"El chivatazo fue una orden política cuyo autor es una 'X' cercana a Moncloa o Ferraz"

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo, ha remitido una nota a sus afiliados en la que asegura que el chivatazo a ETA fue “una orden política” tras la que se esconde una X por identificar, y sostiene que hay más posibilidades de que la misma se diera desde La Moncloa o desde Ferraz (sede del PSOE) que desde Castellana 5 (sede del Ministerio del Interior). Este sindicato ha asumido la defensa jurídica del inspector José María Ballesteros, procesado en la causa junto a Víctor García Hidalgo, exdirector general de la Policía, y el jefe superior del País Vasco, Enrique Pamies.

La nota dice que en la investigación “solo hay indicios circunstanciales pero ni una sola prueba objetiva” que permita procesar a Pamies y Ballesteros (no dice nada de García Hidalgo)”. José Manuel Sánchez Fornet, secretario general del SUP, afirma que no tiene ninguna duda de la inocencia de los policías procesados y sostiene que el caso Faisán “es una instrucción viciada y teledirigida desde su origen que parece pretender ocultar a los verdaderos autores del chivatazo, que sí podrían facilitar el nombre del político que está en la X del mismo. Porque de eso no tenemos ninguna duda: hubo chivatazo y fue por orden política”.

La nota interna asegura que no se han investigado a otros policías que aparecen en el video que grabó la presencia de Ballesteros saliendo del Faisán la mañana de los hechos (4 de mayo de 2006) y que, con independencia de que se demuestre que los autores del chivatazo fueron otros y no los procesados (la defensa maneja la hipótesis de que los mismos fueran los policías del equipo investigador) no se les puede imputar un delito de colaboración con banda armada. “Los que lo hicieron cometieron un error, siguieron órdenes políticas y lo hicieron en la creencia de que con ello conseguirían mejores objetivos y más pruebas contra esta rama del entramado de extorsión de ETA, conocida desde hace años y controlada para conocer el recorrido del dinero, pero no para ayudar a los terroristas”.

Cruce de llamadas.

Por su parte, la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional desestimó ayer el recurso de apelación presentado por Enrique Pamies contra la negativa del juez Pablo Ruz a practicar varias pruebas propuestas por la defensa, pero recrimina al magistrado no haber accedido a algunas de ellas  (relativas al tráfico de llamadas de varios teléfonos) que ya no se pueden llevar a cabo por el tiempo transcurrido. El cruce de comunicaciones entre los procesados y el espacio temporal en que se produjeron es una de las pruebas en que el juez sostiene la acusación.

En concreto, la Sala considera que el juez Ruz debió aumentar la franja horaria sometida a investigación. “No cabe duda que, en su momento, haber ampliado la franja horaria de petición de información a las operadoras telefónicas podía haber constituido una diligencia de investigación adecuada y pertinente”, recoge el auto.

El fallo de la Sala dice que igualmente debió pedirse información a las operadoras telefónicas francesa sobre el tráfico de llamadas en los repetidores próximos a la frontera española, “que podría también haber sido pertinente y eficaz para esclarecer los hechos”. Si la Sala no accede ahora a la petición es porque la obligación de conservación de este tipo de datos es de un año desde la fecha en que se produjo la comunicación, y ya han transcurrido más de cinco.