La Generalitat hace oídos sordos al TC y reivindica su 'derecho a decidir'

La estrategia del Gobierno catalán de plantear, tras las elecciones generales del 2012, la discusión del derecho del pueblo de Cataluña a decidir no variará a pesar del recurso del Estado contra la Ley de Consultas que había aprobado hace casi un año el Parlamento autonómico. El consejero de Interior, Felip Puig, lo dejó meridianamente claro ayer en declaraciones a la radio pública catalana: “Si este país, democráticamente, está de acuerdo hacia dónde queremos ir, no habrá Tribunal Constitucional ni Constitución que nos pare”. Puig fue extremadamente duro. “Hay una interpretación muy restrictiva de nuestras ambiciones y de nuestra voluntad de radicalidad democrática. Pues bien, ustedes pueden tener razón, señores del Constitucional. He de respetar y acatar la justicia, pero también digo otra cosa: el día que este país se quiera poner en marcha, el Constitucional no nos parará”.

La ley, aprobada sólo con los votos de los integrantes del Tripartito, permitía a la Generalitat convocar “consultas populares”, aunque con el permiso del Gobierno central, pero éste entiende que una cosa son las “consultas populares” y otra los referendos; y éstos sólo pueden ser regulados y convocados por el Estado. La decisión del Constitucional, además, paraliza la aplicación de la ley hasta que se resuelva el recurso.

La vicepresidenta del Gobierno catalán, la democristiana Joana Ortega, lamentó también la actitud “restrictiva y de corto alcance del Gobierno español” por haber interpuesto el recurso y aseguró que la Generalitat “defenderá las leyes aprobadas en el Parlamento autonómico y sus competencias”. Y en este ámbito se encuentra la ley de consultas aprobada, que permitiría a Cataluña regular referéndums, incluido el de la independencia.

Fuentes nacionalistas confirmaron a El Confidencial que la hoja de ruta de Artur Mas no variará a pesar de las decisiones que tome el Constitucional. Y esa hoja de ruta guarda dos temas estrella para el año que viene: el primero es plantear al nuevo Gobierno que salga de las urnas en las legislativas del 2012 un “pacto fiscal”, de características similares al concierto económico del País Vasco y Navarra. Uno de los puntos principales de ese pacto es establecer un tope máximo de solidaridad con el resto de las comunidades: el 4% del PIB catalán, como ocurre en Alemania con los länder. Otro de los puntos es gestionar la recaudación de todos los impuestos de la comunidad para luego dar lo que corresponda al Estado.

El otro tema es comenzar un diálogo para “alcanzar cotas de mayor autogobierno” y que se enmarca dentro de la reivindicación del “derecho a decidir”. Las fuentes consultadas señalan que “Cataluña necesita una mejora autonómica y esos dos temas están relacionados”. El Gobierno catalán, lo mismo que los dos partidos que lo sustentan, Convergència Democràtica y Unió Democràtica, son conscientes de que ahora “no toca” abordar ambas cuestiones, ya que la prioridad es salir de la crisis.

Silencio de los socialistas

Ante el alud de críticas desatadas por la iniciativa gubernamental, los socialistas han decidido guardar un discreto silencio sobre el tema. Algunos de sus rivales, sin embargo, ponen el énfasis de que fue precisamente el PSC el que hizo que se aprobara la ley de consultas en el Parlamento catalán que ahora ha sido recurrida por un Gobierno que controla su partido hermano, el PSOE. Para no añadir más leña al fuego y evitar el desgaste, el PSC no hace oficialmente declaraciones.

Sin embargo, los otros partidos muestran públicamente su posición. Joan Ridao, secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), señaló al respecto que “se veía venir. Pero es incomprensible que una ley aprobada por el Parlamento, que consagra el principio democrático que es el derecho de todo ciudadano a decidir sobre cuestiones de su día a día, que afectan a su cotidianidad, que es respetuosa con la capacidad que tiene el Estado para autorizar este tipo de consultas, finalmente no pueda prosperar”. Los republicanos insisten en que “los marcos legales no son inmutables”.

Enric Millo, portavoz del PP, se declaró satisfecho “de que se cumpla la legalidad vigente. Con esta decisión, se pone de manifiesto la coincidencia de los argumentos empleados por el Tribunal con los argumentos que defendió el PP en el debate de la ley en el Parlamento”. Para Millo, “cualquier ley que se apruebe en el Parlamento ha de estar dentro de la degalidad, es decir, dentro del marco constitucional”. Y pidió al Gobierno de Mas que respete la decisión del TC.

En parecidos términos se manifestó Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. “Los tribunales están enmendando todo el camino que han recorrido los nacionalistas fuera de la Constitución. En Cataluña necesitamos que se deshaga todo ese camino al margen de la Constitucion que el Tripartito y CiU recorrieron de manera irrresponsable durante la legiislatura pasada con el silencio cómplice, hasta ahora, del Gobierno de Zapatero”.