La oposición ataca los pactos entre bambalinas de PSC y CiU: “Blindan la partitocracia”

Convergència i Unió (CiU) y el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) cada día acercan más sus posiciones. Aunque se ataquen en público, negocian en privado. Niegan entenderse, pero cierran acuerdos en los despachos. Están lejos de un acuerdo global de legislatura, pero ambos tienen intereses particulares en esta estrategia: los convergentes optan a librarse del sambenito de cerrar pactos únicamente con el PP; los socialistas, por su parte, tienen como prioridad proyectar la imagen de partido que facilita la gobernabilidad y que está dispuesto a participar en la alta política.

Ambas formaciones iniciaron la legislatura con buena predisposición. Días antes de Navidad, firmaron un documento por el que establecían un pacto según el cual Artur Mas se comprometía, entre otras cosas, a preservar el modelo sanitario y el modelo educativo; crear el Consejo Asesor de Políticas Sociales y de Familia; asegurar las plantillas de maestros, policías, médicos y personal sanitario; asegurar la presencia de la oposición en los mecanismos bilaterales de negociación entre Estado y Generalitat; simplificar los trámites administrativos para la creación de actividad económica; iniciar la tramitación de la Ley de Finanzas Locales; impulsar el Área Metropolitana de Barcelona; llegar a acuerdos para una Ley Electoral de Cataluña y no reformar los medios de comunicación públicos sin consenso entre las dos fuerzas. Días después, la abstención del PSC facilitó la investidura de Mas como presidente de la Generalitat.

En las últimas semanas, el Gobierno también había preparado un gran compendio legislativo, conocido como Ley Ómnibus, con 631 artículos y 44 disposiciones adicionales, que derogaba casi un centenar de normas, leyes, decretos u organismos creados hasta el momento. Las presiones de PSC, PP y ERC acabaron por hacer recapacitar al Gobierno, que ayer aprobó este paquete de medidas pero dividido en tres partes: la Ley de Simplificación, la Ley de Agilidad y Reestructuración Administrativa y la Ley de Promoción de Actividades Económicas.

Mas también transigió en no incluir dentro de estas leyes la reforma de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (que controla TV3 y Catalunya Ràdio) ni los temas referentes a urbanismo, tal y como le había pedido el PSC, materias que serán legisladas aparte. Además, introdujo sustanciales modificaciones en el proyecto inicial de la Ley Ómnibus. Un ejemplo: especifica que, aunque se exija un mínimo de residencia de seis meses en Cataluña para tener derecho a las prestaciones sanitarias, esta medida (duramente criticada por la oposición y, especialmente, por el PSC), trata sólo de poner freno a lo que se llama turismo sanitario.

Pero la entente entre los dos partidos va más allá: ambos tienen ya muy avanzadas las conversaciones para llevar al Parlamento una nueva Ley Electoral. Este hecho levanta airadas críticas entre los demás partidos, que sospechan que las dos formaciones mayoritarias van a aplicar el rodillo para hacerla aprobar a su conveniencia.

“Por lo que se ve, el gran acuerdo no es con el PP, sino con los socialistas. Además, hay que recordar que CiU acaba de votar a favor de Zapatero en el Congreso el tema de la reforma laboral”, señala una fuente de la dirección popular a El Confidencial. Pero desde las filas socialistas se contraataca diciendo que “es lógico que los dos partidos mayoritarios se pongan de acuerdo en las líneas generales si queremos que el tema salga adelante. Después, ya se discutirá en el Parlamento y cada uno podrá presentar sus enmiendas. Pero han de estar tranquilos, ya que no permitiremos que la normativa reste representatividad a partidos o a territorios”.

Críticas de los ex socios

La portavoz de ICV, Dolors Camats, arremetió también ayer contra sus hasta hace poco socios, PSC y ERC, especialmente por transigir con la Ley Ómnibus. Los ecosocialistas consideran que tratar de derogar casi un centenar de disposiciones en sólo tres leyes es “coartar el debate, el diálogo social y la negociación parlamentaria”. Y avisó que su articulado puede vulnerar normas comunitarias, ya que carecen del principio de homogeneidad.

Es más: desde ICV se cree que algunos de los artículos de las tres leyes que el Gobierno aprobó ayer “se han escrito en despachos privados y lo que tratan es de beneficiar determinados intereses privados”. Y, al hilo de esta tesis, la tramitación parlamentaria haría casi inviable discutir todos y cada uno de los detalles que contienen los tres proyectos que ha elaborado el Gobierno de Artur Mas.

Camats se refirió también a la ley electoral. En este sentido, hoy presentará una moción en la que reclama una Ley Electoral más abierta, al mismo tiempo que pide un pacto anticorrupción de todos los partidos parlamentarios. En el texto, se incluye la posibilidad de convocar referéndums que permitan derogar leyes.

Incluso desde Esquerra Republicana se ven “demasiadas” coincidencias entre CiU y PSC. Los ex socios de los socialistas no se recatan en alertar sobre la entente cordiale de las dos formaciones mayoritarias en temas como la Ley Electoral y otras cuestiones, como el nombramiento del nuevo director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), que resultó fallido esta semana. “CiU era reacia, desde un principio, a la creación de la Oficina. Y a los socialistas se la tuvimos que meter con cuchara. Ahora, hace seis meses que este organismo está sin director y parece que nadie tiene prisa por nombrar un sustituto. Pero puede ser que, aunque el tema se pactará con el PP, también se tendrá en cuenta la opinión del PSC para proponer un nombre”, dicen fuentes republicanas a este diario.

Desde Ciudadanos, las críticas también son duras. Pero mientras el presidente de esta formación, Albert Rivera, denuncia que la exclusión de la reforma de los medios de comunicación públicos quedan fuera de la Ley Ómnibus por un “pacto” entre el Gobierno y ERC”, su portavoz, Jordi Cañas, arremete contra la Ley Electoral que pactan los dos principales partidos. Cañas asegura que lo que intentan ambos es “blindar la partitocracia que ha venido asfixiando la democracia real”. Y advierte que el modelo que intentan implantar restará representatividad a las organizaciones pequeñas al mismo tiempo que reclama un sistema con listas abiertas.

En resumen: todos los grupos ven con recelo los acercamientos continuos entre CiU y PSC. Desde estas formaciones, se niega que haya una sociovergencia de facto, pero las relaciones entre ambos son más fluidas que nunca.