Cataluña debate la próxima semana si aplaza la abolición de las corridas de toros

El Parlamento catalán debatirá la próxima semana en su pleno dos proposiciones de ley sobre los toros, que oficialmente estarán prohibidos en esta comunidad desde el 1 de enero de 2012. Los textos entraron ayer en la Mesa de la Cámara legislativa y serán debatidos, casi con total seguridad, el próximo día 6 de julio, casi un año después de aprobarse el texto que prohibe la Fiesta en tierras catalanas.

La primera proposición es del Partido Popular (PP), que pide una moratoria en esta prohibición para que entre en vigor el 1 de enero de 2015. “Nosotros ya tenemos presentado un recurso al Tribunal Constitucional, porque creemos que esta ley es inconstitucional y muy transversal ya que afecta no sólo a cuestiones económicas, sino a culturales y de protección de los animales”, señala a El Confidencial el diputado del PP Rafael Luna, que llevó el peso del debate a favor de las corridas.

En el texto de la proposición de ley se señala que “algunas valoraciones realizadas para calcular el impacto de la aprobación de la ley han cuantificado que las pérdidas pueden llegar a entre 300 y 450 millones de euros, teniendo en cuenta el daño emergente a los bienes inmuebles y otros elementos de la actividad y el lucro cesante”. Luna aclara que “con una crisis galopante como la que sufrimos, en una época de recortes, cuando se están cerrando plantas de hospitales y quirófanos, ¿nos vamos a permitir el lujo de tener que indemnizar por estas cuestiones?”. Y recuerda que “nosotros hemos apoyado los presupuestos para este año, que no contemplan ninguna partida destinada a estas indemnizaciones porque todavía no toca. Sólo presionamos para mejorar las prestaciones sociales y moderar los impuestos, pero el año que viene habría que prever los pagos por daño a bienes inmuebles y lucro cesante”.

El texto de la proposición recuerda, en este sentido, que “las indemnizaciones a las que da derecho la disposición adicional primera serán millonarias, ya que hay importantes intereses y derechos a resarcir por la prohibición de las corridas de toros en Cataluña. Unas compensaciones que se habrán de hacer efectivas lo más pronto posible,aunque la complicada situación en que se encuentran las finanzas de la administración de la Generalitat a día de hoy lo hace inviable”.

Ciudadanos (C’s), por su parte, presentó una proposición de derogación de la ley aprobada por el Parlamento catalán el 28 de julio del año pasado. Los dirigentes de C’s contactaron hace semanas con el PP para intentar que las dos formaciones defendiesen conjuntamente sus respectivas proposiciones de ley. Pero ello no fue posible porque desde las filas populares se considera que “son cosas muy diferentes. La derogación de la ley está condenada al fracaso y es un debate estéril. Una proposición de estas características no va a ninguna parte”.

Vender hospitales para pagar la fiesta

El propio presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se refirió ayer al tema con duras críticas al presidente de la Generalitat, Artur Mas. Esta formación advierte que la Generalitat piensa vender las sedes del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y de los hospitales públicos Vall d’Hebron, Bellvitge, Josep Trueta, Can Ruti, Arnau de Vilanova, Viladecans, Juan XXIII y Verge de la Cinta de Tortosa, con lo que piensa recaudar 300 millones de euros.

“Esta cifra le servirá al Gobierno para pagar las indemnizaciones de la prohibición de las corridas, ya que se calcula que la cifra a pagar es de unos 450 millones de euros. Todos hemos pagado estos hospitales para que después sirvan para pagar la Fiesta y la factura del propietario de la plaza Monumental, Pedro Balañá, por el capricho de los nacionalistas”. Rivera acusó a Mas de actuar “inmoralmente” y defendió la proposición de su partido porque “si no prohibimos, no indemnizamos”. Y aprovechó para destacar que “en la Ley del tabaco no hay indemnizaciones ni a hosteleros ni a autónomos ni a comerciantes. Lo pagan ellos de su bolsillo”.

También destacó Rivera que la proposición del PP que pide una moratoria significa sólo aplazar el pago de las indemnizaciones. “Con la propuesta de Ciudadanos, no deberemos pagar ni hoy ni ni mañana, pero la propuesta del PP lo que hace es alargar la situación para acabar pagando igualmente”. Pero en realidad, la estrategia del Partido Popular tiene más de una lectura. Cierto que los principales motivos por los que se pide la moratoria son económicos y las arcas de la Generalitat no están como para tirar el dinero. Pero de concederse la moratoria, podría darse la circunstancia de que el Tribunal Constitucional emitiese constancia antes de la entrada en vigor de la ley aprobada el año pasado. Y si esa sentencia es favorable al recurso de inconstitucionalidad, el tema estaría resuelto y podrían seguir celebrándose corridas de toros en la comunidad. De lo contrario, sólo se habría aplazado un tiempo la abolición y se habría capeado la crisis mientras tanto.

Pero hay otra circunstancia nada desdeñable: el Congreso de los Diputados podría debatir una iniciativa legislativa popular (ILP) durante los próximos tres años con el fin de declarar la fiesta de los toros de interés nacional. En ese caso, Cataluña tendría que adaptar su normativa a la legislación nacional y no tendría más remedio que adaptarla permitiendo la Fiesta. En ese caso, siempre y cuando fuese antes del 2015, la Generalitat tampoco tendría que resarcir ninguna indemnización a los promotores taurinos.

La decisión estará en el próximo pleno parlamentario. CiU y PSC ya dieron libertad de voto a sus diputados en la aprobación de la ley de julio del 2010. En esta ocasión, sin embargo, lo que se discute es una proposición de ley de partidos concretos y sobre un texto ya aprobado por la cámara. De momento, ninguna de las dos formaciones mayoritarias tiene todavía decidido qué hará, aunque posiblemente se decanten por la misma fórmula de libertad de voto, por lo que el resultado, presumiblemente, no variará y la abolición se hará efectiva el próximo 1 de enero, tal y como se preveía en el texto legislativo.