El fiscal Javier Zaragoza se queda en la Audiencia gracias a su amigo Conde Pumpido

A Javier Zaragoza le tocaba renovar como fiscal jefe de la Audiencia Nacional y lo consiguió. Tras cinco años en el cargo, el Consejo Fiscal debía decidir si lo mantenía en el mismo. Estuvo reñido, seis lo apoyaron, otros seis prefirieron a Fernando Sequeros, fiscal en el Tribunal Supremo. Pero la decisión final quedaba en manos del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, su amigo íntimo, persona responsable de manera directa de la elección del cargo.

Zaragoza estaba tranquilo. Sabía que Conde-Pumpido confía en él. La mujer del primero es la mano derecha del segundo en la Fiscalía General. Tienen una estrecha relación desde hace años. Por ahora conserva un puesto en el que se encuentra cómodo, pero no le va a durar mucho. Es consciente que en cuanto el PP entre en el Gobierno, las relaciones se van a complicar e intentarán provocar su cese. Lo mismo que hicieron con su antecesor, Eduardo Fungairiño. Su intención, sin embargo, es permanecer en el puesto hasta su próxima renovación en 2016. Él quiere seguir luchando contra ETA, contra el terrorismo yihadista y contra el crimen organizado transnacional.

Natural de Teruel, de 56 años, sus últimos cinco años se han caracterizado por sus cambios de estrategia en la lucha contra ETA. Más evidente fue en la tregua de 2006 y 2007. En su currículum se quedará la puesta en libertad de José Antonio de Juana Chaos o la retirada de la acusación al ex portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, en un juicio con más espectáculo mediático que jurídico.

Esos asuntos eran claves en la negociación y los solventó como pudo. Zaragoza se quedaba en la sombra. Los que se encargaban de lidiar con tamaños morlacos eran sus fiscales. No le valía cualquiera. Desde el principio, sabía de quién debía rodearse y a quién mantener al margen. Así, se quitó de en medio a aquellos que no compartían su estrategia jurídica para luchar contra la banda terrorista. Enrique Molina, Juan Moral o Ignacio Gordillo son algunos de los fiscales que optaron por irse a la empresa privada después de muchos años luchando contra la organización. Otros, como Jesús Alonso, aguantan en el órgano judicial pero con un perfil bajo.

Todo el peso de las investigaciones lo ha repartido entre sus incondicionales. Vicente González Mota y Carlos Bautista son sus manos derechas. A este último le ha confiado el tema que más preocupa en la Fiscalía, el 'chivatazo' a ETA. Un asunto espinoso para el Gobierno, y especialmente para el vicepresidente y titular del Ministerio del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que debe resolverse de la manera más silenciada posible.

Vioque ordenó asesinarle

Su puesto anterior nada tenía que ver con la lucha antiterrorista. Su especialidad era el tráfico de drogas. Es más, estuvo en Antidroga desde 1988, donde participó en operaciones tan relevantes como la 'Nécora' o contra el clan de los charlines, Sito Miñanco y Laureano Oubiña. Su labor en esta Fiscalía supuso que un abogado de narcotraficantes y condenado por su implicación en una trama, Pablo Vioque, ordenara el asesinato de Zaragoza cuando cumplía condena.

Este fiscal de profesión desde 1982, defiende siempre que puede la independencia de los fiscales y la labor exclusivamente jurídica que realizan, sin directrices ni presiones. Y por supuesto, se quiere ir de la Audiencia Nacional con su objetivo cumplido, que se otorgue al Ministerio Público la potestad para instruir los casos con la supervisión de un juez de garantías. Es decir, dejar todo el peso de las investigaciones en la Fiscalía.