La Justicia investiga a 14 empresas por soborno y por alterar subastas públicas en Cataluña

Un total de 14 empresas están siendo investigadas en Cataluña bajo la sospecha de soborno y alteración de precios de concursos y subastas públicas, según informaron fuentes solventes a El Confidencial. La investigación, dirigida por el juzgado de instrucción número 5 de Barcelona, ya ha dado como fruto la detención, de momento, de media docena de personas. Dos de ellas están ya imputadas y fueron dejadas en libertad provisional: el jefe de carreteras de la empresa pública GISA en Gerona, Jordi Vergès, y el consejero delegado solidario de la constructora Rubau Tarrés, Juan Mozo.

Entre las empresas investigadas se encuentran algunas de las grandes constructoras que han recibido numerosas adjudicaciones de obra pública de la Generalitat de Cataluña, como Construcciones Rubau, Copisa Constructora Pirenaica o Servià Cantó. Curiosamente, Mozo, además de consejero delegado de Rubau Tarrés, es también apoderado en Servià Cantó, cuya presidencia la detenta otra de las grandes constructoras: FCC Construcción.

Copisa, por su parte, está controlada por Josep Cornadó, un experimentado empresario que recientemente ha introducido cambios en su holding. La presidencia de la sociedad, por ejemplo, recae ahora en una empresa denominada Argos Deu, creada el 6 de abril del 2010 con 3.012 euros de capital social y cuya administradora única es Anna Cornadó. La famillia Cornadó también controla la compañía Asfaltec 2004, que es otra de las firmas investigadas por el juzgado. Durante un tiempo, Asfaltec tuvo el mismo domicilio que otra de las empresas bajo sospecha: Firtec. Esta compañía tiene como socio único a Cinoc SA y ésta, a su vez, está administrada por Acsa Obras e Infraestructuras. Detrás de todas ellas aparecen Eduardo Nadal y Joan Castells.

Otra gran familia de Gerona aparece implicada en la trama. Se trata de la familia Fusté, varias de cuyas empresas están siendo investigadas. La principal de ellas, Grup Fusté Cassà SL, creada el 11 de noviembre del 2009. El holding de esta familia también acoge bajo su manto a otras empresas sospechosas: Prefabricats Vibrats (cuyo socio único es Grup Fusté Cassà), Formigons Cassà, Fusté Inversions y Girona-Cassà Central. El juzgado también investiga a Edifici Espriu SL, propiedad de la familia pero que está en liquidación desde el año 2005. Los investigadores también tienen bajo su lupa a la compañía Romero Gamero SL, propiedad de la familia del mismo nombre.

Más de 20 años de funcionario

Fuentes solventes indicaron a este diario que el origen de la trama está en el tráfico de información privilegiada “para hacerse con determinadas adjudicaciones de obra pública sacándose de encima a la competencia”. Los datos eran facilitados desde la Administración, presumiblemente por Jordi Vergès. Este directivo, según fuentes consultadas por este diario, “era uno de los 15 gerentes que tiene GISA”. Proviniente de la dirección general de Carreteras, recaló en la empresa pública hace tiempo. “Lleva más de veinte años de funcionario, por lo que conocía el negocio perfectamente”, dice una de las fuentes consultadas.

La investigación se inició a partir de las pesquisas que llevaba el mismo juzgado sobre un presunto fraude fiscal en las obras del dique Este del puerto de Barcelona. La adjudicación se había realizado por 197 millones de euros en el año 2001 a cuatro grandes constructoras: Copisa, Construcciones Rubau, FCC Construcción y Ferrovial-Agroman. Cuando el Tripartito llegó al poder, las compañías intentaron cobrar 40 millones más para la construcción de la plataforma, aduciendo que sólo habían licitado la construcción de la barrera del dique, pero no el relleno del mismo. El Puerto, evidentemente, se negó a abonar más dinero. Paralelamente, Hacienda detectó en una inspección que podía haber facturas falsas. “Con el material que aseguraban las constructoras haber comprado, se podrían haber construido varios diques más. Era imposible que hubieran utilizado todo el hormigón que decían”, señala a El Confidencial una fuente conocedora del episodio. Ahí comenzó una investigación que acabó en una querella de la fiscalía por un presunto fraude de 40,7 millones de euros.

En el curso de la investigación, algunas de las conversaciones intervenidas hacían referencia a la adjudicación de obras en la demarcación de Gerona que podían ser irregulares. El juzgado abrió otras diligencias y comenzó a tirar del hilo hasta que esta semana se decidió a detener a varios de los implicados. “El jueves a mediodía, el fiscal y la Guardia Civil se personaron en la sede de GISA y pidieron determinada documentación. Sabían muy bien lo que querían, porque dieron detalles de los papeles y de las empresas que les interesaban”, señalaron fuentes del Departamento de Economía (del que depende dicha empresa pública) a este diario.