Griñán utiliza a los sindicatos para movilizar contra el PP a los trabajadores sujetos a EREs

El Gobierno de Griñán y el propio PSOE-A han convertido el caso de los falsos EREs en un instrumento de presión contra la oposición, que denuncia las presuntas corrupciones que se han detectado, tratando de arrojar a miles de prejubilados contra el PP. Más de 6.000 personas sujetas a expedientes de regulación sufren demoras en los pagos de sus asignaciones. La causa no expresa es la supervisión de los EREs para comprobar irregularidades. Sin embargo, el objetivo pasa por crear un caldo de cultivo contra los denunciantes, el PP, a partir del cual los afectados crean que lo que se pone en tela de juicio es el propio sistema de los expedientes de regulación.

La maniobra se empezó a detectar con motivo de la remisión de cartas a los trabajadores regulados en la provincia de Huelva. Alcaldes socialistas enviaron misivas a mineros prejubilados, advirtiéndoles de que las críticas del PP podían poner en peligro el cobro de las asignaciones por expedientes de regulación de empleo. Todo apuntaba a un claro intento de sembrar la preocupación y el miedo en los ex mineros prejubilados, colocando en el punto de mira las denuncias del PP en Andalucía por los casos de presunta corrupción que ya obran en poder de la juez Mercedes Alaya.

Esta iniciativa de los alcaldes socialistas recibió el apoyo expreso del portavoz del Grupo Socialista en la Cámara andaluza, Mario Jiménez. En todo caso, abundaba en los mensajes emitidos desde instancias socialistas en los que se relacionaban las denuncias sobre los EREs falsos con un supuesto cuestionamiento del sistema que, no obstante, nadie ha puesto en entredicho.

El intento de propagación del miedo en miles de prejubilados encuentra ahora el concurso de las centrales sindicales, que de una manera más sutil quieren movilizar a miles de prejubilados, convocados a una manifestación la próxima semana que puede derivar en una maniobra de rechazo no ya a la Junta sino a la oposición, a quien se considera culpable del bloqueo por su “bronca” en relación con los escándalos de los EREs irregulares.

Asuntos procelosos

La relación de los sindicatos con el caso de los EREs tiene algunos capítulos procelosos. De hecho, ha quedado constatado que tanto CCOO como UGT han cobrado comisiones, normalmente del 1%, por la gestión de algunos expedientes de regulación. Se da el caso incluso de que desde la dirección nacional de CCOO se ha anunciado una investigación sobre determinadas actuaciones de este sindicato en Andalucía, por el cobro de dichas comisiones, de la que la central regional no parece querer saber nada.

No sería la primera vez que CCOO bloquea una investigación de este tipo. Hace dos años, la comisión ejecutiva de la sección de Textil y Química de este sindicato en Málaga denunció presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes de regulación de empleo a liberados de la misma sección sindical en la federación de CCOO de Andalucía con cargo a fondos públicos. La Dirección General de Trabajo de la Junta, a cuyo frente estaba entonces Juan Márquez, sucesor de Javier Guerrero, hoy imputado por lo que él mismo ha calificado de “fondo de reptiles”, se mostró dispuesta a interesarse por el caso y abrir una investigación, de la que no obstante nunca más se supo.

En cambio, los denunciantes de CCOO de Málaga recibieron como respuesta de la dirección regional del sindicato amenazas de expedientes y sanciones imponiéndose así el silencio. Posteriormente, estalló el caso de los EREs irregulares y la aparición de intrusos que cobraban a cuenta del presupuesto público, sobre lo que ni los sindicatos ni la Junta habían querido investigar.