CiU entrega ayuntamientos a cambio de apoyos a los presupuestos

Convergència i Unió (CiU) tomó este lunes una decisión salomónica: dejar que en dos ciudades donde tiene una patata caliente encima de la mesa las cosas fluyan con naturalidad. En Badalona, tercera urbe de Cataluña, donde el popular Xavier García Albiol ganó por goleada las elecciones sacando once concejales frente a los 9 del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), no interferirá para que la lista más votada sea la que ostente la alcaldía los próximos cuatro años. Y en Tarragona, donde ganó también por goleada el PSC (con 12 concejales, frente a los 7 de CiU, los 7 de PP y un único edil de ICV), otro tanto: son los socialistas los que deben gobernar.

Fue una decisión salomónica que tomó este lunes la dirección convergente. “Por norma general, CiU respetará la lista más votada, porque nadie como nosotros puede entender la legitimidad de ser la lista más votada y después no poder formar gobierno”, dijo el secretario general de Convergència y presidente del grupo parlamentario, Oriol Pujol. Se refería, claro está, a las dos ocasiones en las que Artur Mas fue el candidato más votado y le birlaron la presidencia de la Generalitat para constituir gobiernos tripartitos.

Pero todo tiene sus matices. En realidad, la apuesta de CiU está hecha a medida para las dos alcaldías citadas, donde las listas más votadas podrían perder la alcaldía merced a los pactos postelectorales de sus rivales. Y aquí existen dos importantes cuestiones a tener en cuenta: el PP no aceptaría bajo ningún concepto que su candidato García Albiol se quedase en la oposición, cuando ganó con mucha ventaja. Si CiU se alinea, como en la anterior legislatura, con PSC e ICV, los populares están dispuestos a negarle sus votos para que los convergentes desalojen por primera vez en la historia a los socialistas de la poderosa Diputación de Barcelona. Además, tienen otra baza: podrían también rechazar los presupuestos de la Generalitat para este año, que empezarán a discutirse en el Parlamento autonómico a mediados de este mes.

La carambola de Castelldefels

Por parte de los socialistas, cuyo candidato Josep Fèlix Ballesteros se quedó a las puertas de la mayoría absoluta en Tarragona, la alianza entre PP y CiU sería considerada una auténtica “declaración de guerra”. A CiU, además, le interesa repartir el juego por dos motivos: no quiere visualizar una entente con el PP y, lo más importante, ansía la abstención del PSC en la votación de los presupuestos. Esa abstención significaría la aprobación automática de las cuentas del Gobierno autonómico y un balón de oxígeno para Artur Mas. A esta jugada, se añadiría también la alcaldía de Castelldefels, con otra lista del PP como la más votada. Siguiendo la estrategia salomónica, cumpliría con la condición exigida por los populares de ostentar el poder en Badalona y Castelldefels, dos bastiones socialistas en pleno cinturón rojo de Barcelona. Y así tendría opción a aprobar los presupuestos de la Generalitat con el voto del PP o, al menos, garantizando su abstención.

La decisión, además, es importante después de que el secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Ridao, se desmarcase este lunes de la votación presupuestaria, a pesar de que hasta ahora había dejado la puerta abierta a apoyar las cuentas. A Mas le queda, pues, el voto afirmativo o la abstención del PP y del PSC, aunque este último partido ya se posicionó en contra de los números hace días, especialmente después de que el Gobierno catalán decidiese, en plena coyuntura de recortes presupuestarios, rebajar al máximo el Impuesto de Sucesiones, que sólo afecta al 5% de los catalanes pero que supone ingresos de cientos de millones de euros al año.

Ahora, sin embargo, es Ridao el que afirma que “Mas ha escogido un camino de la mano del PP [que presionó para la rebaja de ese impuesto y que quiere eliminar también el de Donaciones], pactando los ingresos y una regresión fiscal, mientras que en materia de gasto impone un recorte indiscriminado del 10% lineal, que afecta en un 56% a políticas sociales”. Los republicanos afirman que “no somos responsables cuando nos piden un cheque en blanco” y critican la Ley Ómnibus que el Gobierno quiere llevar al Parlamento. Esta ley “es un Frankenstein legislativo de 600 artículos, un intento de desguazar toda la obra hecha por el anterior Gobierno y con el pretexto de racionalizar y simplificar la Administración se impone un modelo ideológico privatizador”. Esta ley dejará sin efecto un centenar de normas aprobadas por el Tripartito en la última legislatura. Y, entre otras cosas, prevé la modificación o anulación de la Ley de Barrios, que obligaba a invertir en zonas deprimidas, privatiza servicios o anula organismos creados por la Generalitat, incluso en la anterior etapa de CiU. En este contexto, ERC apuesta por presentar una enmienda a la totalidad a los presupuestos, lo que implica el no al proyecto de Mas.