Un juez exonera de racismo al líder antiinmigración del PP de Cataluña

El dirigente del PP Xavier García Albiol, ex jugador del club Joventut de Badalona y candidato del PP a la alcaldía en esta localidad, no ha incitado al odio ni a la xenofobia. Así lo considera un juzgado de Barcelona tras la querella interpuesta por SOS Racisme y la Federación de Asociaciones Gintanas de Cataluña (Fagic) a la que semanas después se sumó ICV. El origen del conflicto estaba en unos folletos repartidos por el PP en Badalona, en abril del año pasado, donde supuestamente se vinculaba inmigración con delincuencia. En ellos, se reproducía, además, una foto -que ya había salido publicada en El Periódico de Cataluña- con el lema No queremos rumanos. Ello provocó que las asociaciones citadas presentasen una querella criminal contra García Albiol por instigar al odio, la discriminación y la violencia entre colectivos.

García Albiol tuvo que ir a declarar ante la fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación el 20 de octubre, adonde le acompañaron la presidenta del partido en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, y el alcaldable popular por Barcelona, Alberto Fernández Díaz. Pero ahora el juzgado lo exonera de toda responsabilidad y archiva la denuncia. “El juzgado considera que lo que había dicho son planteamientos políticos, una mera exposición de ideas”, señala una fuente oficial del PP a El Confidencial, aunque señala que al partido no ha llegado todavía oficialmente el escrito del juez.

Y es que la querella recogía, además de las fotografías que ilustraban el folleto, declaraciones de García Albiol sobre la inmigración, donde cargaba contra algunos grupos marginales de gitanos rumanos dedicados esencialmente a la delincuencia. En declaraciones a algunos medios, el dirigente popular insistía en sus tesis y prometía más seguridad y control de la delincuencia.

Esta estrategia ha permitido a García Albiol convertirse en el elefante blanco de Badalona, el candidato con posibilidades de arrebatar al alcaldía al PSC tras dos décadas de gobierno socialista en la localidad. Con sus mensajes duros contra la inmigración, no sólo se ha hecho un hueco en el electorado de una población que padece un grave problema de convivencia, sino que puede mantener a raya el ascenso de la xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC), que ha ido escalando posiciones en cada cita de comicios locales.

Cuando estalló el caso, el Gobierno de la Generalitat ordenó a sus servicios jurídicos que realizasen un informe sobre los folletos del PP y envió las conclusiones a fiscalía. “Lo que trataban de hacer es presionar y silenciarnos -dice la misma fuente-. Además, hay que tener en cuenta que los folletos se repartieron en el mes de abril del año pasado, pero no se interpone denuncia hasta el otoño, es decir, seis meses después, en plena precampaña de las elecciones autonómicas. ¿Por qué no lo hicieron antes, aunque fuese de allí a un mes de los hechos?. Esto demuestra que aquí había un juego político y que SOS Racisme estaba instrumentalizada”. Máxime teniendo en cuenta que uno de los partidos del Gobierno se sumó a la denuncia el 10 de noviembre, a punto de comenzar la campaña electoral.

El contrato de los inmigrantes

La exoneración de García Albiol coincide con la presentación en el Parlamento catalán, por parte del PP, de una proposición de ley de un Contrato para Inmigrantes en el Parlamento catalán. El texto de esta proposición, que lleva fecha de 8 de marzo, explica que en estos momentos hay en Cataluña 1,2 millones de inmigrantes, un 16,4% del total de la población y que “muchos barrios de muchas ciudades catalanas han visto transformado su perfil demográfico, económico, cultural y las relaciones sociales que había al recibir un flujo migratorio tan grande”. Señala también en la exposición de motivos que, mientras que en algunos lugares no ha habido problemas, en otros este flujo provocó problemas de convivencia.

Por ello, el PP pide que los recién llegados firmen un contrato con la Administración “en virtud del cual se comprometan a su plena integración en la sociedad, respetando los valores cívicos de convivencia básicos de la sociedad europea, incluida la igualdad entre hombres y mujeres, a cumplir la legislación vigente y a tener un conocimiento suficiente de las lenguas oficiales en Cataluña”. En otro punto, les obliga a la escolarización de los hijos.

El contrato también especifica que los inmigrantes “han de retornar a su país si por espacio de un tiempo no tiene puesto de trabajo ni medios de subsistencia”. Y detalla que los ayuntamientos “han de emitir un certificado de convivencia y civismo que garanticen que el extranjero cumple con las normas básicas de convivencia y respeto cívico”.