El juez Ruz confía en el equipo investigador y desmonta la estrategia de los acusados

El juez Pablo Ruz abortó este viernes la estrategia de las defensas de los imputados por el chivatazo a ETA para retirar del caso al equipo investigador. En un auto contundente, el magistrado reitera su confianza en el mismo y advierte a un testigo clave de las defensas de haber podido incurrir en un delito de falso testimonio.

La defensa del jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, uno de los imputados, pidió el pasado día 10 al juez que retirara del caso al equipo investigador y lo sustituyera por otro al existir, en su opinión, sospechas fundadas de que sus integrantes fueran los autores del chivatazo. La solicitud se producía dos días después de que el comisario José Cabanillas acusara Carlos Germán, jefe de los investigadores y su subordinado en el momento de los hechos, de haberle propuesto destruir la cinta en la que quedó grabada la filtración.

El juez dice que “no concurre motivo alguno de pérdida de confianza por este instructor en la labor desarrollada por el equipo investigador”, de cuyas pesquisas se ha derivado la imputación del entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; el ya citado Enrique Pamies, y el inspector José María Ballesteros como presuntos autores del chivatazo.

El magistrado califica de “sorpresivo” el testimonio del comisario José Cabanillas, que ha decidido desvelar un hecho clave transcurridos 4 años y 9 meses desde que Carlos Germán le propusiera destruir las cintas, pese a haber tenido ocasión de hacerlo en los dos informes que remitió al juez acusando a su subordinado de la filtración. Pablo Ruz dice que el testigo no ofreció en su comparecencia “una razón lógica o fundada respecto de tal conducta omisiva (…) de un dato tan decisivo (de ser cierto) como que por aquel funcionario se había intentado destruir una evidencia judicial". El juez recuerda que Cabanillas tenía la obligación de haber denunciado los hechos en aquel momento y le advierte de que puede ser castigado por ello, al no perseguir un delito del que tuvo conocimiento.

Falso testimonio

El comisario Cabanillas manifestó también en su declaración que había puesto tal hecho en conocimiento del comisario general de Información, Telesforo Rubio, que citado por el magistrado para que corroborara este extremo negó “de forma expresiva y contundente, hasta en un total de ocho ocasiones” las palabras de Cabanillas. Rubio manifestó al juez que nunca tuvo conocimiento de tal hecho (la propuesta de destruir la grabación) y que de haberlo sabido no hubiera estado “quieto, ni legal, ni profesionalmente”. Pablo Ruz advierte a Cabanillas que su testimonio puede tener “trascendencia penal” en el caso de que haya mentido, y le recuerda que tendrá ocasión de rectificar o retractarse en el juicio oral, momento a partir del cual el tribunal podría deducir testimonio por un presunto delito de falso testimonio.

La falta de solidez del testimonio de Cabanillas lleva al juez a desestimar un careo entre ése y Carlos Germán por no ser “útil ni necesaria a los fines de la investigación”, y advierte que las pruebas que el equipo investigador está realizando permiten avanzar, de forma indiciaria, “en el conocimiento de la existencia del delito investigado y de sus posibles autores”. Fechas atrás, los investigadores aportaron al juez una filmación en la que se ve al inspector José María Ballesteros entrar y salir del Faisán en el tramo horario en el que tuvo lugar el chivatazo.

El auto desestima todas las pruebas planteadas por la acusación popular que ejercen la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ), entre ellas que se tomara declaración al comisario Carlos Germán, que ya lo ha hecho en dos ocasiones. No obstante, el magistrado dice que una vez el equipo investigador haya concluido todas las diligencias que le ha encomentado, sus miembros podrían ser citados “en calidad de testigos” para ratificar las conclusiones de sus investigaciones.

Investigar las filtraciones

En un segundo auto, el juez Ruz acepta la pretensión de la defensa de Enrique Pamies de abrir una investigación sobre las filtraciones a algunos medios de comunicación del contenido de una pieza declarada secreta (nueve folios de la comisión rogatoria de la juez francesa Laurence Levert que hacen referencia a la negociación entre el Gobierno y ETA) por la que están siendo llamados a declarar altos cargos políticos y policiales.
 
Finalmente, un tercer auto, rechaza la pretensión de algunas acusaciones para que el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, preste declaración por el cruce de llamadas que mantuvo con Víctor García Hidalgo la mañana del chivatazo y la noche previa. Llamadas que el equipo investigador consideró no guardaban relación con los hechos y que el juez ha corroborado.