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Carlos Fonseca 15/04/2011 (06:00h)
García Hidalgo, junto al ministro Rubalcaba (Efe).
La identidad del usuario del teléfono móvil 638 328836 es el único fleco del chivatazo a ETA por resolver, después de que el equipo policial que lo investiga desde 2006 entregara el pasado miércoles al juez Pablo Ruz su "Informe final de conclusiones sobre los hechos" tras la práctica de las últimas diligencias ordenadas por el magistrado. Fuentes de la investigación manifestaron fechas atrás a este diario su sospecha de que la persona que utilizó el citado móvil es un dirigente del PSE (la conexión vasca), extremo que no ha podido ser confirmado.
El informe de conclusiones definitivas, que adelantó ayer el diario El Mundo, reafirma todas y cada una de las conclusiones a las que los investigadores ya habían llegado en otros anteriores y que fueron anticipadas por El Confidencial: el chivatazo tuvo por objeto no entorpecer el proceso de diálogo que el Gobierno mantenía con la banda terrorista (su móvil fue político), evitó la detención del dirigente del PNV Gorka Aguirre, e impidió a la Policía tener acceso a importante documentación sobre el aparato de finanzas de la banda.
Los investigadores tampoco tienen dudas sobre sus autores: el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros. Éste se desplazó hasta el bar Faisán de Irún, desde el que actuaba una red de extorsión de ETA, y entregó a su propietario, Joseba Elosua, un teléfono móvil a través del cual Enrique Pamies le alertó de la operación policial en marcha siguiendo órdenes del máximo responsable policial. Los tres están imputados en la causa. El informe incrimina en los hechos a otros dos funcionarios de Policía a los que ya habían señalado como sospechosos: la jefa de la Sección de Análisis de la Brigada de Información de San Sebastián y el comisario responsable de la Brigada de Francia. Ambos han declarado en la causa como testigos.
Un teléfono sin nombre.
El misterioso 638 328836, la incógnita por resolver, corresponde a una tarjeta prepago Movistar que fue activada el 5 de septiembre de 2006, cuatro meses después de la filtración a ETA y en plena investigación de la misma. Ese mismo día Víctor García Hidalgo y Enrique Pamies activaron otras dos tarjetas prepago que utilizaron como teléfonos de seguridad para comunicarse entre ellos (números 638 234497 y 638 324529, respectivamente).
El usuario del 638 328836 utilizó el teléfono exclusivamente para comunicarse con el director de la Policía y el jefe de Policía del País Vasco. Con el primero intercambió dos llamadas a través del 648 177190, el polémico número que los interlocutores del Gobierno con ETA facilitaron a uno de los representantes de la banda para que lo utilizara como “salvoconducto” si tenía algún problema en sus desplazamientos por Francia. Con Pamies cruzó 58 llamadas con su teléfono de seguridad y una duración aproximada de 6 horas. A diferencia de sus interlocutores el usuario anónimo utilizó su móvil de seguridad para comunicarse exclusivamente con los dos mandos antes mencionados, lo que ha impedido su identificación al no haberse comunicado con ningún otro número.
El usuario trabaja en San Sebastián.
La tarjeta Movistar fue adquirida junto al terminal con identificación (IMEI) número 352270013539310, aunque el mismo día de su activación (5 de septiembre de 2006) dicho terminal se utilizó con la tarjeta 636 040464, también sin identificar. En el momento de su activación el teléfono de encontraba en San Sebastián.
El estudio de los posicionamientos (BTS) del 638 328836 durante los días 5, 8 y 14 de septiembre permitió a los investigadores deducir que la persona que lo portaba realizaba su jornada laboral en la capital guipuzcoana y residía en una zona de influencia comprendida por las localidades de Intxaurrondo, Pasajes o Rentería. Fuentes conocedoras de la investigación manifestaron tiempo atrás a este diario la identidad de un dirigente del PSE como presunto usuario del teléfono, pero la misma no ha podido ser confirmada.
Concluida la investigación del equipo policial designado por el juez Ruz éste debe escuchar ahora a las partes personadas en la causa y al fiscal antes de decidir si las nuevas pruebas incorporadas (la más relevante la grabación del inspector José María Ballesteros saliendo del bar Faisán en el tramo horario del chivatazo) son suficientes para procesar a los imputados o, por el contrario, procede el archivo de la causa.
OPINIONES DE LOS LECTORES,
13 COMENTARIOS
13 .- No lo dudo, este gobierno es capaz de convertir a un faisán no sólo en un gorrioncillo desplumado, tambien en un mosquito si es necesario para sus intereses.
12 .- Alabo el voluntarismo de muchos, pero la realidad es más tozuda que una mula, y esta realidad convertirá al faisán en un gorrión desplumado para fiasco de muchos.
11 .- #10 Saludos Lucas. La implicación del Ministerio del Interior ha quedado de manifiesto con la actuación de la Fiscalía, primero pidió el archivo y al no conseguirlo calificó los hechos como revelación de secretos, cuando es un caso claro de colaboración con banda armada.
10 .- #9 joanfg», así es como usted comenta, cualquier operación que no sea en caliente contra ETA ha de dar el VºBº la Delegación del Gobierno de la Comunidad a las FCSE, y previamente esta Delegación ya ha contactado con el Ministerio del Interior, nada se mueve o se hace de ese calibre sin la aprobación, orden o consentimiento del Ministerio de Rubalcaba.
Hubo una época en la que los Jefes de Comandancias y Comisarios , así como los Generales de las Zonas y C. Principales que tenían una autonomía amplia para detenciones y otras operaciones contra ETA en función de los requerimientos que se daban, informando naturalmente al Ministerio, ahora no se mueve una hoja sin que Don Alfredo lo sepa y no se barre si este no lo autoriza. Luego el Faisán fué con consentimiento u orden de este y con el VºBº del mandilón de ZP, por eso de los trapicheos con ETA.
9 .- #7 No Taraza, una operación internacional [entre Francia y España] donde participan la polícía y jueces de ambas fronteras, y que lleva meses preparándose no se desmonta por una decisión policial y más si la anulación de la operación supone la comisión de varios delitos [entre ellos, el de colaboración con banda armada que lleva aparejado penas de cárcel]. Como mínimo tuvo que intervenir el Secretario de Estado y es de sentido común, que tanto Rubalcaba como ZP no estuvieran al tanto.