La oposición pone a Artur Mas en la diana del escándalo del Palau de la Música

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, se ha situado ya en el punto de mira de toda la oposición por el escándalo del Palau de la Música, en el que el juez ha imputado recientemente a Daniel Osàcar, hasta hace dos meses tesorero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y de la Fundación Trias Fargas, vinculada a este partido. El presidente de Iniciativa per Catalunya (ICV), Joan Herrera, pedirá su comparecencia para que dé explicaciones de esta imputación (Osàcar, además, había sido el secretario particular de Mas hasta el 2005).

Hay tres actuaciones que pueden pasar factura al presidente catalán: la primera es hacer que los servicios jurídicos de la Generalitat, sin comunicarlo a ninguna de las otras administraciones que forman el Consorcio (el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Justicia), decidiesen de buenas a primeras desdecirse y, quince días después de tomar posesión, solicitar al juez que no tuviese en cuenta su anterior petición de apoyar las tesis de la Fiscalía y no pedir la imputación de dos altos cargos de Convergència, el partido de Mas. La segunda es el impedimento de que compareciese el secretario del Gobierno, Germà Gordó, a dar explicaciones en la Comisión de Justicia del Parlamento por esa actuación. Y la tercera es que uno de los altos cargos acusados por la Fiscalía ha sido durante muchos años su secretario personal, además de responsable de las finanzas del partido. Y ese alto cargo ha sido, finalmente, imputado por el juez.

El jefe del ejecutivo catalán fue duramente criticado por la oposición durante la sesión de control parlamentario que tuvo lugar ayer por la mañana. Los líderes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y de Ciudadanos (C’s), Joan Puigcercós y Albert Rivera respectivamente, fueron los más beligerantes. “Esto se está convirtiendo en una pesadilla para ustedes”, le advirtió Puigcercós. Rivera, por su parte, subrayó que “es un caso muy grave. Estamos hablando de posibles comisiones ilegales en obra pública, de financiación irregular”. Ambos le reprocharon también que una de sus primeras medidas cuando llegó a presidente de la Generalitat fue hacer que el Consorcio del Palau retirase su apoyo a las tesis de la Fiscalía y no pidiese la imputación de los altos cargos de CDC.

El presidente de la Generalitat negó reiteradamente que del Gobierno hubiese salido alguna orden de no acusar a nadie por la detracción de dinero hacia las arcas de la Fundación Trias Fargas, subrayando también que él es el primer interesado en que se sepa toda la verdad: “No hubo ninguna orden en este sentido. Sólo fue una decisión desde el punto de vista estrictamente técnico y en el ámbito estrictamente jurídico”. Y además subrayó que “al mismo tiempo que no se pedía la imputación, sí se pedía que se abriese una causa separada en el tema del caso Palau. Si hubiese intención de esconder cosas, no se habría pedido una causa separada. Es del género tonto plantearlo de esta manera”.

Pero ésa era una verdad a medias. En realidad, los servicios jurídicos de la Generalitat pidieron el lunes día 17 de enero no imputar a los dos altos cargos de CDC ni abrir causa separada. Tan inconsistente e incongruente era la petición que un día más tarde dirigieron otro escrito al magistrado en el que señalaban que, en caso de que se abriese pieza separada (como así hizo el juez días después), no se imputase a nadie. Pero jamás pidieron la apertura de causa separada para investigar el flujo de dinero desde Ferrovial hacia el Palau de la Música y de éste hacia la Fundación Trias Fargas y, por ende, hacia CDC.

El segundo frente contra el Gobierno

La andanada contra el Gobierno, sin embargo, tiene otro frente: CiU rechazó la pasada semana la comparecencia ante la Comisión de Asuntos Interdepartamentales del secretario del Gobierno, Germà Gordó, para que explicase el asunto. Pero en la próxima reunión, aún sin fecha, de la Comisión de Justicia, se volverá a pedir. Y seguramente se aprobará la comparecencia: en la última, CiU contó con la impagable ayuda de su ex dirigente, este viernes en el subgrupo de Solidaritat Catalana per la Independència (SI) Alfons López Tena. Pero en la Comisión de Justicia ya no está el ex notario, sino que el representante del grupo mixto pertenece a Ciudadanos. Y éste votará a favor de la oposición. “Ustedes blindaron que Germà Gordó no viniese a explicarlo en la comisión de Justicia. Pero no se preocupe, porque vendrá a la de Justicia. Ciudadanos dará apoyo para que se sepa no sólo la verdad técnica, sino la política”, espetó Rivera a Artur Mas en el Parlamento. Incluso la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, se refirió al tema: “Dé usted apoyo a la comparecencia de Germà Gordó para explicar el caso Palau. Y dé también apoyo a las comparecencias que ha pedido el PP por la corrupción en Gisa”, le pidió la líder popular. Y el presidente del grupo socialista, Joaquim Nadal, también le recordó que el PSC “ha pedido que comparezca Gordó”, pero fue más críptico cuando, a continuación, le dio un voto de confianza: “Y le creo cuando dice que quiere llegar hasta las últimas consecuencias”.

Con la petición que hará ICV, pues, el Gobierno tiene ahora dos patatas calientes encima de la mesa: ya no es sólo el secretario del Gobierno el que ha de presentarse a rendir cuentas en sede parlamentaria, sino el propio presidente de la Generalitat. Sin embargo, la demanda de Herrera ha de salvar un importante obstáculo: necesita la aprobación de la junta de portavoces, que se reunirá la próxima semana.

El líder ecosocialista quiere ponérselo fácil para que ponga los mínimos impedimentos: “Ya que el presidente de la Generalitat está dispuesto a dar explicaciones, que CiU se sume a la petición”. Además, está abierto a aceptar el formato que Mas prefiera para dicha comparecencia. Pero habrá que esperar a la reacción de CiU e incluso de parte de la oposición. Los convergentes se aferran a la idea de que “Mas ya quiso ir a declarar en la comisión de investigación parlamentaria que se creó en la pasada legislatura y no le dejaron. No tendría sentido que ahora sí se le pida ir porque es el presidente de la Generalitat. Esto suena a montaje político”, arguye una fuente interna de Convergència a este diario. Sin embargo, también es cierto que, entonces, la Generalitat no había maniobrado para que el Palau no acusase a los cargos de CDC ni estaba imputado el tesorero del partido. La decisión que se tome, pues, será estrictamente política.