La Fiscalía sólo trabajó dos meses en la investigación de Mercasevilla

No ha actuado la Fiscalía del Estado, ni la Fiscalía Anticorrupción. Y la Fiscalía de Sevilla tan sólo trabajó dos meses en el ‘caso Mercasevilla’, según reconoce la propia fiscal jefe, María José Segarra. La investigación se fijó entre el 16 de febrero y el 24 de abril de 2009, "dos meses y 8 días”, precisa. En su opinión, tiempo suficiente para impulsar la investigación “sin que en momento alguno se haya producido ocultación o dilación interesada”.

Segarra responde a las críticas de la inacción de la Fiscalía en este asunto. La fiscal jefe de Sevilla niega que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, le haya sugerido que no actuara en el ‘caso Mercasevilla’, germen del escándalo de las prejubilaciones falsas y el fondo de reptiles de 700 millones de euros denunciado por un ex alto cargo de la Junta de Andalucía.

El supuesto intento de cobro de comisiones ilegales por parte de los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce a dos empresarios del grupo hostelero 'La Raza', asunto que destapó la trama de sobornos de Mercasevilla, lo investiga la juez de Instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya. Ayer, Alaya finalizó las pesquisas del caso.

En el escrito enviado por Segarra a los medios de comunicación se especifica que el mínimo tiempo utilizado para investigar le sirvió al menos, según su relato de los hechos, para encontrar pistas que han servido para la investigación de los EREs fraudulentos. "Este caso ha surgido casi dos años después del inicio de la investigación", señala.  

Abunda la fiscal jefe en la dificultad de investigar en dos meses “todos los hechos que la laboriosa investigación acometida en estos dos años por el Juzgado, la Policía Judicial y el fiscal adscrito al caso han ido descubriendo" y luego ofrece un dato: fue el 16 de febrero de 2009 cuando la Fiscalía envió un CD con una conversación "que podía constituir la prueba de hechos con trascendencia delictiva".

Una denuncia que detuvo la investigación

Una de las claves que podrían explicar la inacción del equipo de Segarra fue la presentación el 24 de abril de 2009 de una denuncia del Partido Popular de Andalucía ante el Juzgado de Instrucción número 6. “Entonces la Fiscalía tuvo que cesar en las investigaciones por imperativo legal, sin tiempo a adoptar otras diligencias”, destaca la fiscal jefe de Sevilla.

Continúa la defensa de Segarra: el Ministerio Fiscal llegó a reclamar de la Consejería de Empleo el listado de subvenciones otorgadas por dicha Consejería a través de la Delegación Provincial de Sevilla en los últimos cuatro años. Y se acordó citar y oír en declaración a los sospechosos del caso.

Mientras, Javier Arenas continúa intentando explotar el caso Mercasevilla y el de las prejubilaciones falsas en la Junta de Andalucía. Le concede un plazo de 20 días al Gobierno de José Antonio Griñán para entregar documentación en el Parlamento andaluz sobre el escándalo. En el caso de que el Ejecutivo socialista no responda, irá a los tribunales.

Imputado el gerente de Urbanismo de Sevilla

Al cierre de esta edición, la agencia Europa Press informó de que la juez Mercedes Ayala ha emitido un auto en el que imputa al gerente de Urbanismo del Ayuntamiento hispalense, Miguel Ángel Millán, dentro de las diligencias abiertas por la presunta venta irregular de los suelos de Mercasevilla a la compañía filial de Sando 'Sanma Desarrollos Urbanísticos' -que se alzó con la adjudicación a pesar de que en el concurso público concurría una oferta superior por parte del Grupo Noga-, concretamente "por las presuntas irregularidades penales en la concesión a Sanma de la licencia de primera ocupación".