Un preso etarra: “Pido perdón a las víctimas por imperativo legal”

“Que mediante la presente vengo a aportar, por imperativo legal, manifestación expresa de perdón a las víctimas y repudio de la violencia (…) Que cuando me sea concedida la libertad no utilizaré las vías armadas o violentas para defender mis ideas políticas”. Estos párrafos forman parte del escrito que el etarra Ángel Carlos Figueroa Fernández remitió a la Audiencia Nacional para que le concediera un permiso de 12 días por razones humanitarias, que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria le denegó ayer al considerar que su arrepentimiento no es sincero.

Ángel Carlos Figueroa cumple una condena de 30 años en la prisión alavesa de Nanclares de Oca, una de las “cárceles laboratorio” a las que el Ministerio del Interior está enviando a los terroristas que rompen con ETA. La Junta de Tratamiento de la cárcel le considera un preso modelo que cumple con las reglas penitenciarias, que lleva años gravemente enfermo desde 2006 como consecuencia de una “epilepsia temporal derecha de larga evolución (…) que no es controlable en la actualidad con el plan terapéutico seguido y/o los conocimientos actuales” y que, además, tiene un pronóstico de evolución desfavorable.

Con estos antecedentes el centro propuso el pasado julio que le fuera concedido un permiso ordinario de salida, al que se opuso el fiscal y ahora ha denegado el juez, que ha echado mano del diccionario de la Real Academia Española de la lengua para justificar su resolución. El magistrado José Luis Castro sostiene que en los escritos que le ha remitido el recluso no aparece de forma nítida una manifestación de arrepentimiento “claro, tajante e incondicionado” que considera inexcusable.

“El diccionario define arrepentimiento como pesar de haber hecho algo, y arrepentirse como el sentirse disgustado o apenado por algo que ha hecho o se ha dejado de hacer –dice el auto-. Por tanto, el arrepentimiento no puede quedar sometido a condición, ni puede ser impuesto por algún imperativo distinto del propio sentimiento y voluntad de quien lo emite. Si el interno manifiesta un arrepentimiento impuesto por imperativo legal o condicionado a obtener la libertad condicional, es evidente que no es válido, pues no surge libremente de su conciencia, motivo por el que el juzgado considera que no se da uno de los requisitos tratamentales que deben conducir a considerar al reo como reinsertado”.

 Lizarralde: “He causado daño y creado dolor”

El caso contrario al de su compañero en ETA y también de prisión Luis María Lizarralde, a quien el mismo juez concedió ayer la clasificación en segundo grado, que le permitirá salir a diario de la cárcel para realizar distintas actividades. Lizarralde, que cumple también varias penas que totalizan 30 años por su implicación en dos asesinatos, entre otros delitos, lleva privado de libertad 16 años (desde 1994). Su puesta en libertad con beneficios penitenciarios debería haberse producido en noviembre de 2009, pero se prolongará hasta 2022 al haberle sido aplicada la “doctrina Parot”.

El etarra escribió hace un año al director de la cárcel de Burgos, en la que se encontraba entonces, una carta que decía literalmente así: “Creo que ya he dado pasos. Hace varios años que me alejé de la línea de la organización armada, siendo crítico con ella. Hace meses que he roto con la disciplina del colectivo y no participo en las movilizaciones mensuales del mismo de ayunos y encarteladas. He rechazado participar en la actual campaña de luchas. Mi motivo: plantarme y oponerme a la utilización del os presos para justificar la continuación de la lucha (…) Todo esto me está suponiendo un desgaste personal. Algunos compañeros me hacen el vacío aquí como en mi pueblo (Lizarralde ha  disfrutado ya de varios permisos de salida). Sé que tengo que dar pasos y estoy dispuestos a darlos”.

Días después, también en enero de 2010, el etarra volvió a escribir al director del a prisión, en esta ocasión para pedir perdón a las víctimas. “Reconozco que con mi actuar como militante de la organización ETA he causado daño y creado dolor -dice la carta- y por todo ello pido perdón a las víctimas. Renuncio al uso de la violencia para conseguir fines políticos, ya que estos se pueden defender con vías pacíficas, tanto civiles como políticas”. Finalmente, Lizarralde asegura que está dispuesto a hacer frente a la responsabilidad civil a que fue condenado, es decir, a indemnizar a las familias de sus víctimas.

Dos ejemplos de cómo la batalla por el fin definitivo de la violencia y la desaparición de ETA se da también en las cárceles, en las que la banda terrorista tiene en este momento 711 militantes entre España y Francia, según datos de Etxerat, la asociación abertzale de ayuda a los presos.