La Generalitat convoca un concurso a la medida de la consultora del gurú de Artur Mas

El gobierno catalán sacará a concurso, en los próximos días, las auditorías de las empresas que componen lo que se conoce como Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que engloba tanto a la televisión autonómica como a la radio pública catalana. Serán 420.000 euros más IVA por los informes de auditoría de tres años, es decir, del 2011 hasta el 2013, según la licitación que ha preparado la dirección económico-financiera del ente. Las ofertas pueden presentarse en las dependencias de la propia CCMA con fecha límite del próximo 9 de septiembre.

Hasta aquí, todo normal. Pero en las cláusulas que se especifican para poder optar a este concurso, los responsables del Gobierno catalán incluyen una que ha dejado sorprendidos a los posibles candidatos: aparte de las normales de informes de instituciones financieras y las cuentas anuales depositadas en el registro mercantil, el potencial adjudicatario ha de presentar una “declaración de cifra de negocios global en el curso de los tres últimos ejercicios que habrá de ser superior a 100 millones de euros anuales”.

Fuentes del sector auditor señalaron a El Confidencial que esta cantidad “es una barbaridad. Da la sensación de que se quiere restringir la concurrencia a este contrato, ya que una cifra tan exagerada de negocio para un contrato de alrededor de medio millón de euros no es normal”.

Otras fuentes consultadas por este diario señalan que “en estos momentos, sólo dos empresas en España podrían acceder a este contrato, ya que las condiciones de facturación que se piden son desmedidas”. Esas dos empresas son Deloitte y PriceWaterhouseCoopers (PwC), que ya han contratado en otras ocasiones con la Generalitat.

Otras dos compañías podrían entrar en este selecto círculo: KPMG y Ernst & Young. Ninguna más podría optar al contrato con la Administración catalana. Sin embargo, las cláusulas que dispone la CCMA detallan que el volumen de negocio solicitado ha de hacer referencia a la empresa (y no al grupo) que quiera hacerse con la concesión. Como grupo, tanto KPMG como Ernst & Young facturan de largo más de 100 millones al año, pero no está tan claro que sus filiales, las empresas que se vayan a encargar de las auditorías, hagan lo propio. 

El tema sorprende más por el hecho de que hace poco más de un mes, la Generalitat adjudicó también el contrato de auditoría de todas sus cuentas, que por su grado de dificultad y por el monto económico era mucho más importante que el de la CCMA, y no introdujo ninguna cláusula que limitase la concurrencia.

Una criba para los ofertantes

En algunos círculos políticos, incluidos los de Convergència i Unió (CiU), sorprende el anuncio de licitación de la auditoría de los medios de comunicación públicos del Gobierno. Y se apunta a que “el pliego de cláusulas administrativas se utiliza para cribar a los posibles ofertantes”. Ahí es donde entran en escena las sospechas y acusaciones. Y es que Deloitte, que se ha hecho recientemente con el contrato para realizar la auditoría de cuentas de la Generalitat por 885.000 euros, acaba de fichar a David Madí, la mano derecha de Mas en los últimos años.

Madí fue el director de la campaña del líder de CiU y abandonó los cargos corporativos en Convergència el pasado mes de diciembre para emprender vuelo en solitario en la empresa privada. Hace poco más de una semana, fue sondeado también por Endesa para que se incorpore a la eléctrica como presidente de su consejo asesor en Cataluña.

Pero con la licitación de la auditoría de la CCMA han saltado las alarmas. Desde círculos profesionales y políticos no se muerden la lengua y comienzan a hablar de favoritismo. “No tiene sentido establecer unas cláusulas tan restrictivas si no es para favorecer a alguien. Y lo que es más extraño, resulta que una de las empresas que puede salir beneficiada es precisamente aquélla en la que está el hombre de confianza de Mas, que por prescripción administrativa ha visto borrada a casi toda su competencia con este anuncio”, indica un profesional del sector a este diario.

Además, señalan fuentes políticas, Madí siempre “había estado muy interesado en la CCMA, ya que desde ella se controla el poder mediático del Gobierno”. Una de estas fuentes detalla incluso a este diario una comida en el selecto restaurante Roig Robí, poco antes de Navidad, entre Madí y un conocido periodista convergente, que había tenido cargos influyentes durante los Gobiernos de Jordi Pujol y que podría aterrizar en el ente público como su máximo directivo. Al final, CiU firmó un pacto con los socialistas para, a cambio de propiciar la investidura de Mas, no tocar la composición de la CCMA si no era de mutuo acuerdo, lo que desbarató los planes convergentes.

PwC, por su parte, se hizo el pasado 19 de julio con el contrato para auditar los Ferrocarriles de la Generalitat y el complejo hotelero Vall de Núria por tres años, en competencia precisamente con Deloitte y cuatro compañías más: Ernst & Young, Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, Mazars Auditores y la UTE de Abante Pich Auditores juntamente con Euroaudit.