públicos que requieren ser adjudicados por imperiosa urgencia y, por tanto, contraviniendo el principio de libre concurrencia de la contratación pública. Tampoco se exigió a la empresa adjudicataria del servicio el depósito de la garantía definitiva preceptiva".

Indemnización por incumplimiento de contrato

Pero el informe de la Sindicatura va más allá y afirma que la resolución parcial del contrato entre la Administración y Emergències Plus AIE "no era procedente y, en cambio, era preciso aplicar las medidas previstas en el texto refundido de la ley de contratos en caso de incumplimiento culpable del adjudicatario". En otras palabras, que el SEM debería haber solicitado una indemnización a la empresa, ya que ésta no pudo cumplir su parte del contrato que le fue adjudicado.

Mención aparte merece la adjudicación del transporte sanitario urgente y no urgente, que fue adjudicado en el 2006 por cuatro años a razón de 98 millones anuales. Se repartió la oferta entre 16 lotes, adjudicados a 9 empresas. En julio del 2007, el SEM firmó un convenio con los sindicatos y la patronal de ambulancias para asumir también costes extraordinarios laborales, lo que supuso un sobrecoste de 117,6 millones a repartir entre los cuatro ejercicios del contrato, "un 29% más del precio primitivo del año 2006". Ello hizo subir los importes de cada lote entre el 24 y el 34,2%. Sin embargo, la Sindicatura no se pronuncia sobre el convenio firmado y el aumento del gasto público en este caso.

Más allá de estas anomalías, también se descubrió que, desde 2007 a 2009, el SEM contrató de forma directa un total de 10,7 millones de euros a cinco proveedores por suministros y servicios, "la adjudicación de los cuales habría requerido la convocatoria de procedimientos abiertos de contratación o bien el cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia, según el caso". En definitiva, un cúmulo de circunstancias que dejan en entredicho la gestión de las emergencias durante los últimos años.