CiU cierra otro pacto con el PP para aprobar la ‘ley estrella’ de Mas

Los acuerdos entre Convergència i Unió (CiU) y el Partido Popular (PP) suscritos el pasado viernes y por los que los populares facilitarán la aprobación de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para este año (ver noticia) no son flor de un día. Ambos partidos niegan que el documento que firmaron el Gobierno catalán y los representantes del PP sean unos nuevos Pactos del Majestic, como el que suscribieron en 1996 los entonces máximos líderes de ambas formaciones, José María Aznar y Jordi Pujol.

El acuerdo se circunscribe sólo a la postura del PP respecto a los presupuestos y a temas relacionados con éstos y no con temas de toda la legislatura. En este sentido, reclaman una serie de medidas, esencialmente económicas, a la hora de confeccionar los números. Uno de los puntos de mayor alcance es la “nueva orientación y la gestión de las oficinas de acción exterior de la Generalitat”, es decir, lo que popularmente se conoce como ‘embajadas’ de Cataluña, aunque hay otras como la apertura de líneas de ayuda a autónomos o el mantenimiento, en lo posible, del gasto en servicios de sanidad, educación y bienestar social.

Pero, al margen, los dos partidos negocian a contrarreloj lo que también podría ser un pacto para apoyar las tres leyes en las que, de momento, se ha desgajado la llamada Ley Ómnibus. Este proyecto legislativo, de 631 artículos y 44 disposiciones adicionales, pretendía revocar o modificar más de 80 leyes, preceptos, decretos u organismos de la Generalitat de Cataluña. Es, en definitiva, la ley estrella de Artur Mas en el primer tramo de su mandato como president. Pero englobaba temas tan diversos que su propia tramitación se presentaba casi imposible.

“El Gobierno ha avanzado respecto al primer proyecto presentado. Ha cambiado partes sustanciales de aquel proyecto. Y al final, ha troceado la Ley Ómnibus para que se pueda debatir mejor. Y eso facilita el diálogo”, explica a El Confidencial una fuente del PP.

Dicho y hecho. El pasado lunes día 4 de julio, la vicepresidenta del Gobierno, Joana Ortega, se reunió discretamente con la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, para poner las bases de un nuevo pacto. A la reunión asistieron también, según las mismas fuentes, el portavoz del Gobierno, Francesc Homs, y el portavoz popular en el Parlamento catalán, Enric Millo. En ese momento, los puentes entre ambas formaciones estaban tendidos, ya que el PP había facilitado, con su abstención, la tramitación de los presupuestos del 2011. “No se entró en muchos detalles, por falta de tiempo material, pero quedó patente la voluntad de ambas partes de llegar a entendimientos”, dicen las fuentes consultadas.

Un equipo de trabajo bilateral

Esa primera reunión tuvo su continuación el pasado jueves en otro encuentro celebrado en el Parlamento, aunque en esta ocasión la cumbre trascendió a la prensa, ya que Ortega y Sánchez-Camacho fueron vistas juntas en el bar de la Cámara. Pero en esta última reunión ya hubo una primera decisión: la creación de un equipo de trabajo bilateral entre el Gobierno y el PP para discutir detalles de las leyes en que ha sido troceada la Ley Ómnibus: la Ley de Simplificación, la Ley de Agilidad y Reestructuración Administrativa y la Ley de Promoción de Actividades Económicas. Este equipo estaría, posiblemente coordinado por Francesc Homs, por parte del Gobierno, y por Enric Millo, por parte del Partido Popular, aunque se desconoce todavía quiénes lo integrarán.

Según ha podido conocer este diario, los diputados del PP ya han recibido un encargo prioritario para las próximas semanas: estudiar los textos del Gobierno. El partido repartió entre sus miembros las leyes según la especialidad o responsabilidad parlamentaria de cada diputado con el fin de que puedan aportar cosas o proponer modificaciones.

La colaboración entre CiU y PP, pues, va más allá de un acuerdo puntual para aprobar los presupuestos. Cierto que no existe un pacto formal de legislatura similar al del Majestic de 1996, pero sí una intención de ambos para llevar adelante las reformas de más calado que pretenden los nacionalistas. Y las similitudes de las propuestas económicas facilitan esta estrategia.

Esta frenética actividad entre los dos partidos puede interpretarse también como la voluntad del Gobierno y del PP de garantizar la estabilidad para, como mínimo, la mitad de la legislatura. Pero en la negociación de las tres leyes que Mas quiere llevar al Parlamento antes de fin de año también quiere tener su parte de pastel el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), que ha mantenido algunos contactos “oficiosos” con los dirigentes de CiU. En realidad, el PSC no quiere quedarse “descolgado” de las grandes decisiones de la legislatura. Y tiene un pacto firmado en el mes de diciembre con CiU por el que los convergentes se comprometen a negociar con ellos los grandes temas “de país”. Y como a CiU tampoco le interesa ligarse exclusivamente con el PP, al mismo tiempo que negocia y firma acuerdos con éste, mantiene puentes tendidos hacia los socialistas.

Todo un juego de equilibrios que tiene su razón de ser a medio plazo: el próximo año, el Gobierno catalán sacará del cajón dos temas trascendentales: el concierto económico y el derecho a decidir. Y sabe que ahí puede acabarse la buena relación con el PP, puesto que desde las filas de esta formación no se ve con buenos ojos ni un tema ni el otro. Por tanto, en el caso de que a Artur Mas le falle el soporte de los populares, siempre le puede quedar el apoyo del PSC.