La imputación de Chaves en el caso de los falsos EREs depende de las actas de la Junta

La imputación del ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, y del ex consejero de Trabajo, José Antonio Viera, secretario provincial del PSOE en Sevilla, en el caso de los falsos EREs depende del contenido de las actas de los Consejos de Gobierno de la Junta, según aseguran fuentes jurídicas presentes en el caso, que dan por hecho que la jueza Mercedes Alaya adoptará esta medida llegado el momento. Tanto Chaves como Viera, en su condición de presidente y consejero, respectivamente, estuvieron en el origen del acuerdo por el que se traspasó la administración de esos fondos al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), a cuyo frente estaba entonces el ya imputado Antonio Fernández.

La decisión de imputar tanto a Chaves como a Viera está relacionada con la petición de las actas de los Consejos de Gobierno de la Junta, solicitada por la jueza, que ha provocado todo un pulso entre la instructora y el Gobierno de José Antonio Griñán. Tal y como adelantó este diario, la Fiscalía Anticorrupción se opuso ayer a la petición de Alaya de reclamar todas las actas desde 2001, una medida que consideró “desproporcionada” y que afecta a documentos que, según la ley, son “materia reservada”. La posibilidad de ver al ex presidente en sede judicial supuestamente relacionado con un caso tan proceloso como el de los ERE, ha provocado toda una estrategia por parte del PSOE andaluz para demorar en lo posible tales decisiones judiciales.

Las graves consecuencias que se van a derivar para la Junta del caso de los EREs coinciden con la progresiva asfixia a la que se quiere condenar a la juez Alaya. De un lado, está el nombramiento del fiscal delegado en Sevilla de la Fiscalía Anticorrupción, Juan Enrique Egocheaga, que llegó incluso a recusar a la instructora antes de hacerse cargo de su nuevo cometido, cuando la defensa de los implicados en el caso Mercasevilla quiso apartarla del proceso argumentando que su marido había auditado las cuentas de la empresa pública dependiente del Ayuntamiento hispalense. Finalmente, la Audiencia Provincial dio carpetazo a dicha petición.

Por otra parte, el fiscal Egocheaga se ha sumado a los criterios del Gobierno Griñán en los que se cuestiona la petición de las actas de los Consejos de Gobierno a partir del año 2001 por parte de la juez, argumentando que es una medida innecesaria y que Alaya tendría que limitarse a recabar sólo los documentos que pudieran estar relacionados con el caso.

La reciente visita del fiscal jefe Anticorrupción Antonio Salinas, a la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, y la designación de un segundo fiscal de apoyo a Egocheaga, Manuel Fernández Guerra, de Osuna, han aumentado las sospechas y dado pábulo a quienes denuncian que la jueza está sometida a un control político-judicial extraordinario. En este sentido se ha pronunciado, por ejemplo, el líder del PP en Andalucía, Javier Arenas, que ha mostrado su preocupación por el baile de fiscales que se está produciendo en el caso de los EREs, e incluso el líder de IU, Diego Valderas, advirtiendo que los fiscales han de cumplir su cometido sin ataduras del Gobierno.

UGT entra en liza

Otro elemento de esta ofensiva está representado por la UGT de Andalucía, que tiene previsto pedir de nuevo su personación en el caso. UGT ya solicitó esta personación hace meses y le fue desestimada por el juzgado, que advirtió al sindicato que no procedía su presencia como perjudicado y que para sumarse al proceso tendría que hacerlo presentado una querella contra aquellos cuyas actuaciones podrían haber afectado negativamente a sus intereses, es decir, los militantes del sindicato que se han beneficiado presuntamente de los ERE falsos o cobrado comisiones por conseguir la concesión del dinero público.

Y, finalmente, la ofensiva contra la juez Alaya se mantiene en el plano de las declaraciones de políticos que pudieran verse afectados por el caso. El propio Manuel Chaves aseguró recientemente que la instructora se permitía incluir en sus autos manifestaciones poco adecuadas. Chaves se refería a la afirmación de Alaya sobre la cercanía al PSOE de algún medio que dio pábulo a la posible relación de su esposo con la empresa Mercasevilla por haber auditado sus cuentas, insinuando así que su instrucción no podría ser objetiva, argumento en el que se apoyó la petición de recusación de la defensa de los implicados en el caso Mercasevilla, apoyada por el fiscal Egoechea.